Diego Arria reitera llamado a diputados electos a desconocer paquete de leyes
19 Diciembre, 2010
Diego Arria. Foto archivo
A continuación el artículo de Diego Arria:
El 26 de septiembre los venezolanos eligieron a los parlamentarios de la nueva Asamblea Nacional que asume funciones el próximo 5 de enero. Una campaña en la cual el régimen centró la casi totalidad de su atención en la figura del presidente venezolano, quien solicitó más apoyo para su proyecto de convertir a Venezuela en un estado comunista que para respaldar a sus candidatos. Resultado: 53 por ciento de los electores lo rechazó.
El revés desencadenó múltiples reacciones del régimen que avizora por primera vez que su líder sea derrotado en las elecciones presidenciales de diciembre del 2012. La primera: declaración del oficial de mayor rango de la fuerza armada nacional de que “en caso de que la oposición ganase las elecciones presidenciales la fuerza armada no permitiría que asumiera el gobierno”. La respuesta del presidente Chávez fue ascender al grado de general en jefe a su “leal” colaborador, identificado en la lista de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos como cooperador de las FARC en tráfico de armas, drogas y lavado de dinero.
La segunda, hacer aprobar el 10 de diciembre un paquete de leyes que crearían el “Estado del Poder Popular”, paralelo al Estado constitucional. O sea, ponerle fin a la democracia representativa, y bajo el supuesto de asignar todo el poder al pueblo, reemplazar la Asamblea Nacional por una Asamblea del Poder Popular, cuyos integrantes serían elegidos por las comunas en votaciones indirectas, tal como lo hacen los regímenes de Cuba y de la Libia de Gadafi, en cuyos modelos se ha inspirado el presidente venezolano.
Se eliminarían las elecciones directas, dejándose a la Asamblea del Poder Popular la escogencia del Presidente de la República. Y este es el propósito fundamental de toda esta telaraña legislativa de última hora: preservar a toda costa al presidente en el poder, no arriesgándolo a participar en elecciones directas.
La excusa de jerarcas civiles y militares es: “La revolución es lo que está en juego”. Cierto, pero advierten el alto costo personal que tendría para ellos, y sobre todo para Hugo Chávez, una alternabilidad democrática, porque tribunales nacionales e internacionales se ocuparían de ellos por la acumulación de delitos de corrupción, violación de derechos humanos y hasta de lesa humanidad.
Para terminar de ejecutar su maniobra anticonstitucional, el presidente “ordenó” a la Asamblea la facultad para legislar por decreto por doce meses; la reforma de la ley de telecomunicaciones que le permitiría el control del internet y la restricción de los medios audiovisuales; y de la Ley de Universidades, que dejaría en manos del Estado todo lo concerniente a las universidades, pénsum de estudios y designación de profesores. En suma, decapitar la autonomía universitaria.
La urgencia del presidente venezolano viene dada porque llega a término una legislatura que controla totalmente a una donde no tiene el control total y necesita suplantarla de facto con una asamblea popular a la medida de su despropósito político principal: el mando de un estado comunista tal como definió Fidel Castro el socialismo del siglo XXI promovido por Chávez.
¿Y cuál es la salida? Asumir con firmeza acciones ciudadanas democráticas. Desde un referéndum para abrogar estas leyes, hasta un llamado a la desobediencia civil previsto en el Artículo 350 de nuestra Constitución: “El pueblo de Venezuela… desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.
En este sentido el 5 de enero, al instalarse la asamblea, los 67 diputados representantes de la mayoría popular que los eligió pueden declarar formalmente su desconocimiento a estas leyes por ilegítimas, al ser contrarias a la voluntad popular y a la Constitución.
Sólo una acción de esta naturaleza puede provocar el inicio de una desobediencia generalizada como corresponde a la circunstancia que enfrentamos todos los venezolanos sin distingo de posiciones políticas, sociales o económicas. De otro modo pasivamente habremos dado paso franco a la dictadura.
Venezuela no está enfrentada a la ficción de todo el poder para el pueblo, sino a la realidad de todo el poder para Hugo Chávez. Ya lo había anticipado esta frase: “Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho”.
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