José Toro Hardy
Causa indignación la decisión anunciada por dirigentes del régimen de despedir a funcionarios públicos por el hecho de haber firmado la solicitud de un referendo revocatorio. Diosdado Cabello afirma que de 13 mil cargos directivos en la Administración Pública, más de 4 mil personas firmaron para activar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro e instó a denunciarlos. Por su parte Jorge Rodríguez declara que el presidente Nicolás Maduro fijó un plazo de 48 horas para que sus ministros despidiesen a algunos trabajadores de la administración pública que firmaron esa solicitud. Incluso Elías Jaua tuvo la desfachatez de afirmar que: “No es ético que un funcionario del gobierno firme para el revocatorio”.
Esos señores tienen un patuque de fanatismo en el cerebro. Nadie puede ser sancionado por solicitar un derecho constitucional. ¿O es que ellos creen que por el hecho de ser funcionario se pierden los derechos constitucionales?
El verdadero conflicto ético surge cuando un grupo considera que el revocatorio es sólo aplicable a otros, pero que ellos, por ser revolucionarios, no pueden ser revocados. ¡Qué equivocados están!
El artículo 72 de la Constitución dice textualmente:
“Todos los cargos y magistraturas de elección son revocables. Transcurrida la mitad del periodo para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del 20% de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrán solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato”.
En vida, fue el presidente Hugo Chávez quien promovió la figura del Referendo Revocatorio con la vehemencia que le era característica y fue él quien se empeñó en incluirla en la Constitución de 1999: “Pasada la mitad del mandato siempre me ha parecido que el pueblo debe someter a sus gobernantes a una evaluación (…) Tres años es tiempo más que suficiente para que un pueblo sepa si ese representante está cumpliendo, o si le ha dado la espalda”.
La realidad es que no ha existido un gobierno en toda la historia de Venezuela que, habiendo dispuesto de tantas oportunidades, haya terminado dándole de tal forma la espalda al pueblo. La economía venezolana se ha hundido en una crisis económica sin precedentes, como sin precedentes es el crecimiento de la pobreza. Después de haber atravesado por casi tres lustros de súper abundancia petrolera, resulta inexplicable lo poco que le quedó al país. Todo se perdió en los vapores del populismo y la corrupción. Nada tiene de extraño que más del 80% de los venezolanos quieran hoy, siguiendo el consejo de Chávez, sancionar la labor del presidente Maduro.
Frente al colapso por el cual atravesamos, no queda otro recurso que acudir al “Poder Originario” para que conforme a lo establecido en el Art. 72 de la Constitución dictamine si el Presidente Maduro debe o no seguir al frente del Ejecutivo. La decisión quedaría en manos de “la voluntad originaria, soberana, suprema y directa del pueblo”. Bloquear o retrasar esa consulta daría al traste con la legitimidad de origen del gobierno, desatando el riesgo de una reacción popular en su contra. En lugar de apelar al Art. 72, el país podría lanzarse por la vía del desconocimiento contemplada en el Art. 350.
La “Toma de Caracas” del 1de septiembre representa la voz de una parte mayoritaria del Poder Originario reclamando en forma pacífica y democrática el cumplimiento de un derecho constitucional. Si el régimen lo impide o lo retrasa, estará insurgiendo contra la voluntad del pueblo que lo eligió y que ahora tiene el derecho a revocarlo si se cumplen las condiciones.
Hoy, como nunca, la comunidad internacional está pendiente de lo que ocurre en Venezuela. El gobierno está cada vez más aislado. Ya pronto no podrá contar ni siquiera con su defensor estrella, Ernesto Samper -Secretario General saliente de UNASUR- cuyo mandato concluye este mes. Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Perú y Guyana no están dispuestos a reelegirlo. El repudio al régimen se manifiesta también en el MERCOSUR, donde la canciller Delsy Rodríguez tuvo que tragar la cicuta amarga del rechazo después de auto proclamar a Venezuela como presidente protempore de la organización.
Y el régimen corre el riesgo de verse enfrentado a la más grave sanción de la OEA, en caso de obstaculizar la realización oportuna del Referendo. Así lo ha anunciado Luis Almagro.
El 1 de septiembre el mundo entero tendrá una inmensa lupa sobre Venezuela. Cualquier violación de los DDHH que se produzca ese día provocaría un repudio universal. Las FAN lo saben. El Ministro de la Defensa ha declarado que el pueblo tiene derecho a protestar en forma pacífica, tal como el 6D entendió que había que respetar los resultados electorales.
La “Toma de Caracas”, multitudinaria y pacífica, será el termómetro que mostrará a todos, inclusive a nuestros propios militares, cuál es el camino que deseamos los venezolanos. Participemos todos. Hagamos del 1 de septiembre la manifestación más grande que hayamos tenido en Venezuela.
petoha@gmail.com
@josetorohardy
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