Human Rights Watch demanda liberar de inmediato a la Juez Afiuni
Human Rights Watch ha redactado un Proyecto de resolución que presentará ante la Asamblea General de la ONU. En él hace varios exhortos al Gobierno de Venezuela, entre ellos la liberación inmediata de la Juez María Lourdes Afiuni
A continuación pressentamos el proyecto de resolución para la Asamblea General de las Naciones Unidas
Situación de los derechos humanos en Venezuela
La Asamblea General,
Guiada por la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de derechos humanos y recordando los pactos internacionales de derechos humanos y otros instrumentos pertinentes de derechos humanos,
Reafirmando que todos los Estados a miembros tienen la obligación de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales y el deber de cumplir las obligaciones que han contraído en virtud de los diversos instrumentos internacionales en este campo,
Profundamente preocupada que la República Bolivariana deVenezuela tiene severamente restringida la libertad de expresión, procesados los críticos del Gobierno, inhibió las actividades de las organizaciones de derechos humanos, y undermined la independencia de la judicatura, creando un efecto escalofriante entre el público en general y los medios de comunicación en general en Venezuela,
Reafirma una condición indispensable para el buen funcionamiento de una sociedad pluralista y democrática requiere que el Estado garantiza las condiciones necesarias para desinhibido debate político democrático, que incluye la operación de un medio de comunicación libre para dedicarse a disentir sin temor a las represalias del Gobierno,
Profundamente preocupada que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha participado en la detención, encarcelamiento y persecución penal de los individuos por haber expresado opiniones que molesta a las autoridades estatales, en flagrante violación del derecho a la libertad de expresión como garantizan en virtud del artículo 19 de la Declaración Universal de derechos humanos,
Alarmada por la legislación y las acciones de la República Bolivariana deVenezuela que han penalizado legítimas de opinión y las críticas con respecto a los funcionarios públicos, haciendo caso omiso de los principios de rendición de cuentas y transparencia que son necesarios para un gobierno eficiente, ético y honesto;
Profundamente preocupada por una campaña orquestada para deslegitimar, estigmatizar y paralizar la capacidad de las organizaciones de derechos humanos para trabajar en Venezuela, incluso mediante la búsqueda de investigaciones injustificadas, alarmantemente amplias sentencias del Tribunal Supremo diseñada para evitar que esas organizaciones de realizar actividades no sancionadas por el Gobierno, la campaña de desprestigio agresivo lanzado por el Gobierno contra defensores de los derechos humanos, las medidas legislativas que restringen la capacidad de las organizaciones de derechos humanos para obtener financiamiento internacional crítica, la expulsión de extranjeros del país si expresan opiniones que ofenden a las instituciones del Estado o altos funcionarios,
Alarmada por los esfuerzos del Gobierno calculados en el 2004 y 2010 para lograr una toma del poder político de la Corte Suprema por apilamiento con partidarios del Gobierno y crear mecanismos para purgar otros jueces, reduciendo significativamente alterar la composición del poder judicial de los tribunales inferiores, socavando el estado de derecho, impedir el corte de legítimamente que actúa como un control de los poderes ejecutivos e inhibe su capacidad para defender los derechos constitucionales fundamentales,
Profundamente preocupada en cuanto a la situación de Juez María Lourdes Afiuni, quien inmediatamente fue detenido por agentes de la policía de inteligencia después de que ella ordenó, el 10 de diciembre de 2009, el condicional libertad preventiva de Eligio Cedeño, cuya detención hace casi tres años sin juicio fue declarada arbitraria por el grupo de trabajo para el Consejo de las Naciones Unidas de derechos humanos sobre la detención arbitraria en su 01 de septiembre de 2009 citando violaciones de opinión del derecho a un juicio imparcial;
Observando que el caso de la juez María Lourdes Afiuni se ha abordado anteriormente en los informes del Consejo de derechos humanos y por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos en su declaración en la décima Conferencia Bienal de la Asociación Internacional de mujeres jueces en Seúl,
Acogiendo con beneplácito además el llamamiento urgente conjunto de 16 de diciembre de 2009 por tres expertos independientes de derechos humanos de UN a la República Bolivariana de Venezuela, que pide la liberación inmediata de la juez Afiuni, criticó la infracción por el Presidente Hugo Chávez de la independencia de magistrados y abogados y señaló que represalias por el ejercicio de funciones constitucionalmente garantizadas y la creación de un clima de temor entre el poder judicial y la profesión jurídica, sirven a ningún propósito distinto para socavar el estado de derecho y obstruir la justicia,
Profundamente preocupada anteriores llamamientos formulados por los órganos pertinentes de las Naciones Unidas y los expertos independientes sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela no han sido atendidas, y haciendo hincapié en, sin avances significativos hacia atendiendo a los llamamientos de la comunidad internacional, la situación de los derechos humanos en Venezuela seguirá deteriorándose,
Condena las violaciones constantes y sistemáticas de los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo de Venezuela;
Demandas que El Gobierno de Venezuela para garantizar, habilitar y cultivar la existencia de una prensa libre, independiente, plural y diverso;
Urge el Gobierno de Venezuela a adoptar todas las medidas para garantizar que la libertad de expresión es respetado y garantizado, de conformidad con los derechos humanos internacionales tratados a los que Venezuela es un Estado parte;
Exhorta el Gobierno de Venezuela a derogar todas las leyes que inciden en y restringen la libertad de expresión, incluyendo, pero sin limitarse a llamada "irrespeto" (desacato) leyes que injustamente prohibición el escrutinio legítimo y críticas de personalidades y funcionarios, con lo que restringir la capacidad del público para supervisar las acciones del Gobierno;
Demandas que el Gobierno de derogación de Venezuela todas las leyes promover la autocensura y cultivar un efecto escalofriante palpable que afecta a no sólo las personas que enfrentan tales cargos, sino también al público en general, así como a todos los medios de comunicación en Venezuela;
Exhorta el Gobierno de Venezuela para levantar las restricciones a la libertad de expresión y en su lugar garantizar y salvaguardar un libre y medios de comunicación independientes que tiene la libertad para informar sobre o expresar opiniones críticas al Gobierno, libre de cualquier censura;
Urge normas del Gobierno de Venezuela, de conformidad con los derechos humanos, que tome medidas para impedir la intimidación y las represalias contra las personas y grupos que buscan cooperar con las Naciones Unidas, a apoyar públicamente las actividades en defensa de los derechos humanos y la cooperación con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en el ámbito de los derechos humanos, para informar a la población de medios y arbitrios para efectuar dicha cooperacióny para perseguir a quienes orden o emprender tales actos ilícitos de intimidación o represalia;
Demandas que el Gobierno de Venezuela a derogar todas las medidas legislativas, incluso a través de las restricciones a la recaudación de fondos, diseñado para frenar las actividades legítimas de organizaciones de derechos humanos y otros organismos no gubernamentales;
Destaca que el Gobierno de Venezuela debe abstenerse de participar en campañas que estigmatizar y atacan injustamente a organizaciones de derechos humanos así como otras organizaciones no gubernamentales, retirar todas las declaraciones públicas y campañas mediáticas que injustamente han calumniado a estas organizaciones y en cambio seguir un camino de diálogo constructivo y significativo con estas organizaciones hacia el objetivo de poner fin a las violaciones de los derechos humanos;
Solicitudes el Gobierno de Venezuela para procesar con rapidez y eficacia y dirección de todos los actos de intimidación y represalia contra organizaciones de derechos humanos y otros organismos no gubernamentales de manera adecuada, a fin de combatir la impunidad, procesar a los autores ante la justicia y proporcionar a las víctimas con recursos apropiados;
Urge El Gobierno de Venezuela para garantizar la independencia e imparcialidad del poder judicial y garantizar el debido proceso de ley;
Exhorta Permitir que el Gobierno de Venezuela a aplicar medidas para restaurar la integridad e independencia de la Corte Suprema y el poder judicial, incluidas medidas para examinar la composición de la Corte, los jueces actuales sustituirá, garantizar la ausencia de conflictos de intereses, en particular para los casos referentes a los derechos humanos fundamentales o ese desafío autoridad de Gobierno;
Demanda que el Procurador General de liberar inmediatamente y anular todos los cargos contra la juez María Lourdes Afiuni;
Condena represalias del Gobierno venezolano contra aquellos que expresan críticas o comentarios disidentes, entre ellos:
la investigación y posterior detención de Guillermo Zuloaga, Presidente de la cadena privada de noticias de TV Globovisión, que fue considerado por el Relator Especial de la ONU sobre libertad de expresión sea una detención por motivos políticos diseñada para intimidar a Sr. Zuloaga de criticar al Presidente, en lo que respecta a lo que el Gobierno venezolano debe tomar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la libertad de opinión y de expresión de todas las personas, en consonancia con los principios fundamentales establecidos en el artículo 19 de la Declaración Universal de los derechos humanos y Srticle 19 del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, que Venezuela es una de las partes;
(b) la decisión de prohibir temporalmente la circulación de la publicación semanal Sexto Poder en Venezuela, así como el arresto, detención y enjuiciamiento criminal del director editorial de la publicación;
(c) la condena del ex gobernador del Estado de Zulia y potencial candidato presidencial Oswaldo Álvarez Paz para "difundir información falsa," en relación con los comentarios que hizo en una entrevista de televisión acerca de las investigaciones sobre la presunta presencia del narcotráfico y grupos armados en Venezuela;
Solicitudes el Gobierno de Venezuela para entablar un diálogo con la Oficina del Alto Comisionado con el fin de garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales;
Alienta firmemente a procedimientos especiales de la temática titulares a prestar especial atención a la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, incluido al Relator Especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanosy el Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados;
Pide el Secretario General informe a la Asamblea General en su sexagésimo período de sesiones sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución, incluidas opciones y recomendaciones para mejorar su aplicación y que presentara un informe provisional al Consejo de derechos humanos en su decimonoveno período de sesiones;
Fuentes :Libertad en el mundo de 2011; Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de derechos humanos, la Oficina del Relator Especial para la libertad de expresión; Human Rights Watch, el examen periódico Universal de Venezuela, 21 de marzo de 2011; e informes de expertos del Consejo de derechos humanos de las Naciones Unidas (A/HRC/13/30/Add.1 en 325; A/HRC/14/19 en pars. 45-47 y A/HRC/18/19 en pars. 87-90).
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