Asdrubal Oliveros
El desempeño de la economía venezolana
en 2014 ha sido uno de los peores en su historia reciente (altos niveles
de inflación y contracción económica), 2015 no pinta ser diferente. El
modelo económico en Venezuela pareciera haber llegado a su límite, sobre
todo con una caída tan abrupta en los precios del petróleo (en 2014 la
Cesta Venezolana llego a cotizar en promedio US$88,6/bl, en 2015 el
promedio en lo que va de año se ubica en US$42,8/bl, una caída de
51,6%).
Ante un escenario tan complicado
millones de venezolanos tenían la esperanza y las expectativas de que el
Gobierno venezolano realizara ajustes estructurales que permitieran
salir al país de la recesión en la que vive, sin embargo, estas
expectativas volvieron a ser defraudadas.
Corriendo la arruga. En
la memoria y cuenta realizada por el presidente Nicolás Maduro, a
principio de año, se anunciaron una serie de políticas que ejercerán
impacto limitado en la estructura del modelo económico. Las políticas
anunciadas son transitorias con un efecto muy limitado, centradas en la
expansión del gasto y liquidez.
Entre estas políticas se encuentran: un
incremento del 15% del salario mínimo, un bono de salud para atender
gastos médicos, dirigido a los pensionados, implementación de un Plan
Especial de Protección a la Familia Venezolana, un incremento en las
becas estudiantiles y un nuevo mecanismo cambiario que sigue manteniendo
un esquema con diferentes tasas y valores sobrevaluados (VEB 6,3/US$).
Estas medidas si bien representan
“compensaciones sociales” no es lo que el país necesita. Aplicar
expansión del gasto electoral es una receta implícita al modelo
chavista. Mantener las distorsiones en el mercado interno (control de
precios, diferencial cambiario sin sentido económico, subsidios
irracionales, entre otros) es costoso. En la medida que se retrasen los
ajustes las distorsiones se acentuaran y para poder salir de los
desequilibrios se necesitaran políticas con un impacto profundo en la
estructura económica y con altos costos políticos y sociales.
Al final las decisiones del Gobierno
venezolano se enfocaron una vez más en crear una sensación de bienestar
temporal. De nada sirve aumentar los salarios si la inflación no
permitirá que dicho aumento compense poder adquisitivo, de nada sirve
incrementar una beca estudiantil si la calidad e infraestructura de la
educación no son mejoradas.
Si todo va tan mal, ¿por qué no se hacen los cambios? Los
buscadores de renta, los grupos de poder conformados alrededor del
ingreso petrolero y las debilidades institucionales son los principales
factores que atrasan los ajustes. Mantener el status quo es clave para
estos agentes, los beneficios derivados de las distorsiones del modelo
son extraordinarios, realizar ajustes significa renunciar a cuantiosas
rentas, que de otra manera se necesitaran años de inversión y producción
para obtener ingresos similares.
Entre las distorsiones que generan estas
oportunidades de arbitraje se encuentran principalmente: los
diferenciales cambiarios y el subsidio a la gasolina.
Diferenciales cambiarios: siempre que
existan controles y barreras en los mercados surgirán mercados
paralelos. En Venezuela actualmente hay tres tasas de cambio oficiales:
Cencoex (VEB 6,3/US$) que está destinado a los bienes catalogados como
prioritarios, Sicad I (VEB 12/US$) que funciona a través de subastas
convocadas por el Gobierno y Sicad II (VEB 50/US$) que funciona como un
mecanismo principalmente para cobertura, todos con un valor del dólar
muy alejado del mercado paralelo, que al momento de escribir estas
líneas se encuentra en VEB184/US$.
Los grupos de poder y los buscadores de
renta tienen acceso a todos estos mecanismos, especialmente a la tasa
preferencial (VEB 6,3/US$). Acceder a un dólar tan barato y venderlo en
el mercado paralelo significa tener un rendimiento por encima del
2.000%. Que el Gobierno devalué a una tasa que se asemeje a la realidad
venezolana (por ejemplo al tipo de cambio real que para 2015 lo
estimamos en VEB36,5/US$) y plantee un esquema cambiario mucho más
flexible significa que los grupos de poder beneficiarios del reparto de
divisas perderán cuotas de poder, por tanto tienen todos los incentivos
para evitar cualquier ajuste en el mercado cambiario.
Subsidio a la gasolina: más allá de las
implicaciones políticas y sociales de un ajuste en el precio del
combustible, un elemento que pesa es el importante negocio que se deriva
del contrabando de combustible, que se ubica en aproximadamente unos
120.000 barriles diarios (kb/d). Un precio de la gasolina más acorde con
la realidad afectaría a los beneficiarios directos e indirectos de esta
práctica, y es claro que tienen incentivos para evitar un ajuste de
esta naturaleza.
Al problema de los grupos de poder
alrededor del reparto de la renta que impide la toma de decisiones deben
sumarse dos elementos más: el débil liderazgo del presidente Maduro
para poder llevar adelante las medidas de ajuste económico y, en segundo
lugar, la difícil tarea de negociar con los “clústers” de poder y las
otras facciones ideológicas que conviven en el chavismo (el ala radical y
dogmatica). Estos dos puntos son clave para entender la lentitud de la
implementación de las reformas y su inconclusión.
Además de estos factores no hay que
olvidar que 2015 es un año electoral (elección de los diputados de la
Asamblea Nacional). Realizar ajustes que sean políticamente costosos
parece una opción poco viable para el actual Gobierno, sobre todo cuando
las últimas encuestas (noviembre 2014) indican que la popularidad del
presidente Nicolás Maduro se encuentra en 22,8%.
Lo que realmente se necesita. No
hay beneficios reales y tangibles en estas medidas tomadas, pareciera
ser que el Gobierno solo pretende correr cada vez mas la arruga,
mantener las distorsiones solo acentuara el deterioro de la economía
venezolana.
La necesidad de ajustes se hace
imperante. El 2015 no luce nada alentador para Venezuela: necesidades de
financiamiento en torno a los US$30.000 millones, un barril petrolero
que en el mejor de los casos promediara US$ 55/bl, inflación de tres
dígitos, déficit fiscal entorno a los 20% del PIB, entre otros, son
factores que reducirán la calidad de vida del venezolano.
La optimización del gasto, la
disminución del financiamiento monetario, una devaluación que se acople a
la realidad país, desmontaje en el control de precios y medidas
compensatorias que busquen igualar las oportunidades, son unas de las
tantas medidas que debería tomar el Gobierno venezolano si quiere que el
país vuelva a la senda de crecimiento y desarrollo.
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