CARLOS J. SARMIENTO SOSA| EL UNIVERSAL
jueves 22 de mayo de 2014 12:00 AM
Al igual que, sin suficiente fundamento, se califica de golpes de Estado a ciertas acciones que no lo son, los venezolanos no tienen una conciencia real de una dictadura. Es comprensible porque, en nuestro país, la última tiranía del s. XX fue derrocada en 1958, es decir, han transcurrido 56 años desde aquella histórica fecha. Por ello, conviene exponer algunos conceptos relacionados con esa forma omnímoda de ejercer el poder.
Según el DRAE, en su 22ª edición de 2001, el término tiene varias acepciones, interesando ahora sólo dos de ellas: una, "gobierno que, bajo condiciones excepcionales, prescinde de una parte, mayor o menor, del ordenamiento jurídico para ejercer la autoridad en un país"; y otra, "gobierno que en un país impone su autoridad violando la legislación anteriormente vigente".
Ambas definiciones son escuetas y claras, por lo que puede decirse que hay dictadura en dos supuestos: cuando un gobierno excepcionalmente prescinde parcialmente del ordenamiento jurídico para ejercer la autoridad en un país; y también cuando por una acción violenta y rápida de fuerzas militares o rebeldes, un grupo se apodera o intenta apoderarse del gobierno de Estado, desalojando a las autoridades existentes.
Nueva definición
Académicamente pareciera que el DRAE se ha quedado corto porque, en un avance de la 23ª edición, la Real Academia Española de la Lengua (RAE) ha anunciado que introducirá una nueva definición de dictadura ajustada a los tiempos que corren: "En la época moderna, régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o a veces en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales".
Para satisfacción de quienes creemos en la democracia como sistema de gobierno, ese avance del DRAE conlleva ciertas características: debe tratarse de un régimen político que a) por la fuerza o b) por la violencia, c) concentre todo el poder político, d) en una persona o en un grupo u organización y e) reprima los derechos humanos y las libertades individuales.
Felizmente, esta novedosa definición sobrepasa al concepto político tradicional de dictadura, o sea, aquel gobierno que prescinde del ordenamiento jurídico y de la legislación vigente para ejercer, sin ningún tipo de oposición, la autoridad de un país y que se caricaturiza con los tristemente célebres "gorilas" de las tradicionales y sanguinarias dictaduras latinoamericanas del siglo pasado.
Hechos y acciones
Pero, además de ese adelanto que ha hecho la RAE, desde el punto de vista político se han identificado una serie de hechos y acciones que objetivamente demuestran la existencia de una dictadura:
1. La utilización del Poder Público para silenciar, acosar o interrumpir la libre asociación y las actividades de la oposición política, de los sindicatos, de las minorías y de la sociedad civil.
2. La utilización del Poder Público para silenciar, acosar o interrumpir la libre asociación y las actividades de la prensa.
3. La utilización del Poder Público para implementar políticas que restringen los derechos humanos.
4. La utilización del Poder Público para implementar un partido único.
5. La violación de la integridad de las instituciones centrales de la democracia, desequilibrando los frenos y contrapesos propios de la separación e independencia del Poder Público.
6. El nombramiento o destitución arbitraria, inconstitucional o ilegal de miembros del Poder Judicial u órganos electorales; o la gradual toma del Poder Judicial y otros órganos de control del ejercicio del Poder Público, con la finalidad de que éstos validen las acciones inconstitucionales.
7. La terminación arbitraria, inconstitucional o ilegal del mandato de cualquier funcionario democráticamente electo, perpetrada por otro funcionario electo o no electo de alguna agencia gubernamental.
8. La interferencia en las deliberaciones del Poder Judicial u órganos electorales.
9. El abuso de poderes constitucionales para reformar la Constitución a través de medios no previstos en ella, o con la finalidad de extender esos poderes de manera temporal o sustancial.
10. La omisión de llevar a cabo elecciones periódicas, el irrespeto a los resultados electorales o la realización de elecciones incumpliendo los estándares internacionales.
11. El uso injustificado de los estados de emergencia.
12. La interferencia por parte de funcionarios no electos, como militares, en la jurisdicción de funcionarios electos.
13. Una crisis civil-militar para simular la amenaza potencial de un golpe de Estado.
En la forma expuesta, queda establecido, con meridiana claridad, que una dictadura es un sistema político violento y ajeno a la democracia y al estado de derecho y que, por lo general, surge cíclicamente en los países subdesarrollados.
Según el DRAE, en su 22ª edición de 2001, el término tiene varias acepciones, interesando ahora sólo dos de ellas: una, "gobierno que, bajo condiciones excepcionales, prescinde de una parte, mayor o menor, del ordenamiento jurídico para ejercer la autoridad en un país"; y otra, "gobierno que en un país impone su autoridad violando la legislación anteriormente vigente".
Ambas definiciones son escuetas y claras, por lo que puede decirse que hay dictadura en dos supuestos: cuando un gobierno excepcionalmente prescinde parcialmente del ordenamiento jurídico para ejercer la autoridad en un país; y también cuando por una acción violenta y rápida de fuerzas militares o rebeldes, un grupo se apodera o intenta apoderarse del gobierno de Estado, desalojando a las autoridades existentes.
Nueva definición
Académicamente pareciera que el DRAE se ha quedado corto porque, en un avance de la 23ª edición, la Real Academia Española de la Lengua (RAE) ha anunciado que introducirá una nueva definición de dictadura ajustada a los tiempos que corren: "En la época moderna, régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o a veces en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales".
Para satisfacción de quienes creemos en la democracia como sistema de gobierno, ese avance del DRAE conlleva ciertas características: debe tratarse de un régimen político que a) por la fuerza o b) por la violencia, c) concentre todo el poder político, d) en una persona o en un grupo u organización y e) reprima los derechos humanos y las libertades individuales.
Felizmente, esta novedosa definición sobrepasa al concepto político tradicional de dictadura, o sea, aquel gobierno que prescinde del ordenamiento jurídico y de la legislación vigente para ejercer, sin ningún tipo de oposición, la autoridad de un país y que se caricaturiza con los tristemente célebres "gorilas" de las tradicionales y sanguinarias dictaduras latinoamericanas del siglo pasado.
Hechos y acciones
Pero, además de ese adelanto que ha hecho la RAE, desde el punto de vista político se han identificado una serie de hechos y acciones que objetivamente demuestran la existencia de una dictadura:
1. La utilización del Poder Público para silenciar, acosar o interrumpir la libre asociación y las actividades de la oposición política, de los sindicatos, de las minorías y de la sociedad civil.
2. La utilización del Poder Público para silenciar, acosar o interrumpir la libre asociación y las actividades de la prensa.
3. La utilización del Poder Público para implementar políticas que restringen los derechos humanos.
4. La utilización del Poder Público para implementar un partido único.
5. La violación de la integridad de las instituciones centrales de la democracia, desequilibrando los frenos y contrapesos propios de la separación e independencia del Poder Público.
6. El nombramiento o destitución arbitraria, inconstitucional o ilegal de miembros del Poder Judicial u órganos electorales; o la gradual toma del Poder Judicial y otros órganos de control del ejercicio del Poder Público, con la finalidad de que éstos validen las acciones inconstitucionales.
7. La terminación arbitraria, inconstitucional o ilegal del mandato de cualquier funcionario democráticamente electo, perpetrada por otro funcionario electo o no electo de alguna agencia gubernamental.
8. La interferencia en las deliberaciones del Poder Judicial u órganos electorales.
9. El abuso de poderes constitucionales para reformar la Constitución a través de medios no previstos en ella, o con la finalidad de extender esos poderes de manera temporal o sustancial.
10. La omisión de llevar a cabo elecciones periódicas, el irrespeto a los resultados electorales o la realización de elecciones incumpliendo los estándares internacionales.
11. El uso injustificado de los estados de emergencia.
12. La interferencia por parte de funcionarios no electos, como militares, en la jurisdicción de funcionarios electos.
13. Una crisis civil-militar para simular la amenaza potencial de un golpe de Estado.
En la forma expuesta, queda establecido, con meridiana claridad, que una dictadura es un sistema político violento y ajeno a la democracia y al estado de derecho y que, por lo general, surge cíclicamente en los países subdesarrollados.
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