MARCOS CARRILLO| EL UNIVERSAL
viernes 2 de mayo de 2014 12:00 AM
La serie de allanamientos que han venido ocurriendo en las últimas semanas, a la sombra del proceso de negociación llevado a cabo entre la MUD y el gobierno, son hechos de extremada gravedad ante los que no ha habido una reacción suficientemente contundente de parte de la dirección política opositora, particularmente la MUD.
Se comenzó con el asalto a la sede de VP y el secuestro de dirigentes de ese mismo partido, de PJ y de estudiantes. Ahora ha sido el director de Reporte Confidencial, Braulio Jatar. Pero lo más grave de todo es que un número cada vez más significativo de personas de muy bajo perfil, desconocidas fuera de su entorno de amigos y familiares, han sido víctimas de allanamientos diarios en diferentes zonas del país.
Estos atropellos, llevados a cabo por órganos de seguridad del estado o por sujetos no identificados que dicen pertenecer a esos órganos pero que actúan como bandas de hampones, más que dirigidos a la detención de una persona en concreto, tienen una doble finalidad: por un lado, el amedrentamiento de la población civil y por otro la ruptura de la confianza de los ciudadanos entre sí.
Con el amedrentamiento se procura que la gente común se sienta definitivamente espiada, sometida y con posibilidad cierta de ser condenado de forma injusta. Así sucedió, por ejemplo, con un sexagenario, padre de una reconocida profesora de la UCAB, a quien lo allanaron y apresaron junto a su esposa sin orden de judicial, atropellando en el procedimiento a niños, octogenarios, jubilados y generando terror en los vecinos.
Pero como consecuencia del amedrentamiento del la población civil, los allanamientos buscan algo más perverso aún: se procura generar ese "estado general de sospecha" que se ha venido implantando en el país desde que hace años, cuando así lo dijo el ahora difunto, el tal Eliecer Otaiza, era director del Sebin y la invasión castrista comenzaba a tomar posesión de los órganos de inteligencia del estado. Ello genera que algunos vecinos comiencen a fungir como delatores, resquebrajando lo más fundamental de la sociedad: la confianza de unos en otros. Una vez fracturadas la confianza, la buena fe y la solidaridad, una vez que todos sospechan que unos pueden ser terroristas y otros sapos, la posibilidad de organizar grupos sociales para defensa de la democracia se dificulta, afianzando el poder totalitario del Estado.
El método no es nuevo, ha sido utilizado en todas las dictaduras pero resaltan particularmente Corea del Norte y Cuba que lo han hecho parte de su estructura de gobierno, así como China y Birmania, que además lo aplicaron específicamente en situaciones de reclamos sociales como la toma de Tiananmen, en el primer caso, y las luchas democráticas de los 80 y 90, en el segundo. Estos allanamientos arbitrarios son prueba irrefutable de que Venezuela ya está en este grupo de estados en el que el atropello y la abolición de la democracia son sus elementos distintivos. Si no lo cree, sólo piense si en el año 2000 estos procedimientos hubieren sido posibles.
El castro-comunismo-chavista es cada día más siniestro y arraigado. Ello sucede no sólo porque ha sido una política implementada por años desde el poder del estado, sino porque buena parte de la dirigencia opositora no ha entendido la naturaleza del régimen y lo trata de enfrentar con herramientas inadecuadas para la lucha contra regímenes totalitarios. Es inaceptable e irresponsable, que al momento de escribir estas líneas no haya habido de parte de la MUD una reacción contundente, una línea política inequívoca o siquiera una tímida declaración proponiendo acciones concretas y rechazando los sistemáticos e ilegales allanamientos que están ocurriendo a diario. Genera inclusive suspicacias que, en medio de estas circunstancias, se siga en un proceso de diálogo con un gobierno terrorista sin que el cese de estos peligrosísimos atropellos sea una condición o al menos un punto de agenda.
El terrorismo de Estado es una práctica sistemática y cada vez más extendida en el proceder del régimen. Es deber de la dirigencia política desarrollar acciones concretas y definitivas para evitar el avance totalitario. Para ello es fundamental que la MUD se una con Leopoldo López, María Corina Machado, Antonio Ledezma y Diego Arria y se desarrolle una estrategia coordinada y de unidad en defensa de la democracia que podría incluir la mesa de negociación pero que jamás puede limitarse a ella, de lo contrario la propia oposición será culpable de que el totalitarismo siga campeando en el país durante los próximos lustros.
Se comenzó con el asalto a la sede de VP y el secuestro de dirigentes de ese mismo partido, de PJ y de estudiantes. Ahora ha sido el director de Reporte Confidencial, Braulio Jatar. Pero lo más grave de todo es que un número cada vez más significativo de personas de muy bajo perfil, desconocidas fuera de su entorno de amigos y familiares, han sido víctimas de allanamientos diarios en diferentes zonas del país.
Estos atropellos, llevados a cabo por órganos de seguridad del estado o por sujetos no identificados que dicen pertenecer a esos órganos pero que actúan como bandas de hampones, más que dirigidos a la detención de una persona en concreto, tienen una doble finalidad: por un lado, el amedrentamiento de la población civil y por otro la ruptura de la confianza de los ciudadanos entre sí.
Con el amedrentamiento se procura que la gente común se sienta definitivamente espiada, sometida y con posibilidad cierta de ser condenado de forma injusta. Así sucedió, por ejemplo, con un sexagenario, padre de una reconocida profesora de la UCAB, a quien lo allanaron y apresaron junto a su esposa sin orden de judicial, atropellando en el procedimiento a niños, octogenarios, jubilados y generando terror en los vecinos.
Pero como consecuencia del amedrentamiento del la población civil, los allanamientos buscan algo más perverso aún: se procura generar ese "estado general de sospecha" que se ha venido implantando en el país desde que hace años, cuando así lo dijo el ahora difunto, el tal Eliecer Otaiza, era director del Sebin y la invasión castrista comenzaba a tomar posesión de los órganos de inteligencia del estado. Ello genera que algunos vecinos comiencen a fungir como delatores, resquebrajando lo más fundamental de la sociedad: la confianza de unos en otros. Una vez fracturadas la confianza, la buena fe y la solidaridad, una vez que todos sospechan que unos pueden ser terroristas y otros sapos, la posibilidad de organizar grupos sociales para defensa de la democracia se dificulta, afianzando el poder totalitario del Estado.
El método no es nuevo, ha sido utilizado en todas las dictaduras pero resaltan particularmente Corea del Norte y Cuba que lo han hecho parte de su estructura de gobierno, así como China y Birmania, que además lo aplicaron específicamente en situaciones de reclamos sociales como la toma de Tiananmen, en el primer caso, y las luchas democráticas de los 80 y 90, en el segundo. Estos allanamientos arbitrarios son prueba irrefutable de que Venezuela ya está en este grupo de estados en el que el atropello y la abolición de la democracia son sus elementos distintivos. Si no lo cree, sólo piense si en el año 2000 estos procedimientos hubieren sido posibles.
El castro-comunismo-chavista es cada día más siniestro y arraigado. Ello sucede no sólo porque ha sido una política implementada por años desde el poder del estado, sino porque buena parte de la dirigencia opositora no ha entendido la naturaleza del régimen y lo trata de enfrentar con herramientas inadecuadas para la lucha contra regímenes totalitarios. Es inaceptable e irresponsable, que al momento de escribir estas líneas no haya habido de parte de la MUD una reacción contundente, una línea política inequívoca o siquiera una tímida declaración proponiendo acciones concretas y rechazando los sistemáticos e ilegales allanamientos que están ocurriendo a diario. Genera inclusive suspicacias que, en medio de estas circunstancias, se siga en un proceso de diálogo con un gobierno terrorista sin que el cese de estos peligrosísimos atropellos sea una condición o al menos un punto de agenda.
El terrorismo de Estado es una práctica sistemática y cada vez más extendida en el proceder del régimen. Es deber de la dirigencia política desarrollar acciones concretas y definitivas para evitar el avance totalitario. Para ello es fundamental que la MUD se una con Leopoldo López, María Corina Machado, Antonio Ledezma y Diego Arria y se desarrolle una estrategia coordinada y de unidad en defensa de la democracia que podría incluir la mesa de negociación pero que jamás puede limitarse a ella, de lo contrario la propia oposición será culpable de que el totalitarismo siga campeando en el país durante los próximos lustros.
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