GUSTAVO HERNÁNDEZ DÍAZ
28 DE AGOSTO 2016 - 12:31 AM
Yo marcho el 1 de septiembre por la activación inmediata del referendo revocatorio del mandato presidencial de Nicolás Maduro. Inaceptable que el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia no garanticen el referendo como derecho político constitucional, que en su artículo 72 establece: “Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato.”
Cada venezolano tendrá sus razones para solicitar el referendo presidencial. Señalaré las mías por la cuales expreso mi inconformidad con este régimen:
Uno, el gobierno ha deshonrado la Constitución Nacional de Venezuela, desde hace diecisiete años, con gravísimas consecuencias para la nación en el orden social, político, económico, comunicacional y cultural. La Constitución democrática es un pacto social explícito, diáfano y concreto entre el Estado y sus ciudadanos. Compromiso social que además exige deberes y derechos para limitar acciones irracionales e interpretaciones tendenciosas. Con Norberto Bobbio diría: “solo el poder puede crear el Derecho y solo el Derecho puede limitar el poder.” En el caso venezolano, se ha sobredimensionado el discurso político a favor de planes patrióticos y “motores productivos” fracasados y que no comulgan con la norma jurídica suprema. Gobierno hace culto de la personalidad de un presidente fenecido, cuyo legado, dogma, nunca estuvo en sincronía con los principios de la Constitución. Revolución, transición al socialismo, comandante eterno, guerra económica, cultura ecosocialista, jerga desolada del Plan Patria 2013-2019. Que se honre la definición democrática de Venezuela según el artículo 2 de la Carta Magna: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”. Debe imperar entonces el gobierno de las leyes para el funcionamiento cabal de las instituciones democráticas.
Dos, el gobierno no garantiza los derechos humanos en Venezuela. El artículo 19 de la Constitución reza: “El Estado garantizará a toda persona el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con la Constitución.” Evidencias empíricas de las organizaciones no gubernamentales fotografían la situación que está padeciendo nuestro país en materia de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Cito algunas cifras del Informe Anual de PROVEA-2015. El hambre tocó las puertas de los venezolanos: 315% de inflación de alimentos. Para el 80% de la población el ingreso es insuficiente para adquirir alimentos. 37,93% rubros de la canasta básica no se encuentran (CENDAS). 75% de la población en pobreza: cerca de 23 millones de personas. (ENCOVI). 6 de cada 10 venezolanos hacen colas de entre 6 y 8 horas para acceder a alimentos (CENDAS). 13,4% de desnutrición crónica. Salud en terapia intensiva: Venezuela gastó en salud el equivalente del 4,7% de su PIB, siendo el menor de la región. Para enero de 2016 droguerías solo surten 7 de cada cien medicamentos solicitados (CIFAR). Represión de la integridad personal aumentó 902,43%. Violación de derechos civiles y políticos: 78 presos políticos en el país, 3.770 detenciones por protestar (Foro Penal Venezolano). Caso emblemático, la sentencia anticonstitucional dictada contra el líder político Leopoldo López. Obviamente, que estas cifras inaceptables y repudiables han aumentado en el primer semestre de 2016. Razón le asiste a Norberto Bobbio cuando afirma que un gobierno democrático es aquel que actúa a favor del bien común, mientras que gobierno malo y egoísta, autocrático, actúa para el bien propio, con fines crematísticos.
Tres, el gobierno cercena la libertad de expresión, judicializa la opinión, induce la autocensura y niega el acceso a la información pública. El Informe de 2015 de IPYS-Venezuela reveló que las empresas mediáticas nacionales incurren en tres modalidades de censura: Orden de cambiar la redacción. Mandato de no publicar la información. Cambiar de fuente de evidente interés público. Otro dato importante: las instituciones del Estado, los no estatales y los grupos de fanáticos son responsables de limitar la información pública. La autocensura mediática o la inhibición de informar a la sociedad obedece a estos factores: Amenazas de acciones legales. Procedimientos judiciales contra medios. Silencio por parte del medio. Seguimiento policial. Disposición de difamación e injuria. Acusaciones del gobierno por terrorismo. (Podemos listar otros mecanismos de censura, asunto que ha sido muy bien analizado por Óscar Lucien en su libro Cerco Rojo a la libertad de expresión: “acoso tributario y fiscalización, agresiones físicas, intimidación, autocensura, uso discrecional de la pauta de propaganda del Gobierno, cierre de fuentes de información, cierre de medios, abusivas cadenas, resaltan en el panorama comunicacional venezolano”).
Cuatro, democracia y comunicación son dos caras de una misma moneda. Sin comunicaciones libres no puede hablarse de democracia. Sin pluralidad informativa es imposible contar con una visión integral de la agenda social. Sin información diversa no se puede tomar decisiones acertadas en materia de políticas públicas. El Estado venezolano no se comunica con la sociedad civil. El hecho de que cuente con una consistente infraestructura técnica en radio, televisión y medios electrónicos no significa que logre sintonizarse con los ciudadanos venezolanos. El gobierno no se identifica con el país. Su enorme poder de emisión mediática no cumple con la responsabilidad social primordial de fortalecer valores democráticos. El sistema nacional de medios públicos es una quimera. Más bien estamos en presencia de un sistema nacional de propaganda política, que oblitera la independencia, la creatividad y la libre expresión. Si desde hace años se cuestiona la calidad de la televisión en Venezuela, la situación, hoy por hoy, es muy alarmante con la presencia abusiva de las cadenas y propagandas en la franja audiovisual. Por esa razón elemental los ciudadanos huyen literalmente de la televisión nacional. Este “gobierno de televisión” se ha inventado un país, lo delicado es que cree en su propia fantasía, cuyo slogan publicitario se resume así: Somos felices, aquí no pasa nada. Si pasa, los culpables son: imperialismo, guerra económica, los tarifados de la CIA. El Tele-gobierno invade el espectro radioeléctrico con interminables cadenas, suerte de talk show, reality show, pero sin fans. Suman casi 3.000 alocuciones en diecisiete años de régimen. Las cadenas han quebrado a la industria televisiva nacional. Es un riesgo producir para la pantalla chica si a cada rato interrumpen con alocuciones y propagandas intempestivas. Los productores independientes pierden su independencia cuando se adaptan al circuito audiovisual gubernamental. Las audiencias son más libres: No soportan el asedio ideológico, cambian de canal y migran a la televisión internacional. Las audiencias protestan porque la pantalla venezolana no es democrática y porque el país en el que habitan tampoco lo es… Yo marcho el 1 de septiembre por la democracia.N
No comments:
Post a Comment