ORIAN BRITO PEÑA| EL UNIVERSAL
sábado 8 de junio de 2013 12:00 AM
La capacidad de asombro se pierde nuevamente de vista frente a las recientes declaraciones de la rectora del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández, quien restó importancia a una grave denuncia presentada por el diario El Universal, del pasado domingo 2 de junio, en un trabajo realizado por el periodista Eugenio Martínez, que señala que "a persar de la negativa del CNE a permitir la revisión exhaustiva de los cuadernos de votación, el cruce de bases de datos de fallecidos del Instituto Nacional de Estadísticas contra los resultados electorales por mesa de votación, permite identificar casos concretos de usurpación de identidad de ciudadanos fallecidos. ...".
Para conocer la magnitud de la anomalía sería preciso tener acceso tanto a los cuadernos como al reporte del Sistema de Autenticación Integrado, los cuales están en control absoluto del ente electoral. El trabajo periodístico indica que según proyecciones "en el padrón electoral deben existir 210 mil difuntos que están aún activos para votar". La semana pasada el rector Vicente Díaz, solicitó activar una revisión de los cuadernos de votación para constatar si los difuntos aparecen firmando el cuaderno, pero sorpresivamente fue negada la petición.
Para la rectora Hernández, no debería ser escándalo o titular de prensa que existan casos donde los fallecidos voten, olvidando que para un proceso electoral que se confirme un difunto como elector resulta grave no solo por el delito de usurpación de funciones, el cual tiene que ser investigado, sino que a su vez le resta credibilidad a un sistema electoral que intentan vender como "blindado".
Los representantes de los poderes públicos, se atreven a indicar qué debe ser o no titular de prensa, pero nadie puede señalarles inconcistencias o denunciar fallas en sus funciones porque la respuesta siempre es la descalificación y el cinismo. ¿Serán capaces de sugerir un inicio de campaña electoral o establecer una circunscripción en el Cementerio General del Sur?
El vista de que es posible la existencia del delito, es vital que cada ciudadano que tenga familiares fallecidos revise si los mismos se encuentran activos en el Registro Electoral, para solicitar el retiro del sistema. Nada puede ser más preocupante que cuando un funcionario público resta impotencia o minimiza lo insólito e inaceptable.
El 8 de diciembre nuevamente habrá un proceso electoral, en esta oportunidad para elegir alcaldes y aunque estas denuncias causan desconfianza, es mediante la máxima participación la oportunidad para determinar las irregularidades, pero que no deberían quedar en simples alarmas, las instituciones deben estar al servicio de los ciudadanos para poder exigir respeto. Ya ni los difuntos pueden estar en paz, si no son víctimas de la profanación, pueden sufrir usurpación de identidad y votar. Cuando se creía que el cementerio descrito en la canción de la agrupación española Mecano era una locura, aparecen sucesos mucho más increíbles. ¿Qué más faltará por ver?
Para conocer la magnitud de la anomalía sería preciso tener acceso tanto a los cuadernos como al reporte del Sistema de Autenticación Integrado, los cuales están en control absoluto del ente electoral. El trabajo periodístico indica que según proyecciones "en el padrón electoral deben existir 210 mil difuntos que están aún activos para votar". La semana pasada el rector Vicente Díaz, solicitó activar una revisión de los cuadernos de votación para constatar si los difuntos aparecen firmando el cuaderno, pero sorpresivamente fue negada la petición.
Para la rectora Hernández, no debería ser escándalo o titular de prensa que existan casos donde los fallecidos voten, olvidando que para un proceso electoral que se confirme un difunto como elector resulta grave no solo por el delito de usurpación de funciones, el cual tiene que ser investigado, sino que a su vez le resta credibilidad a un sistema electoral que intentan vender como "blindado".
Los representantes de los poderes públicos, se atreven a indicar qué debe ser o no titular de prensa, pero nadie puede señalarles inconcistencias o denunciar fallas en sus funciones porque la respuesta siempre es la descalificación y el cinismo. ¿Serán capaces de sugerir un inicio de campaña electoral o establecer una circunscripción en el Cementerio General del Sur?
El vista de que es posible la existencia del delito, es vital que cada ciudadano que tenga familiares fallecidos revise si los mismos se encuentran activos en el Registro Electoral, para solicitar el retiro del sistema. Nada puede ser más preocupante que cuando un funcionario público resta impotencia o minimiza lo insólito e inaceptable.
El 8 de diciembre nuevamente habrá un proceso electoral, en esta oportunidad para elegir alcaldes y aunque estas denuncias causan desconfianza, es mediante la máxima participación la oportunidad para determinar las irregularidades, pero que no deberían quedar en simples alarmas, las instituciones deben estar al servicio de los ciudadanos para poder exigir respeto. Ya ni los difuntos pueden estar en paz, si no son víctimas de la profanación, pueden sufrir usurpación de identidad y votar. Cuando se creía que el cementerio descrito en la canción de la agrupación española Mecano era una locura, aparecen sucesos mucho más increíbles. ¿Qué más faltará por ver?
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