En días
recientes el presidente Maduro anunció su decisión de radicalizar la revolución
con el fin de enfrentar la guerra económica que, según él, lleva a cabo el
sector privado, llamando a la clase obrera a salir a la calle con el fin de
enfrentar a los empresarios bandidos, y ordenando la revisión del uso que se le
ha dado a las divisas aprobadas para la importación de productos necesarios.
Cuando escuché eso, vino a mi memoria un infeliz episodio que se vivió en
Venezuela en 1989, después del desmantelamiento del control de cambios de
Recadi.
En diciembre de 1986
el presidente Lusinchi anunció una importante devaluación, estableciéndose un
tipo de cambio oficial de 14,50 bolívares por dólar para el grueso de las
importaciones, pero dejando la tasa preferencial de 7,50 bolívares para las
compras foráneas de unos pocos bienes de primera necesidad, el trigo entre
ellos. 2 años más tarde, en marzo de 1989, se eliminó el control cambiario y se
unificó el tipo de cambio en un nivel equivalente al que existía en el mercado
libre, lo que implicó una nueva y severa devaluación que generó un fuerte
impacto sobre los precios. En las semanas que siguieron surgieron voces que
demandaban una exhaustiva averiguación acerca del uso que se había dado a los
dólares preferenciales, y se acusó a múltiples empresas de prácticas indebidas
en el manejo de esas divisas. Ello creó un ambiente propicio para la corrupción
y la persecución, dándose el caso de jueces que amenazaban con dictar autos de
detención a gerentes y directores de distintas empresas, a menos que estuvieran
dispuestos a llegar a “arreglos” de conveniencia. Muchas de esas instituciones
se negaron a incurrir en esas prácticas, y se vieron obligadas en algunos casos
a enviar a sus ejecutivos al exterior para evitar ser víctimas del terrorismo
judicial que se desencadenó. Entre las empresas afectadas estaba Gramoven, una
de las principales importadoras de trigo y productoras de harinas y pastas, al
punto de que el presidente de su junta directiva, persona honesta y emblemática
del sector empresarial de la época, tuvo que purgar injustamente cuatro meses
de cárcel, a pesar de haberse demostrado hasta la saciedad el uso correcto de
las divisas preferenciales que había recibido esa organización.
Dado los recientes
anuncios, no me extrañaría que en las próxima semanas o meses fuésemos testigo
de una nueva cacería de brujas, similar o peor que la que se vivió en 1989. El
gobierno, en su afán por buscar culpables de la caótica situación económica que
estamos viviendo, puede desencadenar una persecución contra múltiples empresas
privadas que han recibido dólares preferenciales, buscando con ello acusar a
varios empresarios de manejos indebidos de esas divisas, y penalizarlos
severamente. De esa forma podría buscar distraer la atención del descalabro
económico que se padece, y obtener beneficios políticos en las próximas
elecciones parlamentarias.
Sin embargo, no creo
que una acción como esa dé los resultados buscados. Las encuestas y pulsos de
opinión que regularmente se hacen indican que la población ya no cree el
cacareado y desgastado cuento de la guerra económica, que ha fabricado el
gobierno en su afán por inculpar a la empresa privada del caos que vivimos.
Cada vez es más generalizado el convencimiento de que la altísima inflación, la
agobiante escasez y el desabastecimiento, la paralización de la actividad
productiva, el deterioro de la calidad de vida y el repunte de la pobreza se
deben principalmente a la corrupción desbocada y a las erradas políticas
públicas, que hacen que la economía sea cada vez más dependiente de la renta
petrolera y, en consecuencia, más vulnerable a abruptas caídas de los precios
de los hidrocarburos, como la que hoy padecemos.
Por ello creo que no
es a través de la busca de culpables y de la estigmatización de empresarios que
el gobierno obtendrá los dividendos políticos que desea.
Vía
El Nacional
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