FEN: 8 de cada 10 venezolanos responsabiliza al socialismo del siglo XXI de la crisis

En: http://www.noticierodigital.com/2015/02/fen-8-de-cada-10-venezolanos-responsabiliza-al-socialismo-del-siglo-xxi-de-la-crisis/

ND / 21 feb 2015.- Un estudio realizado por el Frente de Entendimiento Nacional concluyó que 8 de cada 10 venezolanos responsabilizan “al sistema socialista de corte comunista, el Socialismo del siglo XXI, impuesto por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro como causante de los problemas fundamentales que vive el país.

Así lo dijo en nota de prensa coordinador general del FEN, Jesús Cabezas Castro, quien aseguró que es urgente que el Estado actué dentro del marco constitucional para garantizar el deseo del 95% de los venezolanos que aspiran a una mejorar calidad de vida, y mayor prosperidad y bienestar de los venezolanos

Cabezas, a nombre del FEN, le propuso al Ejecutivo un “encuentro nacional” con todos los factores representativos de la sociedad venezolana para contribuir a superar y vencer esta crisis mediante el dialogo, la concertación y el entendimiento nacional.

A continuación Cabezas presentó un análisis de los principales problemas. En el tema político, el predominio del Poder Ejecutivo sobre el resto de los poderes públicos, lo que incumple con los elementos democráticos establecidos en la Carta Democrática Interamericana, incluyendo la separación de poderes tal y como se reflejó en el acto de apertura del año judicial 2015 del Tribunal Supremo de Justicia donde se le dieron “plenos respaldos al Poder Ejecutivo y a su Revolución Bolivariana”. Agregó Cabezas que “es preocupante el gran apoyo que se le brinda al poder popular, organismo que no está contemplado en la Carta Magna, propiodel estado socialista-comunista lo cual restringe la libertad de acción de quienes no son sus adeptos y que se entrelazan con el esquema económico del socialismo leninista-estalinista imponiendo lo colectivo sobre lo individual, además que atenta contra el principio de la libre representación y participación ciudadana donde el ciudadano es sustituido por asambleas populares sin representación universal y donde los poderes se convierten en simples colaboracionistas de la voluntad política dominante”.

Para el FEN, “es necesario continuar luchando por un poder judicial independiente que garantice la seguridad de los ciudadanos y sus derechos fundamentales, ejecutar los tratados y convenios internacionales y nacionales de los derechos humanos, el control de los gobernantes para que actúen dentro de los límites del Estado de derecho”.

Y siguió: “Un Poder Judicial sin autonomía ha permitido que el poder legislativo modifique la estructura orgánica territorial y funcional del país, como es el electoral, de las comunas, los consejos comunales, la ley de precios justos, la ley resorte, la destitución de parlamentarios y abusos de sus funciones, se irrespete y amenace continuamente el derecho a la propiedad ocasionando con ello las expropiaciones de bienes sin pago oportuno, convirtiéndose en confiscaciones prohibidas constitucionalmente, y se utilizan los instrumentos procesales judiciales y del Ministerio Publico, como mecanismos de sanción o de persecución de sectores políticos, económicos, empresariales, estudiantiles y sindicales procediendo al castigo sin el debido proceso, criminalizando el derecho a disentir y a la libertad de protestar”.

El FEN, ante unas elecciones parlamentarias en puerta, exige respeto a la representación proporcional y el reconocimiento de las minorías. “Aquí juega un papel importante la autonomía transparencia de un Consejo Nacional Electoral confiable y creíble que asegure la eficacia de las condiciones políticas electorales”.

Cabezas expresó preocupación ante la posibilidad de que el CNE modifique los circuitos electorales para favorecer al oficialismo.

Sobre el Poder Legislativo, el FEN rechazó el abuso de poder or parte de la mayoría oficialista en la AN “se pretende imponer una legislación ideologizada rechazada en el referéndum consultivo del 2007 que pretendía sustituir un Estado de Derecho por un Estado socialista centralizado de corte comunista; sin embargo mediante la ley habilitante y bajo la vista indiferente del TSJ se ha ido imponiendo leyes que no encajan en el marco constitucional lo cual genera conflictos e inestabilidad política, económica y social”.

En el área económico, el coordinador del FEN criticó que el “gobierno de Maduro impone una transición de la economía social de mercado con libertades económicas basado en el respeto a la propiedad privada al socialismo concentrador, argumentando para ello la importancia de la propiedad colectiva de las comunas”. La política económica, siguió Cabezas, “ha causado que aproximadamente 7.200 empresas cesaron en prestar servicios y una inflación que promedia el 75% y hasta podría alcanzar los tres dígitos para finales de año si no se aplican los correctivos necesarios”.

“Las empresas socialistas implantadas son plantas de ensamblajes improductivos, carentes de conocimientos de administración científicos y tecnológicos que impulsen la productividad mucho menos el desarrollo comercial ni industrial mucho menos las factorías”. Cabezas abogó también por el paso de una “economía rentista petrolera a una productiva, incentivando las exportaciones no tradicionales, estimulando la competitividad y la inversión pública y privada, la inversión en infraestructura científico-tecnológica y en formación de recursos humanos especializados, privilegiando y reimpulsando el crecimiento del sector privado y terminando con las invasiones, expropiaciones u ocupaciones forzadas y las estatizaciones de empresas privadas”

Indicó Cabezas que la seguridad y defensa de la nación requiere de unas relaciones armoniosas en el marco constitucional con la actual Fuerza Armada, “identificadas plenamente con las políticas ideológicas del chavismo y el socialismo bolivariano”. Agregó también que el concepto de una revolución pacífica pero armada no corresponde con los parámetros establecidos en la constitución.

“La Seguridad y Defensa de la Nación se debe racionalizar legislativamente para impedir que sea utilizada justificando la limitación, persecución y atropello de los ciudadanos en sus derechos políticos, económicos y sociales”.

Para el FEN, “el derecho a la vida, la integridad física y sus bienes materiales debe ser prioridad del Estado”.

Cabezas pidió continuar con “medidas preventivas y represivas” para combatir la delincuencia y “la participación de Consejos Municipales, Alcaldías, Gobernaciones comunidades y sociedad civil” para combatir “garantizar la seguridad ciudadana y controlar fenómenos como las drogas, el narcotráfico, el lavado de dinero, la prostitución, la delincuencia de cuello blanco, que son generadoras de violencia”.