La preparación de una acusación formal contra Diosdado Cabello,
presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y número dos del
chavismo, se ha acelerado en la Fiscalía federal estadounidense con la
llegada ayer a Washington, como testigo protegido, de Leamsy Salazar, quien hasta su salida de Caracas en diciembre era el jefe de seguridad de Cabello.
Miembro de la Casa Militar, encargada de la custodia
presidencial, Salazar fue durante casi diez años jefe de seguridad y
asistente personal de Hugo Chávez.
Tras su muerte, sus servicios fueron requeridos por el presidente de la
Asamblea Nacional, para quien también ejercía de ayudante personal.
Salazar es el militar en activo de mayor rango (capitán de corbeta,
equiparable a comandante) que rompe con el chavismo para acusar
formalmente en Estados Unidos de prácticas delictivas a las altas
jerarquías del país, en especial la relacionada con el tráfico de droga.
Cártel de los Soles
De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación abierta
por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, Salazar denuncia
que el presidente de la Asamblea Nacional es el cabecilla del cártel de
los Soles y por tanto operador del narcoestado en que Chávez convirtió
Venezuela. Salazar también vincula a Cuba en la protección y asistencia de algunas rutas de narcotráfico que parten de Venezuela y se dirigen a EE.UU.
El cártel de los Soles, compuesto básicamente por militares
(su nombre viene del emblema que el uniforme venezolano pone en las
charreteras de los generales), tiene en Venezuela el monopolio del
tráfico de droga. Esta es producida por la guerrilla colombiana de las
FARC y llevada a sus puntos de destino en Estados Unidos y Europa por
carteles básicamente mexicanos. Las últimas cifras internacionales
indican que por Venezuela pasan cinco toneladas semanales de estupefacientes. El 90 por ciento de la droga producida por Colombia pasa por territorio venezolano.
Como asistente en permanente acompañamiento de Cabello,
Salazar fue testigo de situaciones y conversaciones que incriminan al
presidente de la Asamblea Nacional. En concreto, le vio dar órdenes directas para la partida de lanchas cargadas con toneladas de cocaína
y ha aportado evidencias sobre lugares donde se almacenan montañas de
dólares en efectivo procedentes de ese negocio ilícito, según las
fuentes conocedoras de la investigación, llevada a cabo por la
Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) de EE.UU.
Precisamente, el pasado 11 de diciembre fue detenido en la
terminal marítima de Puerto Cabello, la más importante de Venezuela, un camión cargado con alrededor de diez millones de dólares en efectivo.
El transporte procedía de EE.UU. y se especula con que pudo ser un pago
por droga recibida. Algún fallo en la organización habría llevado a su
descubrimiento y denuncia.
Días después, en su programa semanal de televisión, en
lugar de sumarse a las sospechas de que el dinero tenía relación con la
droga, el presidente de la Asamblea Nacional puso especial empeño en
acusar a la oposición política como destinataria de los fajos de
billetes, sin aportar ninguna prueba.
Cabello, de formación militar, ha cultivado el liderazgo
entre los elementos chavistas de las Fuerzas Armadas, pero el paso dado
por Salazar, de respetada trayectoria y hoja de servicios, puede reducir
su base de apoyo en los cuarteles. El capitán de fragata no se había
involucrado en ninguna actividad criminal, lo que refuerza el valor de su testimonio.
En sus revelaciones, el mando de la Casa Militar implica
también a Tareck el Aissami, gobernador del estado Aragua y relacionado
con redes islámicas, y a José David Cabello, superintendente del Seniat
(agencia tributaria y aduanera) y ministro de Industria, que es hermano
del presidente de la Asamblea Nacional. José David Cabello sería el
responsable de las finanzas del cártel de los Soles. Salazar señala como
instancia para el lavado de dinero a la petrolera nacional, PDVSA, cuyo
presidente entre 2004 y 2014, Rafael Ramírez, fue nombrado en diciembre
embajador ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
Su testimonio, de acuerdo con las citadas fuentes cercanas a
la investigación, ha ratificado muchos de los datos que ya en su día
aportó a la DEA Eladio Aponte, que fue jefe de la Sala Penal del
Tribunal Supremo de Venezuela y en 2012 huyó a Estados Unidos como
testigo protegido.
La causa contra Diosdado Cabello está estrechamente
vinculada con la acusación formal anunciada el año pasado por las
fiscalías federales de Nueva York y Miami contra el general venezolano Hugo Carvajal, durante mucho tiempo jefe de la Dirección de Inteligencia Militar. El anuncio se hizo cuando Carvajal, alias «el Pollo»,
fue detenido en julio en la isla holandesa de Aruba, vecina de
Venezuela, a petición de EE.UU., que reclamó su extradición. Sin
embargo, Aruba permitió la marcha del general, por las presiones del
Gobierno de Maduro. A Carvajal se le venía considerando el gran operador
del cártel de los Soles, pero la información de Salazar sitúa «el
Pollo» a las órdenes de Cabello.
En relación a la vinculación de La Habana, Salazar habría
mencionado del uso regular de aviones de PDVSA para transportar droga en
vuelos preparados por el hijo de Chávez y el hijo de quien fue
embajador de Cuba en Caracas hasta 2009, Germán Sánchez Otero, con la
connivencia de este y de otros funcionarios cubanos. Habrían sido envíos
con destino final a EE.UU.
Las fuentes relacionadas con la investigación especulan que
Sánchez Otero, de gran sintonía con Chávez, fue removido del puesto de
embajador a raíz de que se descubriera un alijo en uno de esos vuelos,
algo que resultó embarazoso para el régimen castrista. El hijo del
embajador, que en ocasión viajaba solo, fue detenido, mientras que el de
Chávez se sometió a rehabilitación contra la adicción.
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