El abogado y Defensor de Derechos Humanos (DDHH) Rafael Narváez, rechazó las mediaciones que efectúa el Gobierno nacional, a través del presidente Nicolás Maduro, para que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia obtenga una Ley de Amnistía, mientras rechaza la que se aprobó en la Asamblea Nacional (AN).
Nota de prensa
Narváez deploró que Nicolás Maduro permitiese la presencia de guerrilleros en el país, sobre todo por los altos índices de conflictividad social, violencia e inseguridad con los que conviven los venezolanos, buscando una amnistía “mientras existen presos venezolanos que no cometieron crímenes de guerra, que esperan salir de las cárceles” dijo.
“Venezuela se escogió como cuna de mediación de un grupo guerrillero como el ELN, que ha asesinado a mucha gente en Colombia y también busca amnistía a pesar de que cometieron delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, y esa es una limitación importante para la amnistía” expuso.
El jurista recomendó al primer mandatario nacional asesorarse con un Procurador, que le explique los alcances de este tipo de leyes y su significado. Recordó que el fallecido presidente Hugo Chávez salió de la cárcel gracias a una ley similar, promulgada por el entonces presidente Rafael Caldera. En ese sentido, explicó que este marco legal no contempla otorgar libertad a quienes cometieron crímenes de Lesa Humanidad ni crímenes de guerra, tampoco a quienes delinquieron con crímenes comunes. “Ninguno de los presos políticos está acusado por la Fiscalía del Ministerio Público por los delitos que representan limitaciones para recibir el beneficio de la Ley de Amnistía” especificó.
Para el activista de DDHH la negativa del Gobierno nacional de promulgar este marco legal representa un desconocimiento de la voluntad popular expresada a través del voto el pasado 6 de diciembre y por ende un desconocimiento pleno de la autoridad que representaría el parlamento como legítimo representante del poder originario, obtenido por el sufragio democrático.
Sin embargo, señaló que si el presidente Nicolás Maduro insiste en rechazar la ley aprobada por el parlamento, el poder legislativo tiene la potestad de promulgarla, tal y como lo establece el artículo 216 de la Constitución Nacional, bajo el cual el presidente de la AN, así como los dos vicepresidentes, tienen esas facultades. Con esto, indicó que el rechazo de Nicolás Maduro solo denota un conflicto de poderes en el cual las instituciones persisten en estar doblegadas ante el poder central y no manifiestan acciones autónomas, sobre todo en un contexto país en el cual la ciudadanía requiere de un respeto a los marcos constitucionales y el Estado de Derecho.
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