OSCAR LUCIEN
La
obstinada negativa de la rectora Tibisay Lucena en fijar la fecha de las
elecciones parlamentarias es un pequeñísimo botón de muestra de las condiciones
adversas en la que ocurren los procesos electorales en Venezuela.
La fecha
de la elección de una nueva Asamblea Nacional, institución que de acuerdo con
la Constitución Nacional es el poder público más importante, sobre el que están
centradas enormes expectativas para contribuir a la resolución de la grave
crisis económica, social, política que vive Venezuela, sigue en “pico de
zamuro” porque el ente electoral la supedita a los intereses políticos,
estratégicos, del partido de gobierno, de espaldas al mandato constitucional de
garantizar la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y
eficiencia de los procesos electorales.
Pero más allá
del tema de la fecha, que no es un tema menor, del reciente ardid con la
reorganización de los circuitos electorales para favorecer las zonas donde el
PSUV tiene presumiblemente sus bases de apoyo, el Consejo Nacional Electoral
persiste en desatender necesarias garantías consagradas por estándares
internacionales para unas elecciones limpias, transparentes y sin ventajismo.
¿Podemos tener elecciones limpias?
El
retraso en la convocatoria de las elecciones parlamentarias es un indicador de
que desde el seno del propio Poder Electoral no se toman las decisiones
adecuadas para garantizar el real ejercicio de un derecho tan fundamental como
lo es el derecho al sufragio. Tiene relevancia entonces reseñar la carta
pública que Ciudadanía Activa, asociación civil con una tradición de compromiso
con la promoción de los valores democráticos y en la defensa de derechos
civiles y políticos de los venezolanos, ha dirigido a la Organización de las
Naciones Unidas, a la Unión Europea, a la Organización de Estados Americanos,
al Nuncio Apostólico, a Unasur, entre otras instituciones, en atención a la
preocupación que la comunidad internacional ha mostrado por la crisis política
que atraviesa Venezuela, y por la voluntad que han expresado en contribuir
para que el conflicto político venezolano se resuelva por la vía
constitucional. En su detallada comunicación Ciudadanía Activa solicita los
buenos oficios de estas instituciones para que el Consejo Nacional Electoral
sancione fundamentales garantías que determinan los estándares internacionales
para que se realicen unas elecciones con equilibrio e imparcialidad en los
resultados como consagra la Constitución de Venezuela.
La misiva
es prolija en los señalamientos y peticiones. Me atrevo a sumariar las que
estimo más relevantes invitando a seguir los detalles en la página web de esta
asociación: 1) Regreso de la observación internacional calificada (OEA, ONU y
Unión Europea). Desde hace unos años el CNE eliminó, sin ninguna justificación,
la figura de observadores internacionales y en sustitución designó los llamados
“acompañantes internacionales”. 2) Prohibición de cadenas durante la campaña
electoral (también incluye prohibición de cadenas de precampaña antes del
inicio oficial de la campaña). 3) Prohibición de publicidad gubernamental,
inauguración de obras públicas y anuncio de inversiones públicas durante la
campaña electoral. 4) Campaña publicitaria nacional del CNE sobre: secreto
del voto, adiestramiento miembros de mesa y testigos. Coordinadores CNE (Sus
límites de actuación). Voto nulo. Adiestramiento en cómo votar para evitarlo.
Delitos Electorales. 5) Acceso equitativo a los medios públicos de candidatos
no oficialistas. 6) Transparencia en definición del número de diputados y
circunscripciones electorales (recientemente violada por el CNE). 7) Buscar una
alternativa a la Fuerza Armada Nacional como custodio de los procesos
electorales por cuanto esta se ha identificado pública y notoriamente como
partidaria del oficialismo. 8) Horario de votación entre 7:00 am y 4:00 pm.
Evita la nocturnidad en la comisión de delitos electorales, tales como el
traslado de votantes a la hora de cerrar los centros, ni el asedio nocturno de
testigos por parte de grupos paramilitares oficialistas. 9) Privacidad total
del acto de votación: miembros de mesa y testigos pueden observar al ciudadano,
parcialmente, mientras vota y, deducir, por el movimiento físico del elector,
su selección. 10) Auditoría internacional del Registro Electoral (RE).
Auditorías de los cuadernos de votación, captahuellas y difusión pública de las
mismas. Supervisión internacional del proceso de inscripción electoral. 11)
Cumplir con la “representación proporcional” que exige la Constitución. 12)
Permitir que las ONG, legalmente establecidas, puedan trasmitir mensajes que
promuevan la participación durante la campaña electoral.
¿Podemos tener elecciones
limpias? El mandado no está hecho. La lucha y la defensa del voto es, también,
por el derecho de elegir. Lograr una nueva Asamblea contribuirá a la solución
de problemas reales de la gente y abre el camino para el cambio urgente que
requiere el país.
Vía El Nacional
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