Jesús Ollarves afirma que el
gobierno busca esconder la escasez. Luis Alfonso Herrera asegura que se viola
la Constitución
CARMEN
SOFÍA ALFONZO A.
MARÍA FERNANDA SOJO
MARÍA FERNANDA SOJO
Por
presuntos boicot y acaparamiento, el gobierno en la última semana ha detenido a
más de 20 personas entre empresarios, comerciantes y gerentes de
establecimientos. A juicio del abogado Jesús Ollarves, el Ejecutivo utiliza
esos delitos “fraudulentamente para disfrazar la profunda escasez y la elevada
inflación que vive el país”.
“Esto es
un cinismo más de Maduro. Cómo pretende atacar a los pocos empresarios que nos
quedan por esos delitos, si todo el país sabe quiénes y dónde están los
bachaqueros, que son grandes responsables del desabastecimiento y las largas
colas en los comercios”, expresó.
Agregó
que las detenciones por esos delitos, además de que viola derechos humanos de
los afectados, son una estrategia del gobierno para distraer al ciudadano de las
causas reales de la situación económica del país. Con estos hechos, añadió, el
Ejecutivo busca esconder la ineficiencia, la corrupción y el descalfo –a
propósito de las divisas que funcionarios del gobierno reconocieron se le
otorgaron a empresarios de maletín– de su gestión.
Ollarves
afirmó que el Ejecutivo atemoriza y hostiga a la población, cuando le prohíbe
tomar y divulgar fotografías de colas y anaqueles vacíos. “Sé de casos de amas
de casa a las que se les ha abierto procedimientos judiciales por denunciar la
escasez en redes sociales con imágenes. En los comercios también
frecuentemente son víctimas de atropellos por parte de los bachaqueros y de
amenazas con cárcel por parte funcionarios de la Guardia Nacional si intentan
tomar alguna foto”.
El
profesor de la UCV y coordinador del Observatorio de la Propiedad de Cedice,
Luis Alfonso Herrera, afirmó que este tipo de acciones contra los ciudadanos
viola el artículo 117 de la Constitución Nacional, en el que se establece el
derecho a servicios de calidad y a elegir entre una variedad de oferta.
Sobre las
“tomas” que ha hecho el gobierno de las instalaciones de las empresas y
comercios intervenidos en los últimos días, Herrera dijo que no son otra cosa
que confiscaciones, porque hasta ahora no se les ha reconocido patrimonio a
ningunos de los dueños. “La acusación de los delitos de boicot y de
acaparamiento esconde que estas personas perderán el derecho de exigir algo por
sus patrimonios”, afirmó.
Desmontaron
argumento. José Vicente Aguerrevere,
presidente de la cadena de practimercados Día Día, rechazó que el director
general de la empresa, Manuel Andrés Morales, permanezca detenido en la sede
del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en el Helicoide, Caracas, aun
cuando, a su juicio, la defensa se ha encargado de desmontar el argumento del
que se le acusa: boicot y acaparamiento.
Aguerrevere afirmó que Morales
puede ser juzgado en libertad y con ciertos beneficios procesales, pero que los
alegatos han sido ignorados.
Vía El Nacional
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