Carlos Blanco
La Constitución establece:
“Artículo 333. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.
“Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.
Confieso que es la primera vez que apelo favorablemente a estos artículos pues no veía su practicidad. Me imaginaba que si un ciudadano los invocaba, más que rebelde podría ser considerado loco; pero, ante la situación actual, he vuelto sobre ellos y me parecen de una claridad asombrosa.
Independientemente de las motivaciones de los constituyentes, esos artículos están tan vigentes como los demás. Los demócratas no pueden incurrir en el mismo dislate de los rojos para los cuales solo son válidos los artículos de la Constitución y las leyes que les interesan. Esa Constitución (un bodrio desde mi punto de vista) ha sido asumida por la sociedad y, por lo tanto, todo su articulado tiene el mismo valor. Hace mal el dirigente que, para enfatizar sus particulares puntos de vista, descalifica estos postulados que bien pueden ser la salvación del país.
Los dos artículos están concatenados de una manera maravillosa: el 333 apela a los ciudadanos investidos o no de autoridad. Es decir, hay una responsabilidad individual. Sin embargo, en el 350 quien tiene el derecho de desconocer es un ente plural y complejo denominado “el pueblo de Venezuela”, lo que en términos prácticos se refiere a su representación institucional. Dicho de otro modo, la forma eficaz de instrumentar el 350 es que lo ejerzan las instituciones que encarnan la sociedad venezolana en su pluralidad. En el día de hoy pienso que podrían ser los partidos políticos conjuntamente o por separado, la Asamblea Nacional, la Fuerza Armada institucional, la Iglesia o las iglesias y las universidades.
Invocar el 333 y el 350 es tan eficaz o ineficaz como las leyes que ha aprobado la Asamblea Nacional. No sirven hasta que alguien haga que sirvan. Se trata de restablecer la Constitución. Se trata de desconocer a “cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos".
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