EDITORIAL EL NACIONAL
“Si en
los próximos días no llueve en las cabeceras del Guri se tendrían que apagar las turbinas de
este sistema hidroeléctrico que suministra energía a gran parte de
Venezuela, incluyendo al estado Lara”. Esto fue, en parte, lo que declaró el
ingeniero eléctrico Luis Vásquez Corro al diario El Impulso de
Barquisimeto el 17 de abril.
No les
gustó a las autoridades que un profesional con conocimiento de causa se
preocupase por la alarmante situación del embalse guayanés y sus repercusiones
en el suministro de energía, pues no habían transcurrido 24 horas de haberse
difundido sus declaraciones, cuando su vehículo fue interceptado por una unidad
del Sebin. Con los consabidos modales hollywoodenses, los agentes requirieron
sus papeles y le hicieron saber que debía acompañarles a la sede del cuerpo, en
razón de “una denuncia que había hecho un grupo de personas que se sintieron
asustadas por lo que dijo”.
Después
de pasar el fin de semana abusivamente recluido por opinar –haciendo uso del
derecho que consagra el artículo 57 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela–, sobre un tema que conoce a fondo, Vásquez Corro fue
imputado por el crimen de “difusión de falsas noticias” estipulado en el
artículo 296 del Código Orgánico Procesal Penal y dejado en libertad bajo un
régimen que le exige presentarse cada vez que al tribunal que lleva el caso le
venga en gana.
Pende sin
motivo sobre otro venezolano la espada de Damocles de la incertidumbre y la
injusticia; tal vez poco importe que el vice Arreaza, en compañía del ministro
de Energía Eléctrica, Jesse Chacón (un señor que ha debido renunciar cuando se
cumplió el plazo que él mismo fijó para superar las deficiencias del sector),
haya informado que “debido a las altas temperaturas en el país y al aumento de
la demanda, se aplicará un plan de consumo racional de electricidad”, un plan
que contempla el ajuste de la jornada laboral a 6 horas diarias para la
burocracia, lo que, al parecer, estaría en conflicto con el artículo 141 de la
carta magna, ya que acortaría los horarios de atención al ciudadano por parte
de la administración pública.
La
decisión revela que el ingeniero arbitrariamente penalizado estaba en lo
cierto, que sus afirmaciones eran fundadas, que, sí, la cota del Guri está
descendiendo aceleradamente “y el gobierno no ha tenido la voluntad de tomar
las previsiones de reparar todas las plantas termoeléctricas del país para
activarlas en cualquier emergencia, lo que significa que están fuera de
servicio unos 5.000 megavatios”. Alguien tendría que excusarse por los
atropellos en su contra.
En esta oportunidad no han
aparecido traviesas iguanas ni murciélagos juguetones a quienes atribuir las
fallas e insuficiencias en la generación y distribución de hidroelectricidad.
No, la responsabilidad es de un gobierno que, a falta (por ahora) de chivos
expiatorios, culpa al termómetro de su chapucería: ¡Uf, qué calor… se fue la
luz!
Vía El Nacional
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