Editorial de www.analítica.com
El régimen que controla al país ha descuidado de manera incomprensible la defensa de nuestra integridad territorial por razones de carácter ideológico o de oportunismo político
La Constitución vigente en su preámbulo establece lo siguiente: Son
derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la
soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la
autodeterminación nacional.
El propio Libertador en un decreto firmado en Angostura en 1815
definió los límites de nuestro país. Lamentablemente varios gobiernos
posteriores no supieron o no pudieron defender ni la soberanía ni
nuestra integridad territorial. Por eso se estima que Venezuela ha
perdido más de 800.000 km del territorio que le correspondían como
sucesor de la antigua capitanía general.
Afortunadamente en el siglo pasado varios ilustres personajes de nuestra política exterior lograron reiniciar un proceso de recuperación de los espacios territoriales perdidos y otros hicieron lo necesario para que Venezuela disponga hoy en día de una vasta zona económica exclusiva en el Mar Caribe. Incluso en el propio siglo XXI en negociaciones con nuestra vecina Colombia el equipo dirigido por el General José Antonio Olavarría logró establecer los criterios de demarcación terrestre que le permitirían al país recuperar porciones significativas de territorio erróneamente asignadas a Colombia.
Ahora nos encontramos en una paradójica situación: el régimen que controla al país ha descuidado de manera incomprensible la defensa de nuestra integridad territorial por razones de carácter ideológico o de oportunismo político. Por un lado el silencio inadmisible ante todos los actos realizados por Guyana en las que este país no sólo desconoce nuestra reclamación sobre el territorio Esequibo, sino peor aún, se hizo la vista gorda cuando Guyana otorgó concesiones en la fachada atlántica del Delta Amacuro.
Con Colombia este gobierno pretendió reiniciar conversaciones pero limitándolas únicamente a la delimitación del golfo de Venezuela y no a todos los temas tratados en su conjunto como tiene que ser. La crisis surgida con Guyana ha pospuesto, afortunadamente, el mal inicio de esas presuntas conversaciones.
La ignorancia y los intereses políticos de corto plazo no pueden prevalecer sobre la indivisibilidad territorial del país, como tampoco restringir la autodeterminación al darle facultades que no le competen a un gobierno extranjero. La Constitución vigente es muy clara al respecto y quien no la acate no debe ni puede gobernar.
Afortunadamente en el siglo pasado varios ilustres personajes de nuestra política exterior lograron reiniciar un proceso de recuperación de los espacios territoriales perdidos y otros hicieron lo necesario para que Venezuela disponga hoy en día de una vasta zona económica exclusiva en el Mar Caribe. Incluso en el propio siglo XXI en negociaciones con nuestra vecina Colombia el equipo dirigido por el General José Antonio Olavarría logró establecer los criterios de demarcación terrestre que le permitirían al país recuperar porciones significativas de territorio erróneamente asignadas a Colombia.
Ahora nos encontramos en una paradójica situación: el régimen que controla al país ha descuidado de manera incomprensible la defensa de nuestra integridad territorial por razones de carácter ideológico o de oportunismo político. Por un lado el silencio inadmisible ante todos los actos realizados por Guyana en las que este país no sólo desconoce nuestra reclamación sobre el territorio Esequibo, sino peor aún, se hizo la vista gorda cuando Guyana otorgó concesiones en la fachada atlántica del Delta Amacuro.
Con Colombia este gobierno pretendió reiniciar conversaciones pero limitándolas únicamente a la delimitación del golfo de Venezuela y no a todos los temas tratados en su conjunto como tiene que ser. La crisis surgida con Guyana ha pospuesto, afortunadamente, el mal inicio de esas presuntas conversaciones.
La ignorancia y los intereses políticos de corto plazo no pueden prevalecer sobre la indivisibilidad territorial del país, como tampoco restringir la autodeterminación al darle facultades que no le competen a un gobierno extranjero. La Constitución vigente es muy clara al respecto y quien no la acate no debe ni puede gobernar.
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