Tulio Hernández
No
importa cuánto esfuerzo haga el aparato propagandístico del chavismo y sus
voceros para intentar convertirlo en un acto mítico y heroico, una vez que
Venezuela vuelva a tener institucionalidad y un gobierno democrático, el
levantamiento militar del 4 de febrero de 1992 será valorado oficialmente como
lo que realmente fue, un vulgar, común y corriente golpe de Estado militar.
Exactamente
igual en sus métodos y significados al que en 1948 le asestaran al gobierno de
Rómulo Gallegos las tropas dirigidas por Pérez Jiménez y Delgado Chalbaud. Como
los de Velasco Alvarado en 1968 contra Fernando Belaúnde Terry en el Perú, y
Augusto Pinochet en 1973 contra Salvador Allende en Chile. O como el que
intentó Antonio Tejero en España contra el gobierno de Adolfo Suárez en 1981.
Independientemente
de la ideología que los haya animado –unos de ultraderecha, otros
antiimperialistas–; de la cantidad de muertos, heridos y violaciones de
derechos que cada uno trajo consigo –unos extremadamente sangrientos, otros
menos–; o de sus resultados –unos triunfantes, otros derrotados–; todas estas
operaciones militares tienen en común el hecho de haber sido concebidas y
ejecutadas para arrebatarles el poder por la fuerza a gobiernos democráticos,
elegidos por sufragio universal, en situaciones en los que el juego político no
estaba suspendido y en las que la actividad partidista era absolutamente legal
y posible, y por tanto aún había espacios para resolver las crisis en
escenarios democráticos.
Es decir,
independientemente de las coyunturas difíciles por las que atravesaba cada
país, se trató en todos los casos de actos inconstitucionales, violatorios de
las leyes, en los que una cúpula o una logia militar, generalmente con el
argumento de que los gobiernos democráticos a derrocar son corruptos o han
sumido al país en el caos, intenta, y en algunos casos lo logra, hacerse del
poder político no por vía de la votación o la rebelión popular, sino por el
poder del fuego.
El golpe
del 92 no fue, hay que recordarlo, una rebelión militar contra una tiranía que
sojuzga a un pueblo. Como la llamada Revolución de los claveles que
sacó de juego la larga autocracia de Salazar en Portugal. Ni una revolución
armada, como la cubana o la sandinista, contra una dictadura militar. Las tres
con un evidente y amplio apoyo popular.
El golpe
del 92 fue un cuartelazo. Una doble cobardía. Atentar contra una democracia
usando la propia fuerza armada que había formado a sus líderes. Cuando el golpe
de Caracas no hubo masas en la calle celebrando. En la mañana del 5 de febrero
de 1992, ni en la del 27 de noviembre, nadie salió a la calle a expresar su
apoyo a los militares insurrectos. Hubo perplejidad, es cierto. Tampoco nadie
salió a la calle a defender la democracia. El modelo bipartidista ya
experimentaba su agotamiento. Pero nadie o tal vez muy pocos ansiaban un
gobierno militar.
Porque,
hay que recordarlo, cada vez que los militares dan un golpe con el argumento de
que se trata de poner orden y llamar de inmediato a elecciones, seguro se
quedan largos años en el poder. Una década entera, los golpista de 1948.
Diecisiete años, Pinochet en Chile. Y, aunque el intento del 92 por suerte
fracasó, la conversión posterior de la institución militar venezolana en
guardia pretoriana del proyecto rojo hecha a imagen y semejanza de Hugo Chávez
ha instalado a los militares de nuevo en el poder por quince años consecutivos.
Como un ritual, todos los 4 de
febrero recuerdo y vuelvo a contar la tarde cuando el expresidente Ramón J.
Velásquez, en su oficina de senador de la república, pocos días después del
golpe del 92, nos explicó a un grupo de amigos todavía treintones su opinión
sobre el suceso. “Alguien levantó las tapas del infierno, donde varias
generaciones de venezolanos, al costo de exilios, cárceles, muerte y tortura,
habíamos encerrado en 1958 los demonios del militarismo”, dijo. Nos miró a
todos y se preguntó: “¿Cuántas décadas les llevará a ustedes volverlos a
encerrar?”. Ya llevamos una y media.
Vía El Nacional
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