19 DE ABRIL 2016 - 12:01 AM
“Dios no puede aprobar la violencia de sus principios, de sus leyes fundamentales; por el contrario, Dios ve con horror el crimen de la usurpación, de la tiranía”. Simón Bolívar
Hace pocos días, en amena conversación con amigos y allegados, se hizo alusión al tema –si se quiere casi obligado en todos los círculos de la vida social del país– de la crisis económica, política y social que se vive en los últimos años. Uno de los presentes comentaba que pese a la situación que padece el pueblo, se observa en la conducta del venezolano un cambio de actitud, quizás imbuido por el aliento esperanzador tras el triunfo avasallante de la oposición, en las elecciones parlamentarias que se realizaron el 6 de diciembre del año pasado.
Ciertamente, el venezolano común pareciera haber despertado de un aterrador letargo que por casi 18 años pasó a convertirse en una horrenda y tremenda pesadilla, de la que despertó entusiasmado y lleno de alegría, fe y optimismo, el pasado 6 de diciembre, pero que a 3 meses de haber alcanzado este milagroso propósito, observa con dolor y casi frustración que quienes detentan el poder, con Nicolás Maduro a la cabeza, se empeñan en negar esta victoria y por ende la voluntad mayoritaria de más de 8 millones de venezolanos, con zancadillas nada democráticas a través de otros poderes como el Tribunal Supremo de Justicia, que indujo al presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Allup, a expresar irónicamente en su cuenta de Twitter: “Zánganos y zánganas de bufete inconstitucional se han enguarimbado por cobardes. Ya no designan ‘ponente’ sino que hacen ‘ponencias conjuntas”, agregando al mismo tiempo que “ya estaba avisada la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía por el bufete inconstitucional, tal como lo había ordenado Maduro”.
El abuso de poder de Maduro, en su pretensión de deslegitimar a la Asamblea Nacional de su función como lo prevé la Constitución Nacional, llegó a extremos inusitados y para ello utilizó los generosos servicios de Hermann Escarrá, otrora espadachín de la democracia y defensor a ultranza de los derechos humanos, de la libertad de expresión y de prensa y acérrimo enemigo de la revolución socialista y de manera particular del fallecido Comandante galáctico, al que incluso retó a un debate público para dirimir acerca de las “bondades” de su gobierno socialista revolucionario, bolivariano. El ahora protector del régimen, con voz engolada de locutor, anunció que “el presidente Maduro en Consejo de Ministros también puede presentar una enmienda sin pasar por la Asamblea Nacional, y esa enmienda solo requiere un artículo (…) que reduce a 60 días el período constitucional, no requiere más”, dijo Escarrá durante una concentración en rechazo a la Ley de Amnistía en el Palacio de Miraflores, y al mismo tiempo, cual boxeador encaramado sobre un ring, retó al presidente de la Asamblea Nacional a debatir públicamente, respuesta que de inmediato Ramos Allup dio a conocer a través de su Twitter: “Escarrá es un delegado de Maduro y no discuto con payaso, sino con el dueño del circo”.
Conocidos jurisconsultos constitucionalistas han expresado sus opiniones sobre este asalto a la racionalidad de una institución que, como el Tribunal Supremo de Justicia, pretende pasar por encima de la propia Constitución Nacional y burlarse de la voluntad mayoritaria de los más de 8 millones de venezolanos que el pasado 6 de diciembre decidieron acabar con una pesada y tediosa carga llena de populismo y demagogia con etiqueta socialista o, lo que es igual, comunista, como lo afirmara en cierta ocasión el anciano dictador cubano Fidel Castro.
Uno de estos flamantes constitucionalistas, profesor de Derecho Constitucional en la UCV, Gerardo Blyde, sostiene que “la Sala Constitucional se excedió, se extralimitó… porque contradice sus propias decisiones. En 2008 la Sala Constitucional había producido una sentencia, la 1368, donde decía que era un derecho de gracia privativo de la Asamblea Nacional la amnistía que lo limita solamente el artículo constitucional referido a delitos graves y derechos humanos. Es decir, de resto hay una absoluta discrecionalidad, en esa sentencia de 200”. “Esa –refiere– es una extralimitación, y la segunda, que es más importante, es la valoración política que hace la Sala Constitucional para lo cual no tiene ninguna competencia constitucional. La sentencia dice que ‘no hay verdaderos momentos de ruptura y la necesidad de instaurar una comunidad política’. Es decir, una unión política entre los venezolanos… la decisión política de cuándo amnistiar es una competencia exclusiva y excluyente de la Asamblea Nacional, en cuanto a Ley de Amnistía, o del presidente de la República, cuando indulta. La Sala Constitucional no puede entrar a valorar si el momento político es o no es adecuado para amnistiar. Y entró en otra extralimitación de sus funciones”.
El pretexto de Maduro para desconocer las atribuciones constitucionales que tiene el Poder Legislativo es alegar que la tan mentada guerra económica es “producto de la conspiración del sector empresarial y de la burguesía parasitaria de la oposición, que acatan directrices del imperio de Estados Unidos”, cuando la verdad propiamente dicha es que las políticas (¿?) sociales del régimen lejos de beneficiar al pueblo la ha llevado a una pobreza tal que alcanzaba en el año 2014 a 48,4% de los hogares, superando los registros de los últimos años, de acuerdo con una encuesta social difundida por tres universidades del país. A ello se suma la crisis económica que enfrenta Venezuela, dominada por una desbordante inflación, que golpea con mayor intensidad a los sectores más vulnerables del país. Cómo se explica entonces que, según registros del estatal Instituto Nacional de Estadísticas, INE, para el segundo semestre del año 2013 los hogares en condición de pobreza por ingresos alcanzaron a 27,3%, mientras que para el segundo semestre de 2014 representaban 47%.
Venezuela alcanzó el año pasado una inflación sobre 64%, la mayor tasa de la región, y el aparato productivo se contrajo 2,8%, lo cual, según analistas y expertos en inversión, estiman que ante la caída de los precios del petróleo, principal fuente de ingresos del país, la crisis económica podría complicarse y la inflación y superar el 100%, lo que constituye un riesgo sin precedentes porque 33% de nuevos pobres puedan caer en una “pobreza estructural” o, lo que es igual, extrema, en el presente año, ante la agudización de los problemas económicos y la falta de programas sociales, y ya la pobreza general se ubica entre 45% y 46%.
Lo anteriormente indicado configura una delicada situación crítica, que genera angustia y desesperación en muchos hombres y mujeres que día a día madrugan para hacer cola en procura de alimentos, los cuales en los últimos tiempos escasean en los anaqueles de abastos y supermercados. El hambre no toma vacaciones y solo en la pasada Semana Santa se reportaron 24 saqueos en todo el país, según informó el propio vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Istúriz y, pese a ello, Maduro con su cara bien lavada y sin inmutarse subrayó que “en Venezuela no hay hambre, la gente está rozagante y bonita”, como burlándose sarcásticamente de la tragedia que agobia a millones de venezolanos por falta de alimentos, y de bienes y servicios.
De nada ha valido durante los últimos 13 años que el régimen haya aplicado controles, si en el mismo aparato gubernamental campea la corrupción (Mercal y Pedeval), entre otros, por lo que no existen en el mercado los productos de la canasta básica familiar, pues han desaparecido del mercado, y la escasez que antes promediaba 5% antes del año 2003, cuando se aplicó el control de cambios, al cierre de 2013, según el último registro publicado por el Banco Central de Venezuela, se ubicaba en 22,2%. Lo que traducido en cifras podríamos resumir que de 157 meses de aplicación del control de precios, 110 meses han sido de escasez y desabastecimiento de productos prioritarios.
El alzheimer precoz en Maduro le impide comprender que la crítica situación de desabastecimiento se debe principalmente al modelo socialista, y al ideario populista que esgrime en su programa (¿?) de gobierno, aunado al hecho de que acabó con la producción nacional, alterando en consecuencia la productividad, lo cual por último, genera un estado de emergencia alimentaria que puede explosionar en cualquier momento, peligroso ingrediente para alimentar un golpe de Estado, pues amor con hambre no dura... y si dura, no perdura.
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