por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación vía La Verdad/ 23 abr 2015.- La Cancillería negó la semana pasada que desde sus oficinas se hayan emitido los dos pasaportes diplomáticos que usaron Tulio Hernández y Gabriel Gil, en calidad de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas, para facilitar la red de lavado de dólares que tejieron en Andorra. Sin embargo, la propia Fiscalía venezolana confirmó en 2010 la autenticidad de los documentos a las autoridades del principado europeo.
Venezuela tiene conocimiento de las irregularidades financieras desde hace, al menos, cinco años. Tras la detención en Andorra del zuliano Norman Danilo Puerta Valera, exjefe de la División contra Drogas del CICPC, en junio de 2010, la fiscal séptima del Ministerio Público, Yemina Carolina Marcano Rigual, envió una carta rogatoria a la justicia del principado -comisionada por la fiscal Luisa Ortega Díaz- para solicitar información sobre ocho ciudadanos venezolanos sospechosos de estar relacionados con una red de lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra (BPA).
En el expediente elaborado por la Fiscalía, con fecha de 15 de junio de 2010, se mencionan los nombres, números de documentos de identidad (cédula) y los datos de los pasaportes de todos los investigados. En la lista destaca el pasaporte diplomático otorgado al venezolano Tulio Antonio Hernández Fernández como “asesor” del entonces ministro de Finanzas y actual presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes. De esta manera, el Ministerio Público de Venezuela admitía como válido y legal el documento.
La rogatoria de la Fiscalía fue procesada por la Cancillería, tal como establece el artículo 108 del Código Orgánico Procesal Penal de 2009.
Otras evidencias
También el expediente oficial de la Policía de Andorra recoge las declaraciones de Santiago de Roselló Piera, director financiero de BPA, en las que declara que tanto Tulio Antonio Hernández Fernández como Gabriel Ignacio Gil Yánez poseían pasaportes diplomáticos.
Otro documento también da fe de la existencia de los salvoconductos. Un informe elaborado por el oficial de fiel cumplimiento (compliance) contratado por la BPA -también en 2010- confirma que Gabriel Ignacio Gil Yánez disponía “de pasaporte diplomático como asesor del ministro de Finanzas”.
En el reporte elaborado por estos analistas se especifica que Gil Yánez utilizó el pasaporte diplomático emitido por la Cancillería venezolana para declarar en la aduana de España el dinero en efectivo que ingresaba a varias cuentas de la BPA en Andorra, según consta en toda la documentación -más de 150 páginas de informes oficiales- a la que tuvo acceso el Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación (Cipi). Allí queda reflejado que al menos uno de los depósitos fue por 221 mil 400 mil euros.
Además, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Cipi) obtuvo información que indica que el abogado de la firma United Consulters de Venezuela, propiedad de Tulio Antonio Hernández Fernández, era Juan Carlos Thula Rausseo, quien también habría accedido a un pasaporte diplomático como asesor de ese ministro venezolano.
Una fuente de la Cancillería venezolana validó la versión de que los involucrados consignaban copias de documentos de identidad y fotografías a funcionarios de la Secretaría de Presidencia para obtener los “salvoconductos de lujo”. El narcotraficante colombiano Farid Feris Domínguez, apresado el 22 de septiembre de 2006 en Venezuela y deportado a Colombia, también estaba en posesión de un pasaporte diplomático como “asesor” del ministro de Finanzas de Venezuela.
Investigación congelada
El expediente de la Operación Crù (Crudo), como bautizaron las autoridades de Andorra la investigación, incluye un documento con el exhorto enviado por la fiscal séptima del Ministerio Público de Venezuela a la jueza andorrana María Àngels Moreno Aguirre, en el que solicita “asistencia mutua en materia penal”, como lo establece la legislación venezolana y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. La petición deja claro que las autoridades venezolanas iniciaron una investigación por el caso de Puerta Valera casi de inmediato.
La petición, firmada por la fiscal Yemina Carolina Marcano, menciona a otras siete personas investigadas junto con el excomisario: Gabriel Ignacio Gil Yánez, Juan Carlos Thula Rausseo, Tulio Antonio Hernández Fernández, Yajanira Dayana Ontiveros Linares (esposa de Tulio), Jorge Luis Mathinson Jiménez, Richard José Cammarano Jaimes y Miguel Antonio Djamous Kasale.
El Cipi contactó, por medio de una llamada telefónica al despacho, a la fiscal Yemina Carolina Marcano Rigual, actualmente titular de la fiscalía 27 con competencia nacional, pero declinó hacer algún comentario sobre el expediente de Andorra. “No, no puedo darte ningún tipo de declaración de ningún caso”, respondió.
Los resultados de la investigación llevada a cabo en Venezuela por el Ministerio Público no se conocen. Todos los involucrados en la presunta red de lavado de dinero en la BPA se encuentran en libertad y nunca fueron procesados por ese hecho, ni siquiera el exjefe de la División contra Drogas del CICPC, Norman Danilo Puerta Valera, que reside en el estado Zulia.
Dinero lavado
El exjefe de la División contra Drogas del CICPC, Norman Puerta Valera tenía una cuenta en el Banco de Andorra con 1,4 millones de dólares. Fue detenido en dos ocasiones en Andorra por presunto lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas. Esta red estaba vinculada -mediante depósitos y transferencias de miles de dólares y euros- a dos cuentas en BPA inscritas a nombre de Puerta Valera y operaba desde oficinas del Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT), en el este de Caracas, con la complicidad y asistencia de la filial BPA Serveis en Panamá.
Tanto Hernández Fernández como Gil Yánez -quien estuvo preso por intento de robo de aeronave entre 2010 y 2014- hacían transferencias e ingresos en efectivo de altas sumas de dólares y euros a la cuenta de Puerta Valera a título personal y también en nombre de compañías fantasmas compradas a través de BPA Serveis, una filial de la entidad en Panamá, según reza en el expediente por la Policía de Andorra e informes de auditores de una comisión de fiel cumplimiento.
Según el informe de la Policía andorrana, Tulio Hernández y Gabriel Gil utilizaron sus pasaportes diplomáticos para facilitar los trámites de apertura de cuentas y documentación requerida en la Banca Privada de Andorra. Por su parte, la entidad financiera se confió de los pasaportes diplomáticos como soporte de compliance.
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