PEDRO LUIS RODRÍGUEZ | EL UNIVERSAL
martes 27 de diciembre de 2011 12:00 AM
En mi entrega anterior aludí a los problemas institucionales consecuencia del uso discrecional de la renta petrolera por parte del Estado. Al no depender estrictamente del cobro de impuestos a los ciudadanos, pocos son los incentivos por parte del Estado a rendir cuentas. Por otra parte, al percibir que la distribución de la renta depende de la discrecionalidad del Estado, todos los ciudadanos tienen incentivos a cortejar al Estado en búsqueda de una tajada de dicha renta, favoreciendo a aquellos sectores con mayores conexiones al Gobierno, desincentivando la inversión productiva y brindándole al Estado un enorme poder en relación a los ciudadanos. En efecto, se genera una relación inversa de dependencia entre los ciudadanos y el Estado. Por esta razón, un creciente número de autores proponen distribuir la renta petrolera a todos los ciudadanos y luego cobrar impuestos sobre los mismos, estableciendo así una sana relación contribuyente-Estado que promueva un uso más eficiente y equitativo de la renta petrolera.
Al limitar directamente la discrecionalidad del Estado en la asignación de parte de la renta petrolera, propuestas de distribución directa universal garantizan que todo venezolano, independientemente de tendencia o influencia política, se beneficie directamente de la riqueza petrolera del país. Por otra parte, al depender en un mayor grado del cobro de impuestos a los ciudadanos, el Gobierno se hace doliente directo del desempeño de la economía. En la actualidad, los ingresos del Estado dependen esencialmente del precio del petróleo y no del buen manejo económico. Adicionalmente, al poder constatar directamente cuánto fue su contribución al Estado por concepto de impuesto petrolero, cada ciudadano podrá juzgar la calidad de los bienes y servicios públicos acorde a un monto específico y personalizado y no en base a la falsa creencia de una riqueza no observable pero siempre considerada infinita y de propiedad colectiva. Ello permitirá alinear las expectativas de los ciudadanos con los ingresos efectivamente disponibles.
Crucial para este tipo de propuestas es que los ciudadanos se conciban como verdaderos propietarios de la renta petrolera. Todo aquello que le corresponda al Estado le corresponde por concepto de las contribuciones de todos los ciudadanos. En la medida en que el Estado pueda discriminar entre quiénes se benefician y quiénes no, independientemente del criterio, los beneficiados concebirán la entrega como otro favor del Estado. Por ello la universalidad es fundamental, es decir, la propuesta debe abarcar a todos los venezolanos. Cabe resaltar que esta propuesta no es excluyente de políticas sociales de distribución directa inspiradas en experiencias internacionales exitosas como Bolsa Familia en Brasil u Oportunidades en México. No obstante, dichas políticas deben financiarse con los impuestos a los ciudadanos, incluyendo los impuestos por concepto de su ingreso petrolero.
Al limitar directamente la discrecionalidad del Estado en la asignación de parte de la renta petrolera, propuestas de distribución directa universal garantizan que todo venezolano, independientemente de tendencia o influencia política, se beneficie directamente de la riqueza petrolera del país. Por otra parte, al depender en un mayor grado del cobro de impuestos a los ciudadanos, el Gobierno se hace doliente directo del desempeño de la economía. En la actualidad, los ingresos del Estado dependen esencialmente del precio del petróleo y no del buen manejo económico. Adicionalmente, al poder constatar directamente cuánto fue su contribución al Estado por concepto de impuesto petrolero, cada ciudadano podrá juzgar la calidad de los bienes y servicios públicos acorde a un monto específico y personalizado y no en base a la falsa creencia de una riqueza no observable pero siempre considerada infinita y de propiedad colectiva. Ello permitirá alinear las expectativas de los ciudadanos con los ingresos efectivamente disponibles.
Crucial para este tipo de propuestas es que los ciudadanos se conciban como verdaderos propietarios de la renta petrolera. Todo aquello que le corresponda al Estado le corresponde por concepto de las contribuciones de todos los ciudadanos. En la medida en que el Estado pueda discriminar entre quiénes se benefician y quiénes no, independientemente del criterio, los beneficiados concebirán la entrega como otro favor del Estado. Por ello la universalidad es fundamental, es decir, la propuesta debe abarcar a todos los venezolanos. Cabe resaltar que esta propuesta no es excluyente de políticas sociales de distribución directa inspiradas en experiencias internacionales exitosas como Bolsa Familia en Brasil u Oportunidades en México. No obstante, dichas políticas deben financiarse con los impuestos a los ciudadanos, incluyendo los impuestos por concepto de su ingreso petrolero.
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