Editorial de El Nacional
Ayer un
despacho de la agencia AP informaba que representantes de la oposición habían
acudido ante el Tribunal Supremo para solicitar “la nulidad por
inconstitucionalidad de una resolución que permite a los militares venezolanos
utilizar armas de fuego como último recurso en las protestas”. Se trata de una
solicitud que no puede despreciarse ni ser objeto de la indiferencia de los
señores magistrados pues estamos ante un intento de imponer, como en el lejano
oeste, la ley del revólver, a pesar de que el general Padrino ha tomado este
tema tan serio como si fuera una vulgar broma y le ha dicho a la prensa que
esta resolución oficial “es hermosísima”.
En verdad
nadie le ve la belleza a semejante orden que, sin querer queriendo, permite
disparar primero y ni se le ocurra averiguar después porque puede ir preso por
metiche. Si esa resolución fuera tan “hermosísima” entonces hay que militarizar
a Osmel Sousa, y pedirle que organice un concurso de hermosísimos revólveres y
pistolas, fusiles y ametralladoras. El éxito sería mundial y la fama del
general se extendería por todos los continentes.
Pero como
estamos hablando de herir o quitarle la vida a un ciudadano que protesta
democráticamente, entonces tenemos que admitir que estamos ante una resolución
inconstitucional y un “retroceso en materia de derechos humanos”.
En todo
caso, el adefesio publicado en la Gaceta Oficial del 27 de
enero de 2015 (resolución N° 008610 del Ministerio de la Defensa) establece un
nuevo modelo de control militar del orden público en el que se incluye el “uso
de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma
potencialmente mortal”, como último recurso para “evitar los desórdenes, apoyar
a la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión,
enfrentándola de inmediato y con los medios necesarios”.
Esta
hermosísima resolución firmada por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino,
es contradictoria y violatoria de las garantías establecidas en el artículo 68
de la Constitución, que señala: “Se prohíbe el uso de armas de fuego y
sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará
la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden
público”.
Con esta
resolución sin duda alguna violatoria de los derechos humanos se le da licencia
a los cuerpos de seguridad del Estado de usar armas de fuego para controlar las
manifestaciones, legaliza lo que ya estábamos viendo desde hace bastante
tiempo, el uso de armas de fuego por parte de los cuerpos de seguridad para
reprimir a manifestantes y más si son opositores al régimen.
El régimen ante el desespero de
no poder controlar las protestas que cada día van en aumento por todo el país y
la desaprobación de su gestión por más del 80% de la ciudadanía por las malas
políticas tanto económicas como de seguridad, ha decidido aplicar una de las
máximas de Maquiavelo: “Si el príncipe no puede ser amado, que al menos sea
temido”.
Vía El Nacional
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