MARU
MORALES P.
La
reciente detención, imputación y encarcelamiento del alcalde metropolitano
Antonio Ledezma es apenas el primer episodio del año en materia de persecución
judicial contra dirigentes de oposición. Todo indica que la próxima víctima de
la política de mano de hierro, así definida por el presidente Nicolás Maduro el
jueves 19, será el diputado Julio Borges, del partido Primero Justicia.
Parlamentarios
del PSUV anunciaron que en la sesión ordinaria de mañana se iniciaría el
proceso para despojar al dirigente mirandino de su inmunidad y llevarlo a
juicio. El presidente del Legislativo afirmó hace 10 días que Borges está
involucrado en un nuevo plan para derrocar al gobierno.
De ser
así, Borges será el quinto diputado de la Mesa de la Unidad en salir de la
Asamblea Nacional. Entre 2013 y 2014 la bancada de oposición perdió cuatro
diputados principales: Richard Mardo, María Aranguren, Juan Carlos Caldera y
María Corina Machado.
Mardo,
Aranguren y Caldera tienen en común el estancamiento de sus causas e incluso la
falta de asignación de un tribunal, lo que pone en duda que la verdadera
motivación de la acción en su contra haya sido la esgrimida por el PSUV: la
lucha contra la corrupción.
Los
allanamientos contra Mardo (PJ) y Aranguren (Migato) se generaron en 2013 con
el argumento oficial que serían investigados por presuntos delitos de
corrupción. A esta fecha sus causas están en el limbo.
En
noviembre de 2014 Caldera (PJ), también investigado por presunta corrupción,
renunció a la curul para evitar el inminente desafuero. El juicio aún no ha
comenzado.
El único
caso que ha avanzado es el de Machado (Independiente), que en marzo de 2014 fue
arbitrariamente destituida de su cargo, en junio fue imputada por instigación a
delinquir y en diciembre, por conspiración.
Fuera
del juego. “El mío es un juicio netamente
político para sacarme del juego porque tenía oportunidad de ganar la Alcaldía
de Maracay. Días después de mi allanamiento fui llamado por Richard
Monasterios, fiscal 10° nacional, para una entrevista. Desde entonces no he sido
convocado, no se me ha asignado un tribunal y no he tenido ni una audiencia de
juicio”, relató por teléfono Richard Mardo, desde Maracay.
El
diputado por Aragua –no pierde su condición hasta que no sea condenado–,
enfatizó que no teme a la justicia: “Yo he dado la cara. Me señalaron de
corrupción, de narcotráfico, de lavado, pero nunca tuvieron pruebas de nada. El
estancamiento del proceso demuestra que el objetivo real era sacarme de la
carrera electoral”.
En
el exilio. “A mí no me han asignado tribunal.
Mis abogados buscan información permanentemente y nada. No sé ni siquiera quién
es el fiscal de mi caso. Después de mi salida de la Asamblea no nos han
dirigido ni una comunicación por escrito. A finales de noviembre, de manera
extra oficial, una persona me informó que había un auto de detención en mi
contra. Mis abogados intentaron indagar, y nada”, relató por teléfono y desde
el exilio, María Aranguren.
Aunque en
2013 dijo que enfrentaría la justicia, su parecer cambió: “Estoy fuera del
país. Anhelo regresar, pero las condiciones no están dadas ni lo estarán
mientras sea esta misma gente (el PSUV) la que esté frente al gobierno y las
instituciones”.
Su
allanamiento se originó en un contexto en el que el PSUV necesitaba un voto más
para aprobar una Ley Habilitante. “El PSUV aplica allanamientos exprés con el
objeto de eliminar a quien no hace el trabajo que ellos quieren. Si a Borges le
dijeron que lo van a allanar, es porque eso ya está listo”.
Sin
información. El caso contra Caldera comenzó en septiembre de
2012. Ocho meses más tarde el TSJ admitió que había méritos para un antejuicio,
pero la audiencia no se realizó hasta octubre de 2014. Ante el inminente
despojo de su inmunidad, el 27 de noviembre de 2014 Caldera renunció a la
curul.
Ni el
Poder Judicial ni la Fiscalía volvieron a fijar posición sobre este caso hasta
el 5 de febrero, cuando la fiscal general Luisa Ortega dijo en su programa de
radio que “dos personas” serían citadas a declarar “próximamente”. No indicó si
serían imputados o testigos. El juicio contra Caldera tampoco ha comenzado.
Inhabilitación
automática. Los diputados que son despojados de su inmunidad y
pasados a juicio no pueden postularse a ningún cargo público de elección
popular. Así lo establece el artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal.
Tomás
Arias, abogado de María Corina Machado, considera que el artículo es una de las
herramientas más perversas del Código Orgánico Procesal Penal.
“Tener a
los diputados sin que los juicios avancen es clave para ellos. Su objetivo se
cumple allanando la inmunidad y no investigando los presuntos delitos porque,
gracias al nefasto artículo 380 del COPP, se genera automáticamente la
inhabilitación política mientras dura el juicio; si este dura cinco años, pues
serán cinco años sin poder postularse”, explicó.
Mardo lo
confirma cuando dijo que su causa está en un limbo, que lo habían inhabilitado
políticamente y que no podía presentarse como candidato; no obstante, agregó
que no le hacía falta un cargo para trabajar por el pueblo.
María Aranguren
expresó: “Yo no tengo interés en postularme otra vez, pero el objetivo de ellos
es dejar estos casos en un limbo justamente para que la gente no pueda
accionar”.
Caldera
intentó evadir el artículo al someterse a juicio como un ciudadano más y no como
un diputado suspendido, por lo que tendría oportunidad de postularse.
Investigados
Richard
Mardo. Aragua. Presuntos delitos: legitimación de capitales, defraudación
tributaria y ocultación de datos en la declaración jurada de patrimonio
María Aranguren. Monagas. Presuntos delitos:
asociación para delinquir, peculado doloso propio y legitimación de capitales
Juan C.
Caldera. Miranda. Presuntos delitos: suposición de valimiento y legitimación de
capitales
María C.
Machado. Miranda. Presuntos delitos: instigación a delinquir por los hechos
violentos del 12F-2014 y conspiración en presunto plan magnicida
Julio
Borges. Miranda. Diosdado Cabello denunció que Borges participa en un “plan para
eliminar a Leopoldo López” y facilitar la caída del gobierno
En la mira. Varios diputados han sido
amenazados, pero en noviembre pasado el TSJ admitió el antejuicio contra Ismael
García (Aragua), por presunta difamación
Vía El Nacional
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