En: http://www.lapatilla.com/site/2012/09/17/chavismo-cojea-en-la-recta-final-por-libertinaje/
Lo ilícito se multiplicó en la revolución. Los casos son públicos. Hay desde magistrados que denuncian relaciones del narcotráfico con el Sistema Judicial, militares favorecidos por empresarios, obras inconclusas hasta comida podrida en puertos del Estado. La contraloría falló.
La falta de independencia en los poderes propició la situación, señaló Mercedes de Freitas, coordinadora de Transparencia Venezuela y miembro de la organización Asistencia Legal Anticorrupción.
“Aquí no se interpela a los funcionarios públicos, no se autorizan ni avanzan investigaciones, no se exige al Ejecutivo requerimientos de ninguna índole para la aprobación de recursos. Tampoco hay críticas al presupuesto nacional ni a los programas sociales en ejecución”.
La Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo y la Fiscalía incumplen con sus competencias. La situación traduce un “Estado con altos riesgos de corrupción porque existe poca eficiencia para comprobar que el dinero llega a donde debe y no se quedó en ningún bolsillo”.
No renovar al gabinete ni averiguar el desempeño de sus integrantes convirtió en “irresponsable” al Gobierno. Mercedes de Freitas sostuvo que es “evidente la impunidad al no revisar quiénes están alrededor de los casos y solicitarles su renuncia. Lo peor es que la población se siente impotente, cree que no se puede hacer nada”. Sus afirmaciones no son una “exageración”, dijo con énfasis. Se soportó en hechos.
Recordó que la Contraloría General de la República no incrementa su nómina desde el año 2000 para vigilar los ingresos multimillonarios con la venta de petróleo a mas de 100 dólares, las misiones, los ministerios nuevos y los acuerdos económicos internacionales a pesar de que “mientras más grande sea el tamaño del Estado hay más posibilidad para la apropiación indebida de un particular o un privado”.
Cuento distinto
“Hugo Chávez llegó a la presidencia en 1998 con la promesas de acabar con la corrupción pero en su gobierno, cada vez más autoritario, la administración de la riqueza nacional pasó de ser no satisfactoria a caótica”.
Ese es el balance de Gustavo Coronel, expresidente de Petróleos de Venezuela y exrepresentante en Venezuela de Transparencia Internacional.
Con cifras lo demostró en un artículo que publicó sobre el tema. “Alrededor de un billón de dólares del ingreso nacional se despilfarra en proyectos improvisados y costosos, distribuido a venezolanos en la forma de subsidios que compran un bienestar temporal para comprar influencia política para Chávez en el hemisferio y el mundo”.
Otros números lo corroboran. Venezuela alcanzó una posición deficiente en el Índice de Percepción de Corrupción 2011 (IPC) al obtener solo 1,9 puntos sobre 10 en la evaluación. Quedó en el puesto 172 entre 182 países incluidos en el informe.
Alejandro Salas, director para las Américas de Transparency International, lo atribuyó a una “institucionalidad débil”, donde el gobierno o actor político principal, es “muy fuerte y no hay balance de poder”.
Pero Coronel añadió otras razones. “La intensidad de la corrupción en la Venezuela de Chávez tiene un fuerte componente político, social y financiero con violaciones sistemáticas a la Constitución y las leyes”.
Para él, “podría decirse que la corrupción es el único componente del sistema político que se volvió más democrático. En contraste con las dictaduras del pasado, donde el ejercicio de la corrupción era un privilegio de una élite, Chávez permitió que una masa considerable de sus seguidores participen, en distinto grado, de la piñata del dinero”.
Los cambios
A Miraflores, Gustavo Coronel, la consideró “un centro de operaciones” que aprueba “cantidades significativas de dinero para subsidios a segmentos de la población para aumentar el paternalismo”.
Su concepto de PDVSA es que ya “no es una empresa petrolera, sino un conglomerado incoherente de diversos negocios que van desde la importación y distribución de alimentos hasta el entrenamiento de atletas. El Gobierno ignora con descaro los escándalos como la contratación de la plataforma de perforación mar adentro Aban Pearl a una empresa fantasma o el uso ilegal del Fondo de Pensiones de los empleados con fines especulativos”.
Destacó que el Ministerio de Defensa y la Guardia Nacional Bolivariana, en un reporte de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno para el Congreso de Estados Unidos, informó sobre una creciente corrupción en las Fuerzas Armadas con supuestos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
A su juicio, se generó “una nueva y corrupta clase social en reemplazo de la tradicional clase media, conformada por contratistas del Estado, familiares y amigos de las personas en posiciones de poder, oficiales de las fuerzas armadas y miembros de la burocracia estatal”.
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