RONNY PADRÓN| EL UNIVERSAL
miércoles 4 de junio de 2014 12:00 AM
Muy bien lo ha dicho esa gran dirigente patriota María Corina Machado cuando aseguró recién que hoy estaban más vigentes que nunca las razones para promover una "salida".
Una salida, "La Salida" el movimiento político iniciado el 12 de febrero pasado, proceso de protestas públicas, pacíficas y no armadas, no vistas en Venezuela desde hacía más de una década, y que continúa marcando la agenda política de este país en guerra contra el socialismo en gobierno, que no cesará hasta tanto se logre la vigencia plena de la Constitución, derogada por la fuerza a partir del 11 de abril de 2002.
Esa pertinente reivindicación por parte de la connotada dirigente demócrata viene a cuento en razón del más reciente episodio de despotismo protagonizado por la tiranía socialista, cuando la Fiscal General del PSUV, Luisa Ortega Díaz, convalidó la difusión de supuestos mensajes de correo electrónico, interceptados por los cuerpos de seguridad del régimen a un grupo de dirigentes de la resistencia, ello por parte del Jefe del PSUV en el municipio Libertador del Distrito Capital, Jorge Rodríguez; todo bajo la fútil excusa de que se trataría de una investigación sobre un problema de seguridad de Estado, que ella estimaba tan grave, que haría necesario su conocimiento en detalles, por parte de las posibles víctimas entre tales el usurpador Nicolás Maduro Moros.
Considerando que esta misma funcionaria reconoció la naturaleza punible de este hecho, de manera pública, y la citamos: "Si bien es cierto que el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 286, nos habla del carácter reservado de las investigaciones y que solamente pueden tener acceso a ellas quienes expresamente lo señala el Código nosotros estamos frente a un problema de seguridad de Estado (...) Fuente: http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140530/fiscal-admite-que-rodriguez-violo-el-copp-pero-lo-avala es muy válido pensar entonces que al régimen dejó de interesarle el sostenimiento de su fachada democrática, tan bien cuidada los últimos 12 años.
Así las cosas, sin el Estado de Derecho como adorno, salir del socialismo en gobierno pasó de ser la presentación de razones para buscar un cambio por vía constitucional, tal como se planteaba el 12 de febrero pasado, a constituir la necesidad existencial de hoy día, cuando resulta un hecho público, notorio y comunicacional que la permanencia del socialismo en el poder sólo significa la muerte de venezolanos por hambre, enfermedad o a manos del hampa, ello en razón de la imposibilidad real de esta doctrina para proveer políticas públicas eficientes cuando accede al poder político, dando pie en su lugar al caos y la destrucción de los pueblos bajo su dominio, algo certificado por la historia, Venezuela no podía ser la excepción.
Ante el proceso in crescendo de esclavitud y violencia, cabe preguntarnos: ¿Qué esperan los diputados, gobernadores, alcaldes y concejales, electos con los votos demócratas, como dirigentes políticos que son, para pronunciarse y asumir una conducta en consonancia con el artículo 333 de la Constitución, considerando como fuere la evidente inutilidad para la causa de la liberación nacional, el continuar ocupando cargos de esa naturaleza bajo tiranías socialistas, pues siempre terminan como peones colaboracionistas al sostenimiento de un régimen esclavista, que si bien es cierto les paga su salario, será siempre enemigo de la libertad y la dignidad de sus propios electores ¡Prohibido olvidar¡ Ora y Labora.
Una salida, "La Salida" el movimiento político iniciado el 12 de febrero pasado, proceso de protestas públicas, pacíficas y no armadas, no vistas en Venezuela desde hacía más de una década, y que continúa marcando la agenda política de este país en guerra contra el socialismo en gobierno, que no cesará hasta tanto se logre la vigencia plena de la Constitución, derogada por la fuerza a partir del 11 de abril de 2002.
Esa pertinente reivindicación por parte de la connotada dirigente demócrata viene a cuento en razón del más reciente episodio de despotismo protagonizado por la tiranía socialista, cuando la Fiscal General del PSUV, Luisa Ortega Díaz, convalidó la difusión de supuestos mensajes de correo electrónico, interceptados por los cuerpos de seguridad del régimen a un grupo de dirigentes de la resistencia, ello por parte del Jefe del PSUV en el municipio Libertador del Distrito Capital, Jorge Rodríguez; todo bajo la fútil excusa de que se trataría de una investigación sobre un problema de seguridad de Estado, que ella estimaba tan grave, que haría necesario su conocimiento en detalles, por parte de las posibles víctimas entre tales el usurpador Nicolás Maduro Moros.
Considerando que esta misma funcionaria reconoció la naturaleza punible de este hecho, de manera pública, y la citamos: "Si bien es cierto que el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 286, nos habla del carácter reservado de las investigaciones y que solamente pueden tener acceso a ellas quienes expresamente lo señala el Código nosotros estamos frente a un problema de seguridad de Estado (...) Fuente: http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140530/fiscal-admite-que-rodriguez-violo-el-copp-pero-lo-avala es muy válido pensar entonces que al régimen dejó de interesarle el sostenimiento de su fachada democrática, tan bien cuidada los últimos 12 años.
Así las cosas, sin el Estado de Derecho como adorno, salir del socialismo en gobierno pasó de ser la presentación de razones para buscar un cambio por vía constitucional, tal como se planteaba el 12 de febrero pasado, a constituir la necesidad existencial de hoy día, cuando resulta un hecho público, notorio y comunicacional que la permanencia del socialismo en el poder sólo significa la muerte de venezolanos por hambre, enfermedad o a manos del hampa, ello en razón de la imposibilidad real de esta doctrina para proveer políticas públicas eficientes cuando accede al poder político, dando pie en su lugar al caos y la destrucción de los pueblos bajo su dominio, algo certificado por la historia, Venezuela no podía ser la excepción.
Ante el proceso in crescendo de esclavitud y violencia, cabe preguntarnos: ¿Qué esperan los diputados, gobernadores, alcaldes y concejales, electos con los votos demócratas, como dirigentes políticos que son, para pronunciarse y asumir una conducta en consonancia con el artículo 333 de la Constitución, considerando como fuere la evidente inutilidad para la causa de la liberación nacional, el continuar ocupando cargos de esa naturaleza bajo tiranías socialistas, pues siempre terminan como peones colaboracionistas al sostenimiento de un régimen esclavista, que si bien es cierto les paga su salario, será siempre enemigo de la libertad y la dignidad de sus propios electores ¡Prohibido olvidar¡ Ora y Labora.
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