2 DE ABRIL 2016 - 12:01 AM
En su afán por vigilar el gasto público el Parlamento incluyó dentro de la agenda legislativa un proyecto de ley de control de las ayudas económicas internacionales del Estado, que no solo regirá la materia a futuro, sino que también trata de poner orden en lo que se ha otorgado a otros países.
Respaldan este instrumento jurídico, entre otros diputados, Jony Rahal y Miguel Pizarro, de Primero Justicia.
El objetivo es establecer límites a los auxilios hechos por el Estado para asegurar la buena gestión y legalidad del patrimonio.
En la exposición de motivos se señala que el total de ayudas entre 2005 y 2015 fue de 96,3 millardos de dólares, equivalentes a 963,3 millardos de bolívares, calculado a una tasa de 10 bolívares por dólar. Estas cifras corresponden a la Unidad de Análisis e Investigación de la Fundación Justicia y Democracia.
Se acota que solo en 2015 lo regalado ascendió a 66 millardos de bolívares, monto superior a lo presupuestado para desarrollo social, que fue de 52 millardos de bolívares. También es 365% superior a lo otorgado a energía eléctrica: 14,1 millardos de bolívares, y 310% superior a lo asignado a la agricultura: 16,1 millardos de bolívares.
Esos 96,3 millardos de dólares representan 12% del total de los dólares recibidos a través de exportaciones (petroleras y no petroleras). Y que en ese período la deuda pública externa se multiplicó en más de 3,5 veces: pasó de 32 millardos de dólares a 115 millardos de dólares y el servicio de la deuda externa anual de 5 millardos de dólares llegó a 20 millardos de dólares.
En el informe costos beneficios se destaca que esta “generosidad internacional” se inició en el período del boom petrolero y que los recursos dedicados a este concepto representan más del 40% de la inversión petrolera necesaria para alcanzar niveles de producción de 6 millones de barril/día.
Concluyen que esta ley permitirá liberar recursos externos entre 2,5 millardos y 9 millardos de dólares anuales, según el nivel del precio del petróleo. “Esto representa en 2016 entre 2% y 32% del presupuesto nacional, dependiendo del tipo de cambio oficial por utilizar: 10 o 200 bolívares por dólar”.
Cuerpo normativo. Se definen las ayudas económicas internacionales como los aportes de recursos financieros hechos por el Estado a Estados extranjeros en el marco de acuerdos internacionales de cooperación e integración. Quedan excluidas de este concepto las ayudas humanitarias.
Los controles se ejercerán mediante las leyes de Administración Financiera del Sector Público, de Contraloría y contra la Corrupción, así como el Sistema Nacional de Control Fiscal.
Se deja en claro que el Estado solo podrá otorgar este tipo de beneficio para cumplir compromisos establecidos en tratados válidamente suscritos y aprobados por la Asamblea Nacional y cumplir contratos de interés público previamente aprobados por el Parlamento.
Las ayudas deberán orientarse hacia el fomento de relaciones de cooperación económica que impulsen los principios de la Carta Democrática Interamericana.
El otorgamiento de la ayuda deberá ser sometido a la aprobación previa de la Comisión de Contraloría. Cuando se presente el proyecto de ley de presupuesto a la AN se entregará un informe que resuma las ayudas otorgadas en el año, con el monto y los resultados obtenidos.
La AN podrá por el voto de las dos terceras partes de los presentes acortar la suspensión o terminación de la ayuda cuando hayan cesado las causas que la motivaron o cuando así sea necesario para una mejor administración del patrimonio público.
Disposiciones transitorias. Se pretende realizar una especie de auditoría de las ayudas internacionales que se han otorgado hasta ahora. Por ello, determinan que en 30 días después de la entrada en vigencia de la ley, el ministerio en materia de Finanzas deberá: remitir a la Comisión de Contraloría y a la Contraloría un informe sobre las ayudas otorgadas desde 1999 y publicará la lista de estos beneficios.
La Contraloría empezará una investigación sobre las ayudas y si surgen indicios que acrediten que se violaron las leyes, se deberá iniciar el procedimiento encaminado a determinar las responsabilidades.
El órgano contralor deberá terminar la averiguación dentro de los seis meses siguientes a la recepción del informe. Será el Ministerio Público el que comenzará las investigaciones para determinar la responsabilidad penal.
La palabra final la tendrá la AN que con el voto favorable de las dos terceras partes de los presentes declarará la nulidad de los contratos, acuerdos y demás instrumentos por los cuales se hubiere violado la Constitución y leyes.
La Cifra12% del total de los dólares recibidos por el país a través de exportaciones (petroleras y no petroleras) representan las ayudas entre 2005 y 2015
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