Dictadura en vilo
NERIO ENRIQUE ROMERO | EL UNIVERSAL
sábado 18 de diciembre de 2010 02:31 PM
Cuando el actual Gobierno impuso en el 2005 su designio de nombrar, por cuenta propia y exclusiva, 12 jueces adicionales en el Tribunal Supremo de Justicia, comenzó a rodar el engranaje de una dictadura en Venezuela. El control de un partido sobre la justicia, y más si ese partido está bajo el dominio de quien ejerce unipersonalmente el Poder Ejecutivo, cierra los caminos pacíficos a través de los cuales los ciudadanos (personas, partidos, empresas, sindicatos, ONG u otras) pueden oponerse a imposiciones gubernamentales que vulneren sus derechos y obtener del propio poder del Estado (en su rama judicial), la justicia. Uno o dos años antes se habían echado las bases fácticas para que un exabrupto tan grave fuera posible en pleno siglo XXI, al apartar, neutralizar o expulsar de la Fuerza Armada a quienes en ella pudieran, ante un eventual conflicto político o constitucional derivado de esas acciones para tomar el control total e incondicional de los poderes del Estado, oponerse al uso de esa institución como brazo armado del partido y el líder aspirante a imponer su dictadura.
Desde entonces, la interpretación y aplicación de la Constitución y las leyes quedó casi totalmente cerrada como vía para dirimir diferencias entre los ciudadanos y el Gobierno, o entre las organizaciones sociales y el Gobierno, o entre gobiernos regionales y locales y el Gobierno nacional, para pasar a ser un mecanismo que asegura la imposición de los designios del gobierno central frente a todo el que ose oponérsele, casi en cualquier asunto. ¿De qué otro modo puede interpretarse, por ejemplo, la convalidación judicial de una ley por la cual el gobierno central arrebata a los regionales la competencia sobre puertos y aeropuertos a pesar de que la Constitución establece que ésta es competencia ex-clu-si-va de ellos? ¿O que varios jueces sean destituidos de inmediato por decisiones que molestan al Gobierno? El control del aparato judicial, aunado a la amenaza implícita del garrote militar y policial, es el mecanismo central, a nuestro juicio, de esta dictadura en pleno desarrollo que hoy padecemos.
Por supuesto, a la voluntad autoritaria le ha sido muy útil, en el propósito de consolidar el poder absoluto, haber sometido a su control instituciones como la Fiscalía del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General, las cuales ahora pueden utilizar a discreción para atacar a quienes se opongan a sus designios (válidamente o no, eso ha dejado de importar), sean estos políticos o no. Para proveerse un muro de contención frente a quienes osen accionar contra él en defensa de sus propios derechos. Y hasta para amenazar a sus propios partidarios, cuando hace falta. El resultado es una sociedad convencida de que nada puede hacer a través del Poder Judicial y del llamado Poder Ciudadano para defenderse de atropellos gubernamentales. Una sociedad que vive en tal situación está sometida a una dictadura, ¿de qué otro modo podría llamársele?
También ha sido muy útil a la voluntad autoritaria del gobierno central una situación que viene desde el siglo XX: la facultad de concentrar en las arcas centrales casi todo el volumen de recursos que los ciudadanos aportamos a través de los impuestos, por una parte; y el dinero de la renta petrolera, por la otra. Aunque la Constitución establece que porcentajes significativos de éstos pertenecen a los estados y municipios, el hecho de que el gobierno central sea el único cobrador y su primer receptor, pone en sus manos un importante garrote, así como multitud de zanahorias para hacer demagogia. Y aunque la Constitución ordena crear las haciendas públicas regionales, para que los estados puedan recibir directamente la porción de los impuestos que les corresponde, los intentos por hacerla cumplir han sido burlados, lo cual constituye una violación constitucional que clama al cielo. Pero, pensándolo bien, ¿podría imaginarse a una dictadura en desarrollo haciendo algo distinto?
Otros elementos magistralmente utilizados han servido para apuntalar el desarrollo de esta dictadura: el alargamiento del período presidencial, la reelección indefinida, y la exclusividad presidencial (en la práctica) de la facultad de conceder los ascensos militares. Y haber convertido al ente electoral, antes de conformación multipartidaria, en un ente dominado por el Gobierno con la excusa de que sus rectores deben ser independientes. ¿Cómo se ha logrado ese milagro de la lógica del siglo XXI? Muy fácil: dirigentes del partido de Gobierno presentan una renuncia (de papel) a su militancia un día antes de ser postulados, y acceden a esos cargos en condición de "independientes". Alguien podría argumentar que esos nombramientos serían fácilmente impugnables judicialmente; sí, anímese a hacerlo y siéntese a esperar los retorcidos argumentos de la sentencia que dictaminará que usted no tiene razón. Otro diría que eso podría revertirse a través de movilizaciones populares: ya se ha hecho, con sus correspondientes raciones de perdigones, gas lacrimógeno, oídos sordos, días de prisión y citaciones judiciales para los manifestantes. En auxilio de la convalidación judicial del atropello, viene el garrote policial y militar. Como vemos, el círculo se cierra, una y otra vez. El círculo del poder absoluto.
¿Cómo podemos decir entonces que Venezuela no vive bajo una dictadura con argumentos como el de que yo puedo escribir este artículo y usted puede leerlo? Vivimos en una dictadura, pero una dictadura en vilo. Acaso por eso, por estar en vilo, aún no es reconocida como dictadura por muchos. ¿Por qué en vilo?, eso lo argumentaremos en el próximo artículo.
Desde entonces, la interpretación y aplicación de la Constitución y las leyes quedó casi totalmente cerrada como vía para dirimir diferencias entre los ciudadanos y el Gobierno, o entre las organizaciones sociales y el Gobierno, o entre gobiernos regionales y locales y el Gobierno nacional, para pasar a ser un mecanismo que asegura la imposición de los designios del gobierno central frente a todo el que ose oponérsele, casi en cualquier asunto. ¿De qué otro modo puede interpretarse, por ejemplo, la convalidación judicial de una ley por la cual el gobierno central arrebata a los regionales la competencia sobre puertos y aeropuertos a pesar de que la Constitución establece que ésta es competencia ex-clu-si-va de ellos? ¿O que varios jueces sean destituidos de inmediato por decisiones que molestan al Gobierno? El control del aparato judicial, aunado a la amenaza implícita del garrote militar y policial, es el mecanismo central, a nuestro juicio, de esta dictadura en pleno desarrollo que hoy padecemos.
Por supuesto, a la voluntad autoritaria le ha sido muy útil, en el propósito de consolidar el poder absoluto, haber sometido a su control instituciones como la Fiscalía del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General, las cuales ahora pueden utilizar a discreción para atacar a quienes se opongan a sus designios (válidamente o no, eso ha dejado de importar), sean estos políticos o no. Para proveerse un muro de contención frente a quienes osen accionar contra él en defensa de sus propios derechos. Y hasta para amenazar a sus propios partidarios, cuando hace falta. El resultado es una sociedad convencida de que nada puede hacer a través del Poder Judicial y del llamado Poder Ciudadano para defenderse de atropellos gubernamentales. Una sociedad que vive en tal situación está sometida a una dictadura, ¿de qué otro modo podría llamársele?
También ha sido muy útil a la voluntad autoritaria del gobierno central una situación que viene desde el siglo XX: la facultad de concentrar en las arcas centrales casi todo el volumen de recursos que los ciudadanos aportamos a través de los impuestos, por una parte; y el dinero de la renta petrolera, por la otra. Aunque la Constitución establece que porcentajes significativos de éstos pertenecen a los estados y municipios, el hecho de que el gobierno central sea el único cobrador y su primer receptor, pone en sus manos un importante garrote, así como multitud de zanahorias para hacer demagogia. Y aunque la Constitución ordena crear las haciendas públicas regionales, para que los estados puedan recibir directamente la porción de los impuestos que les corresponde, los intentos por hacerla cumplir han sido burlados, lo cual constituye una violación constitucional que clama al cielo. Pero, pensándolo bien, ¿podría imaginarse a una dictadura en desarrollo haciendo algo distinto?
Otros elementos magistralmente utilizados han servido para apuntalar el desarrollo de esta dictadura: el alargamiento del período presidencial, la reelección indefinida, y la exclusividad presidencial (en la práctica) de la facultad de conceder los ascensos militares. Y haber convertido al ente electoral, antes de conformación multipartidaria, en un ente dominado por el Gobierno con la excusa de que sus rectores deben ser independientes. ¿Cómo se ha logrado ese milagro de la lógica del siglo XXI? Muy fácil: dirigentes del partido de Gobierno presentan una renuncia (de papel) a su militancia un día antes de ser postulados, y acceden a esos cargos en condición de "independientes". Alguien podría argumentar que esos nombramientos serían fácilmente impugnables judicialmente; sí, anímese a hacerlo y siéntese a esperar los retorcidos argumentos de la sentencia que dictaminará que usted no tiene razón. Otro diría que eso podría revertirse a través de movilizaciones populares: ya se ha hecho, con sus correspondientes raciones de perdigones, gas lacrimógeno, oídos sordos, días de prisión y citaciones judiciales para los manifestantes. En auxilio de la convalidación judicial del atropello, viene el garrote policial y militar. Como vemos, el círculo se cierra, una y otra vez. El círculo del poder absoluto.
¿Cómo podemos decir entonces que Venezuela no vive bajo una dictadura con argumentos como el de que yo puedo escribir este artículo y usted puede leerlo? Vivimos en una dictadura, pero una dictadura en vilo. Acaso por eso, por estar en vilo, aún no es reconocida como dictadura por muchos. ¿Por qué en vilo?, eso lo argumentaremos en el próximo artículo.
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