30 DE AGOSTO 2016 - 12:01 AM
En recuerdo de Mercedes Pulido de Briceño
En una entrevista en Prodavinci en abril pasado Mercedes comentaba que el problema político de mayor envergadura era la hegemonía militar, pero que no se enfrentaba.
Cuando se materializó el golpe de Estado del 18 de octubre de 1945, contra el gobierno del general Isaías Medina Angarita, el historiador Manuel Caballero, en su libro sobre Rómulo Betancourt, destacó que en esa fecha los militares egresados de la Academia Militar habían entrado como factor de decisión en la escena política, por primera vez en la historia en Venezuela. Ahora bien, a pesar de que Medina Angarita era militar egresado de la Academia Militar, su régimen de gobierno inició un proceso de modernización política, al permitir la creación y organización de partidos políticos, incluso el comunista. Es necesario aclarar que ese gobierno, sin ser plenamente democrático, se caracterizó por la presencia mayoritaria de civiles, de honorables hombres en posiciones públicas, ministros, directores de ministerios y demás instituciones del Estado. En concreto, no fue un gobierno militar ni militarista. Sin embargo, no pudo superar el estigma de la hegemonía andina, ni la apertura a la elección directa del presidente.
El golpe de 1945, denominado luego “Revolución de Octubre”, tuvo como objetivo desmontar la estructura política que surgió luego de la muerte de Gómez y propiciar la elección del presidente de la República y de los miembros del Congreso Nacional, mediante el voto directo y secreto de todos los venezolanos. Y así fue; sin embargo, los militares con el liderazgo de Marcos Pérez Jiménez ya en la escena como factor de poder político, apenas dejaron que don Rómulo Gallegos, gobernara por menos de nueve meses al país.
A partir de su derrocamiento y hasta 1958 Venezuela tuvo un régimen político de militares. Y si tomamos en cuenta que, a pesar de que la Junta Revolucionaria de Gobierno del 45 se mantuvo en el poder tres años, presidida por un civil, Rómulo Betancourt, lo cierto es que en su composición había militares en destacada función gubernamental, con poder, por lo cual se puede indicar que fueron 13 años de presencia militar en tales gobiernos, desde 1945 y hasta 1958. Y luego del 23 de enero, aun cuando la Presidencia de la nueva junta es ocupada por un almirante, el régimen dictatorial es sustituido por un orden liberal democrático, dirigido, fundamentalmente, por civiles, mientras que las Fuerzas Armadas pasan a ocupar, por primera vez en su historia, una institución de soporte al régimen político naciente.
También es cierto que las Fuerzas Armadas fueron intervenidas, parcialmente, por los dirigentes de los partidos Comunista, MIR y otros aupadores de las guerrillas y lograron promover, contra la democracia, los alzamientos de Carúpano y Puerto Cabello, intentonas fracasadas y apabulladas por el sector dominante de las Fuerzas Armadas, el cual era claramente consciente de su rol institucional en defensa de la democracia.
A lo largo del periodo democrático, las Fuerzas Armadas se fueron convenciendo de la conveniencia del predominio del poder civil sobre el militar, en cuanto a política y activismo político se refiere, así como en la conducción de los sucesivos gobiernos. Desde luego, el libre pensamiento y las eventuales tendencias políticas, existían, pero no formaban parte del contexto institucional. Un hecho importante fue acordar elevar a grado universitario a los egresados de las academias militares y para 1975, a los cadetes que aprobaban el curso final de sus estudios, les eran otorgados títulos de licenciados en Ciencias y Artes Militares, relevando su participación social. Un hecho significativo fue la presencia de profesores civiles en varias cátedras del pénsum de las academias. No puede dejar de mencionarse que durante ese periodo democrático existió una política de Estado para que los oficiales y suboficiales tuviesen la oportunidad de perfeccionarse profesionalmente en otras academias e instituciones militares de países amigos, así como también a estudiar en prestigiosas universidades del exterior. Muchos oficiales y suboficiales tuvieron entonces la oportunidad de conocer los avances de las armas modernas y, de hecho, el país adquirió equipos y armamentos de última generación. Quizás el caso más emblemático fue la adquisición de los F-16, arma de uso exclusivo del gobierno de Estados Unidos, así como la construcción y operación de las fragatas de la industria bélica de Italia, también de tecnología de punta para ese entonces.
Se decidió crear el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, en donde concurrían militares y civiles para el análisis y consideración de los problemas del país con perspectiva nacional. Era un centro de discusión que mostraba el espíritu democrático dentro de un orden de convivencia entre lo civil y lo militar,
Convencidos de las bondades del sistema democrático, las Fuerzas Armadas actuaron como soporte institucional del Estado en la lucha y combate de las guerrillas, propiciadas por los partidos Comunista y MIR en alianza con la Cuba de Fidel Castro. Fueron años muy duros de lucha armada, hasta que su derrota fue definitiva. Como una demostración fehaciente del respeto, por parte de la democracia, a los derechos humanos, se decidió, de inmediato, permitir la actividad política de quienes habían tomado los caminos de la subversión armada, habían entregado sus armas y habían depuesto su intención insurreccional. Muchos de esos dirigentes, la gran mayoría, acataron el orden del régimen democrático y al disponerse a participar en su concierto, pudieron ser elegidos al Congreso de la Republica y a otros órganos deliberantes, como las asambleas legislativas de los estados y como ediles de los concejos municipales.
En sentido general, los gobiernos democráticos, sin perder nunca su carácter civil, dieron cabida relevante a oficiales activos de las FAN para el desempeño de algunas responsabilidades en la administración pública.
Sin embargo, para mediados de los ochenta, esa actitud de predominancia del poder civil sobre el militar, dentro del régimen jurídico institucional, fue cambiando progresivamente. Y de una manera taimada, sin sobresaltos, se fue construyendo una corriente de opinión de reasunción de la ideología del militarismo como factor de poder. La discusión anual y aprobación de los ascensos militares por el Senado, para los grados de coronel y general, generaba incomodidad en la jerarquía militar, por cuanto se aducía que los senadores no tenían la calificación suficiente y específica para evaluar los expedientes. Pero fue una realidad y, en verdad, esa disposición constitucional más bien les permitió, a los altos oficiales de las propias Fuerzas Armadas esmerarse y cuidar bien las propuestas de ascenso para que siempre fueran justificables. En muy raras ocasiones, alguna de las propuestas de ascenso fue objetada por el Senado.
Los sucesivos altos mandos militares de entonces eran conscientes de la existencia de esas corrientes internas de opinión, pero quizás no tenían una dimensión exacta de la extensión e intensidad de estos movimientos ideológicos militaristas. Las academias militares empezaron a prescindir de profesores civiles; los planes de estudio, igualmente, empezaron a cambiarse, con el argumento de que había que reforzar la formación militar y la fortaleza de la institución, la cual se sentía débil ante el poder civil. A los jóvenes cadetes que se incorporaban a la academias, les reprochaban, para desacreditarlos como personas, que se “parecían a un civil”; de este modo se fue creando un espíritu contrario al predominio del poder civil sobre el militar. Esta corriente de pensamiento militarista, acusaba y señalaba a la alta oficialidad como “entreguista” al poder civil y, en particular, como subordinada a los dirigentes políticos, lo cual hacía que muchos oficiales de alta graduación se abstuvieran de actuar de modo disciplinario.
Estos movimientos fueron progresivamente tomando cuerpo en el seno de las FAN y, a pesar de haberse cometido alguna que otra acción disciplinaria, estas fueron más bien dilaciones para enfrentar la realidad en su verdadero contexto. Y es allí donde y cuando aparecen en escena Hugo Chávez y otros oficiales, quienes utilizando inapropiadamente el nombre de Bolívar, luego de varias acciones tácticas, irrumpen con los golpes de Estado de febrero y noviembre de 1992. Hecho que en verdad sorprendió al establecimiento político civil y a la opinión pública, no lo fue así para el mundo militar, que lo tomó como una primera acción reivindicadora de su “legítima” y tradicional misión de “gobernar” a la patria de Bolívar.
La elección de Hugo Chávez cambió por completo el espectro político militar. Y a pesar de que fue elegido mediante el voto popular, su convicción era que lo había sido principalmente por su condición militar y no por seguir las pautas de la política tradicional. La Constitución de 1999 tiene un evidente sesgo militarista. En un foro realizado en Ifedec, uno de los constituyentitas de mayor renombre, Hermann Escarrá, indicaba, como crítica al proceso de la discusión de la Constitución, que Hugo Chávez había insistido, enfáticamente, en darle ese sesgo y otorgar privilegios a los miltares. Esa era y es la realidad.
A lo largo del régimen de Chávez, los militares fueron asumiendo cargos y posiciones, no solo en la administración pública, sino, además, en las empresas del Estado, incluyendo a Pdvsa. Su intención siempre fue muy clara: ir tomando control, a través de militares, preferentemente activos, de todas las labores funcionales y operativas de la administración pública, de modo de dar por sentado que este era un régimen de inspiración militar.
Se ha llegado al extremo actual, en el cual la participación militar prácticamente ocupa todo el espectro de la administración pública y de las empresas del Estado; hoy, en nuestros días, tal participación incrementada, de manera súbita, por las expropiaciones y apropiaciones, las intervenciones indiscriminadas del régimen, se hace más evidente.
De modo que, en la práctica, el gobierno de Maduro es un gobierno de militares. Y con una concepción ideológica sobre la preponderancia del Estado sobre los medios de producción y distribución de bienes que viene de las relaciones funcionales con el régimen cubano, que al parecer tiene las riendas del poder en Venezuela. De un modo insólito, a espaldas de la institucionalidad, se han creado empresas militares para el desarrollo de los negocios petrolero y minero. Con ello, se rompe la exclusividad que tiene Pdvsa, y no es de extrañar que, en un próximo paso Pdvsa sea una empresa administrada bajo la égida militar. Igual sucede con el arco minero, portador de recursos de última hora que le permitirán al gobierno, mediante concesiones mineras, hacerse de unos fondos para intentar superar la crisis económica. Y todo esto estará bajo la administración de los militares. La gran excusa: ¡ellos son los verdaderos defensores de los intereses nacionales y de la soberanía! Una verdad aparente, transfigurada por una realidad, el poder político de los militares. Quizás se están dando las bases de poder para que, en el caso de un cambio de gobierno, ya las Fuerzas Armadas tengan en sus manos el petróleo y las minas y sea esta peculiaridad una enorme restricción para quienes serían gobierno en los próximos años, puesto que sería muy cuesta arriba despojar a las Fuerzas Armadas de ese poder.
Hoy, sin vergüenza alguna, las Fuerzas Armadas se declaran revolucionarias y chavistas. Pero la desgracia de su fracaso está socavando, intensamente, el apoyo popular, ya que según apuntan las últimas encuestas, alrededor de 90% de los venezolanos, rechaza a este régimen. Y no se puede olvidar como factor de rechazo la presunta vinculación de altos oficiales con el tráfico de drogas. Pese a ello, y como en un postrer recurso de desesperación, se pretende militarizar y entregarles toda la distribución de alimentos a los militares, como si la causa de la escasez pueda ser enfrentada bélicamente, a través de acciones militares.
Y, téngase por seguro, lo que efectivamente harán es agravar aún más el tema de la escasez y la anarquía en general. Así como la inflación. Los militares no pueden parar y sostener la indignación nacional y algún día, mucho más pronto que tarde, el régimen y todos sus integrantes, sucumbirá, dejarán el poder y, desde luego, nos entregarán a Venezuela hundida en la peor crisis de su historia. Pero si el problema militar no se enfrenta política e institucionalmente sobrevivirá el militarismo con poder político, aun con un nuevo presidente.
La hegemonía militar sea quizás el gran escollo político de mayor relevancia nacional para la superación de la crisis nacional, por cuanto se ha destruido el entramado social civil que sostenía al régimen democrático durante el periodo 58/98. Este asunto se evade de ser tratado públicamente tanto por los dirigentes de la oposición, con la excepción de Ramos Allup, como por quienes emiten opinión en la prensa escrita y en los medios sociales. El temor inunda subliminalmente a los dirigentes políticos y cometen un gran error. Este tema debe ser discutido públicamente, tanto en la Asamblea Nacional como en otros foros de discusión. Así como la política económica estatista centralizada es necesario su discusión pública, del mismo modo el problema militar.
¿Entendemos o no el orden de los riesgos que impunemente se corren cuando se entrega el poder a una hegemonía military?
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