21 DE FEBRERO 2016 - 12:01 AM
“En máximo 60 días la ley de amnistía y reconciliación estará promulgada y aplicándose”, aseveró Delsa Solórzano, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, que analiza el proyecto con sectores sociales para someterlo, en unas semanas, a segunda discusión.
Solórzano, ponente del proyecto, aseveró que se beneficiará a más de 30.000 personas: “Hablamos de 115 presos políticos, más de 2.000 personas sometidas a proceso penal, pero también de los empleados públicos que puedan sentirse perseguidos”.
La esencia del texto está en el artículo 4, que propone la amnistía a los hechos considerados delitos o faltas “que se hayan cometido en la participación, organización o convocatoria de manifestaciones, protestas o reuniones con finalidad política” desde el 1° de enero de 1999 hasta la actualidad.
Pero un proyecto tan amplio, que beneficiaría a esa cantidad de personas, no es fácil de elaborar. Organizaciones no gubernamentales y abogados defensores de presos, perseguidos y exiliados hicieron su aporte.
Solórzano explica que la única forma de armar un proyecto tan ambicioso es centrarse en los hechos y delitos y no en cada caso en particular. “Cada hecho está enmarcado en circunstancias jurídicas que bien conocemos. Los abogados Jesús María Casal, Magaly Vásquez y yo tenemos un registro muy completo desde hace años. Sabemos quienes son los presos, donde están y por qué. Fue muy difícil que se nos escapara algo”, aseveró.
Si se aprueba, la ley de amnistía favorecerá, entre otros, a quienes hayan sido detenidos en las protestas de 2003 y 2004 por el revocatorio, las de 2006 por las elecciones presidenciales, las de 2007 por el cierre de RCTV y la reforma, las relacionadas con las presidenciales de 2013, y las protestas de 2014.
También propone la amnistía para los delitos ocurridos entre el 11 y el 14 de abril de 2002, así como los cometidos con motivo del paro nacional y petrolero de 2002 y 2003.
El proyecto plantea asimismo la amnistía por delitos como difamación e injuria, ofensa al presidente o a otros funcionarios, bien se trate de dirigentes políticos, periodistas, directores o editores de medios de comunicación.
El documento beneficia a los directivos o empleados de las empresas de medicinas y alimentos (artículo 19) y a los empleados públicos (artículo 42) “cuando el despido, destitución o remoción correspondiente haya obedecido a razones políticas”.
La aprobación en primera discusión del proyecto fue tensa; el debate duró casi cuatro horas y el chavismo lo negó por considerar que era una confesión de los peores delitos que se cometieron para sacar al régimen de Nicolás Maduro. “Es una ley de amnesia criminal”, afirmó Héctor Rodríguez, jefe del bloque de la patria.
El proyecto incluye, y es lo que usó el chavismo para desprestigiarlo, el perdón a quienes fueron acusados de instigación a la desobediencia de las leyes, al odio, apología del delito, instigación a delinquir, desobediencia a la autoridad, daños a la propiedad, asociación para delinquir, incendio, tráfico de drogas de menor cuantía y traición a la patria, entre otros.
Solórzano justifica los beneficios: “El gobierno usó las leyes penales para imputar a los presos políticos de cualquier barbaridad. El chavismo alega que se ampara a narcotraficantes, ¡no es así! A los niños que protestaban en campamentos les sembraron drogas y los culparon por microtráfico de drogas”.
El constitucionalista José Vicente Haro coincide en que los presos políticos fueron criminalizados, cuando simplemente ejercieron sus derechos políticos establecidos en la Constitución como libertad de expresión, pensamiento, manifestación y protesta.
Aún continúan detenidos
Arube Pérez
Policía metropolitano
Arube Pérez es uno de los policías metropolitanos que sigue preso en Ramo Verde desde 2003 (presentación voluntaria) por los sucesos del 11 de Abril. Aunque ha completado más de la mitad de la condena de 17 años que le fue impuesta, no se le otorgan fórmulas alternativas.
Su esposa, Yamilet Hernández, tiene sus esperanzas puestas en la amnistía: “Él no fue acusado ni sentenciado por violaciones de derechos humanos ni por delitos de lesa humanidad”.
Gregory Sanabria Tarazona
Estudiante de la UNET
Gregory Sanabria, de 21 años de edad, lleva un año y cuatro meses preso en el Sebin del Helicoide. Es estudiante de Ingeniería Informática de la UNET. Su madre, María Sanabria, confía en la ley de amnistía: “Pido de corazón que se dé. Mi hijo fue secuestrado. En el Ministerio Público no nos escuchan”. Como está en el mismo caso que el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, Sanabria tuvo apenas el lunes la audiencia preliminar.
Araminta González
Química
Araminta González, química profesional, tiene un año y siete meses en el INOF. La detuvieron en el centro comercial Líder y en principio la acusaron de terrorismo (cargo que se eliminó) y de fabricación de explosivos. La audiencia preliminar se realizó en diciembre. Su hermana, Miriam González, tiene fe en la amnistía: “Espero que ella y todos los privados de libertad que no han cometido ningún delito la disfruten, que el gobierno lo permita”. Mañana es su cumpleaños. “Feliz cumpleaños”, le deseó su hermana.
Lorent Saleh
Dirigente estudiantil
Lorent Saleh, dirigente estudiantil, lleva 17 meses preso en la Tumba, como se conocen los calabozos del Sebin de Plaza Venezuela, y el lunes pasado se volvió a diferir la audiencia preliminar (ya van 18 veces). Su causa se separó ese día de la del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma. Su madre, Yamile Saleh, no confía en que el gobierno apruebe la amnistía, pero la impulsa: “Hay que apostar por eso, ellos son inocentes, no deberían estar presos”.
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