SOLEDAD MORILLO BELLOSO| EL UNIVERSAL
viernes 18 de julio de 2014 12:00 AM
La teoría de los frutos del árbol envenenado es una metáfora que explica la imposibilidad de hacer uso de pruebas obtenidas de manera ilícita. Si la fuente -el árbol- está contaminado, lo que se derivé de ella, la fruta, también lo estará. La teoría hace uso de una clara figura literaria para marcar la ilicitud de las pruebas obtenidas mediante un acto ilícito.
Imaginemos que la policía entra en una casa y realiza un registro. Para hacerlo precisa de una correspondiente autorización suscrita por un ente judicial. Esto es la conocida "orden" de la que se habla en programas de televisión de policías, fiscales y jueces. Si al realizarlo la policía no cuenta con una orden emitida por un tribunal, estaría vulnerando un conjunto de derechos de la persona que habita en la casa, entre ellos el derecho a la intimidad e inviolabilidad domiciliaria. Imaginemos que la policía procede al registro de una vivienda, oficina, comercio, sin la obligada autorización judicial y que al hacerlo halla pruebas de un delito -por ejemplo un asesinato- y además esas pruebas permiten determinar la culpabilidad de una persona (cuchillo ensangrentado, ropa de la víctima...). La "teoría de los frutos del árbol envenenado" impide que esas pruebas puedan ser utilizadas contra el presunto asesino pues el registro se realizó violando derechos fundamentales de éste; si el árbol -procedimiento del registro de la casa se hizo ilegalmente- está envenenado, los frutos -las pruebas obtenidas en ese registro ilegal- no se pueden comer, no se pueden utilizar como elementos probatorios. Se ha hecho hábito que el Gobierno pinche teléfonos, grabe conversaciones y las difunda por medios del Estado, sin orden judicial. Lo que se diga en esas grabaciones es fruto del árbol envenenado y ningún tribunal aceptaría estas pruebas. El asunto no es mero leguleyismo pues la orden judicial previa es garantía de que las pruebas obtenidas no serán alteradas, de ocurrir constituiría un delito. Pero el asunto de las grabaciones no persigue obtener evidencias con valor probatorio, sino el linchamiento político, que es un delito. Dado que ocurre en medios de público acceso, la Fiscalía puede actuar de oficio y proceder contra quienes al difundir grabaciones obtenidas ilegalmente se convierten en delincuentes. Más grave es el asunto por cuanto el delito lo cometen empleados del Estado a través de medios estatales.
Igualmente, cuando los anclas de los medios del Estado emprenden una campaña tendenciosa a favor de Hammas en el actual conflicto, sin presentar las otras dos visiones y atacando de verbo a Israel, no solo ejercen un periodismo carente de ética y profesionalismo, sino que están haciendo algo gravísimo, instigan a un posible linchamiento de los judíos que viven en Venezuela quienes en su mayoría son, ademas de judíos, venezolanos. De nuevo, como el delito es un hecho público, notorio comunicacional, la Fiscalía puede y debe actuar de oficio. No hacerlo pinta de cuerpo entero cómo una institución fundamental para la democracia como es la Fiscalía, es la primera en violar la ley y la Constitución. Y así proceden otras instituciones públicas. Es el Estado contra los ciudadanos. No hay que ser Einstein para concluir que han convertido a Venezuela en un árbol envenenado.
Imaginemos que la policía entra en una casa y realiza un registro. Para hacerlo precisa de una correspondiente autorización suscrita por un ente judicial. Esto es la conocida "orden" de la que se habla en programas de televisión de policías, fiscales y jueces. Si al realizarlo la policía no cuenta con una orden emitida por un tribunal, estaría vulnerando un conjunto de derechos de la persona que habita en la casa, entre ellos el derecho a la intimidad e inviolabilidad domiciliaria. Imaginemos que la policía procede al registro de una vivienda, oficina, comercio, sin la obligada autorización judicial y que al hacerlo halla pruebas de un delito -por ejemplo un asesinato- y además esas pruebas permiten determinar la culpabilidad de una persona (cuchillo ensangrentado, ropa de la víctima...). La "teoría de los frutos del árbol envenenado" impide que esas pruebas puedan ser utilizadas contra el presunto asesino pues el registro se realizó violando derechos fundamentales de éste; si el árbol -procedimiento del registro de la casa se hizo ilegalmente- está envenenado, los frutos -las pruebas obtenidas en ese registro ilegal- no se pueden comer, no se pueden utilizar como elementos probatorios. Se ha hecho hábito que el Gobierno pinche teléfonos, grabe conversaciones y las difunda por medios del Estado, sin orden judicial. Lo que se diga en esas grabaciones es fruto del árbol envenenado y ningún tribunal aceptaría estas pruebas. El asunto no es mero leguleyismo pues la orden judicial previa es garantía de que las pruebas obtenidas no serán alteradas, de ocurrir constituiría un delito. Pero el asunto de las grabaciones no persigue obtener evidencias con valor probatorio, sino el linchamiento político, que es un delito. Dado que ocurre en medios de público acceso, la Fiscalía puede actuar de oficio y proceder contra quienes al difundir grabaciones obtenidas ilegalmente se convierten en delincuentes. Más grave es el asunto por cuanto el delito lo cometen empleados del Estado a través de medios estatales.
Igualmente, cuando los anclas de los medios del Estado emprenden una campaña tendenciosa a favor de Hammas en el actual conflicto, sin presentar las otras dos visiones y atacando de verbo a Israel, no solo ejercen un periodismo carente de ética y profesionalismo, sino que están haciendo algo gravísimo, instigan a un posible linchamiento de los judíos que viven en Venezuela quienes en su mayoría son, ademas de judíos, venezolanos. De nuevo, como el delito es un hecho público, notorio comunicacional, la Fiscalía puede y debe actuar de oficio. No hacerlo pinta de cuerpo entero cómo una institución fundamental para la democracia como es la Fiscalía, es la primera en violar la ley y la Constitución. Y así proceden otras instituciones públicas. Es el Estado contra los ciudadanos. No hay que ser Einstein para concluir que han convertido a Venezuela en un árbol envenenado.
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