Por Maibort Petit
@maibortpetit
El gobierno estadounidense incluyó los
nombres del mayor general Néstor Luis Reverol Torres y del general
Edylberto Molina en la lista de fugitivos de la justicia estadounidense,
de acuerdo con un documento que fue entregado en la Corte Federal del
Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn.
Las gestiones hechas por el equipo de
Loretta Lynch, fiscal general de Estados Unidos, incluye la información
de los dos militares acusados de conspirar para traficar grandes
cantidades de cocaína a Estados Unidos desde Venezuela, entre enero 2008
y diciembre de 2010, de manera intencional y con conocimiento de que la
droga que enviaban era ilegal y conllevaba acciones legales y
criminales.
Lynch envió una comunicación a los
jueces de Distrito Este de Nueva York, Frederick Block y Allyne Ross, en
la que da una explicación de los delitos de los cuales acusan a Reverol
y a Molina, y advierte que ambos forman parte del mismo caso y son
acusados del mismo delito: conspiración para traficar narcóticos a
Estados Unidos.
Lynch trabaja este caso con un equipo integrado por los fiscales Walter Norkin y Gina Parlovecchio.
Congelación de bienes. La acusación
también informa que las propiedades de ambos acusados son objeto de
confiscación de acuerdo con lo establecido en el código de Estados
Unidos. El gobierno podrá confiscar toda propiedad que proceda y haya
sido obtenida como resultado de la actividad criminal por la cual están
siendo acusados.
En este caso, asegura la documentación,
las propiedades objeto de confiscación no podrán ser traspasadas,
vendidas, depositadas o transferidas a terceros, colocarse bajo
jurisdicción de la Corte, disminuirle el valor o ser divididas.
Motivado a que los dos acusados no están
en custodia de Estados Unidos se espera que en los próximos días sus
nombres, información y fotografías aparezcan en la lista de los
fugitivos buscados y que tanto Interpol como los otros organismos de
seguridad internacional tengan todos los elementos legales para proceder
a su captura donde se encuentren.
En el expediente se señala que el ex
comandante general de la GNB y director de la Oficina Nacional
Antidrogas y el subdirector de esa misma dependencia oficial “recibían
pagos de los narcotraficantes para recibir alertas de futuros
operativos, los lugares donde los agentes iban hacer las requisas y el
tiempo de las mismas de tal manera que tuviesen tiempo para mover la
droga de lugar y buscar rutas alternativas para sacar el producto de
Venezuela”.
La acusación del Gran Jurado de Nueva
York añade que gracias a la colaboración de los dos acusados los
carteles de la droga lograron operar en Venezuela, recoger la cocaína en
Colombia y llevarla a Estados Unidos vía México y Centroamérica. Los
cargamentos que salían de Venezuela consistían en “cientos de kilos de
cocaína, muchas veces excedían los miles de kilos en un solo envío”.
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