ANGEL OROPEZA| EL UNIVERSAL
miércoles 19 de junio de 2013 12:00 AM
Un estudio sobre el perfil del líder político ideal para los venezolanos, realizado en la Escuela de Psicología de la UCAB hace un par de años, reveló que dos de las características más preciadas por nuestra población en un líder son la coherencia y la responsabilidad. Coherencia, que se asocia con integridad y consistencia tanto en conductas como en principios, y responsabilidad, que se relaciona por igual con asumir la consecuencia de sus actos y con la adopción de soluciones para enfrentar los problemas.
Los venezolanos estiman en alto grado la coherencia en un líder. No es coherente, por ejemplo, ser fiel seguidor de la secta de Sathya Sai Baba e ir a pedirle bendiciones al Papa, por razones de urgencia en conseguir legitimidad, la cual –por cierto– sólo da el pueblo. O anunciar el día de las elecciones que se está de acuerdo con una auditoria integral del proceso, y luego correr a desmentirse porque el resultado de esa auditoría hubiera arrojado otro desenlace electoral.
Algunas personas han preguntado –unas de buena fe, y otras con inocultables segundas intenciones políticas– si no constituye una incoherencia por parte del líder de la oposición venezolana haber impugnado las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril, y estar llamando ahora a una participación masiva para las elecciones de alcaldes y concejales del próximo 8 de diciembre. Pues resulta que justamente es la coherencia de principios y de conducta lo que explica esa posición. Veamos por qué.
La postura de la oposición democrática, y esto debe quedar siempre muy claro para el resto de la población, está basada y guiada por principios. Y de ellos hay dos que son centrales: uno, que no tenemos propuestas ni acciones fuera de las coordenadas democráticas. Y, dos, que nuestro norte es la paz y el compromiso con el pueblo, especialmente con los maltratados y perjudicados por el gobierno. De hecho, fue la insistencia en la vía electoral –en el voto como herramienta de cambio social– lo que nos trajo hasta aquí y nos condujo a la victoria popular del 14 de abril. Este es el camino. Y de aquí nos llevará a donde el pueblo quiere ir. Por todos los medios, y a pesar de algunos interesados que obviamente esto les perjudica, hay que preservar la validez del camino electoral. Debemos tener mucho cuidado en no destruir el arma del voto, ni que la gente compre la tesis que la vía electoral no conduce a nada. Toda la inmensa fuerza popular que hemos construido –y el gobierno de Maduro no puede decir lo mismo– ha sido hecha sobre organización y votos. Con razón algunos quieren que no sigamos.
El de diciembre es otro capítulo de la misma lucha. Nosotros hoy somos mayoría en el país. Tenemos que demostrarlo de manera inequívoca y contundente en las próximas elecciones. Además, ni el CNE ni las trampas soportan un diluvio de votos. De hecho, los abusos y las trampas se descubren porque votamos. Y eso es justamente lo que el gobierno quisiera evitar.
La oposición democrática venezolana no reconoce a Maduro como presidente. Reconoce sí la legitimidad de la Constitución, y por eso está haciendo uso de los recursos y acciones que prevé la propia Carta Magna para denunciar la ilegitimidad de aquél. Y, sobre todo, reconoce a la fuerza del voto como expresión de la soberanía popular. No hay aquí incoherencia alguna. Por el contrario, sería una muestra de absurda contradicción enarbolar la bandera del voto como fuente de la legitimidad del triunfo de Capriles en abril, y pedir que se renuncie a ella en diciembre.
Permítanme sólo dos ideas adicionales: la primera, el pueblo sabe que la situación de engaño electoral es consecuencia del control de los poderes del Estado por parte del oficialismo. Pues bien, desmontar ese perverso mecanismo es la próxima batalla, y para abordarla hay que triunfar contundentemente en diciembre. Pero, además, es necesario dejar claro para todos el vínculo entre la ilegitimidad del gobierno y la conflictividad social que hoy nos ahoga. Un gobierno ilegítimo, ineficiente y corrupto es estructuralmente incapaz de reconocer, abordar y resolver la problemática social. Por eso, la lucha social pasa necesariamente por el combate a la ilegitimidad del Ejecutivo, y este combate necesita inevitablemente de la fuerza del camino electoral.
Cuando Capriles llama a reventar las urnas el próximo 8 de diciembre, no sólo persigue la consolidación de la única estrategia opositora demostradamente exitosa y ascendente en los últimos 14 años, esa que ya nos condujo a la victoria popular de abril, sino que está confirmando poseer el valor democrático y humano de la coherencia de conductas y principios. Esa que distingue a los verdaderos líderes de quienes no pueden serlo.
Los venezolanos estiman en alto grado la coherencia en un líder. No es coherente, por ejemplo, ser fiel seguidor de la secta de Sathya Sai Baba e ir a pedirle bendiciones al Papa, por razones de urgencia en conseguir legitimidad, la cual –por cierto– sólo da el pueblo. O anunciar el día de las elecciones que se está de acuerdo con una auditoria integral del proceso, y luego correr a desmentirse porque el resultado de esa auditoría hubiera arrojado otro desenlace electoral.
Algunas personas han preguntado –unas de buena fe, y otras con inocultables segundas intenciones políticas– si no constituye una incoherencia por parte del líder de la oposición venezolana haber impugnado las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril, y estar llamando ahora a una participación masiva para las elecciones de alcaldes y concejales del próximo 8 de diciembre. Pues resulta que justamente es la coherencia de principios y de conducta lo que explica esa posición. Veamos por qué.
La postura de la oposición democrática, y esto debe quedar siempre muy claro para el resto de la población, está basada y guiada por principios. Y de ellos hay dos que son centrales: uno, que no tenemos propuestas ni acciones fuera de las coordenadas democráticas. Y, dos, que nuestro norte es la paz y el compromiso con el pueblo, especialmente con los maltratados y perjudicados por el gobierno. De hecho, fue la insistencia en la vía electoral –en el voto como herramienta de cambio social– lo que nos trajo hasta aquí y nos condujo a la victoria popular del 14 de abril. Este es el camino. Y de aquí nos llevará a donde el pueblo quiere ir. Por todos los medios, y a pesar de algunos interesados que obviamente esto les perjudica, hay que preservar la validez del camino electoral. Debemos tener mucho cuidado en no destruir el arma del voto, ni que la gente compre la tesis que la vía electoral no conduce a nada. Toda la inmensa fuerza popular que hemos construido –y el gobierno de Maduro no puede decir lo mismo– ha sido hecha sobre organización y votos. Con razón algunos quieren que no sigamos.
El de diciembre es otro capítulo de la misma lucha. Nosotros hoy somos mayoría en el país. Tenemos que demostrarlo de manera inequívoca y contundente en las próximas elecciones. Además, ni el CNE ni las trampas soportan un diluvio de votos. De hecho, los abusos y las trampas se descubren porque votamos. Y eso es justamente lo que el gobierno quisiera evitar.
La oposición democrática venezolana no reconoce a Maduro como presidente. Reconoce sí la legitimidad de la Constitución, y por eso está haciendo uso de los recursos y acciones que prevé la propia Carta Magna para denunciar la ilegitimidad de aquél. Y, sobre todo, reconoce a la fuerza del voto como expresión de la soberanía popular. No hay aquí incoherencia alguna. Por el contrario, sería una muestra de absurda contradicción enarbolar la bandera del voto como fuente de la legitimidad del triunfo de Capriles en abril, y pedir que se renuncie a ella en diciembre.
Permítanme sólo dos ideas adicionales: la primera, el pueblo sabe que la situación de engaño electoral es consecuencia del control de los poderes del Estado por parte del oficialismo. Pues bien, desmontar ese perverso mecanismo es la próxima batalla, y para abordarla hay que triunfar contundentemente en diciembre. Pero, además, es necesario dejar claro para todos el vínculo entre la ilegitimidad del gobierno y la conflictividad social que hoy nos ahoga. Un gobierno ilegítimo, ineficiente y corrupto es estructuralmente incapaz de reconocer, abordar y resolver la problemática social. Por eso, la lucha social pasa necesariamente por el combate a la ilegitimidad del Ejecutivo, y este combate necesita inevitablemente de la fuerza del camino electoral.
Cuando Capriles llama a reventar las urnas el próximo 8 de diciembre, no sólo persigue la consolidación de la única estrategia opositora demostradamente exitosa y ascendente en los últimos 14 años, esa que ya nos condujo a la victoria popular de abril, sino que está confirmando poseer el valor democrático y humano de la coherencia de conductas y principios. Esa que distingue a los verdaderos líderes de quienes no pueden serlo.
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