En: http://www.lapatilla.com/site/2011/09/26/oscar-garcia-mendoza-en-defensa-del-depositante/
Oscar García Mendoza
La función más importante de la banca es la intermediación financiera. Las personas naturales y jurídicas le confían sus fondos para su custodia. Otras personas demandan esos fondos para su inversión a corto o largo plazo en sus negocios, de consumo, inversión a largo plazo u otros.
El papel del banquero es actuar con la mayor precaución y prudencia. Los depositantes les han tenido confianza para colocar sus capitales, su propiedad privada. Los banqueros prestan esos fondos a otros actores de la economía que tengan la capacidad necesaria para repagar a tiempo esas sumas, más sus intereses. De otra forma no podrían devolver sus fondos a los depositantes. Luce sencillo, no lo es. El análisis prudente y juicioso de cada una de las propuestas de crédito no es fácil: la coyuntura económica, reputación, estrategia, balances, garantías, etc., de cada una de las solicitudes debe ser considerada y analizada a fin de garantizar la solvencia del crédito, que es, al final, la solvencia del banco y de sus depositantes.
Durante este período, las autoridades, más que concentrarse en vigilar que la banca cubra los parámetros mínimos de solvencia necesarios, han sido por un lado permisivas (recordemos la mini crisis bancaria) y, por otro lado, coercitivas: ha obligado a los bancos a colocar el dinero de los depositantes en una serie de “gavetas obligatorias” que coartan a la banca su libre actuación.
Recientemente han ido a más. Por una opinión presidencial, en abierta interferencia con la autonomía constitucional del Banco Central, se ha forzado a la mayoría de los bancos, mediante el artificio de reducción del encaje legal, a colocar fondos en un fideicomiso de Bandes, para ser invertidos en la Misión Gran Vivienda Venezuela. Para ello, no se le entregó a los bancos ninguna información que les permitiera analizar la inversión. Además, dentro de las funciones de los bancos no está el colocar fondos en este tipo de operaciones. El gobierno es poderoso y puede “inducir” a los bancos a realizar estas colocaciones. Pero su verdadera función debería ser crear las condiciones para generar el empleo, que a su vez permita a los ciudadanos adquirir sus viviendas.
Ahora, en exceso de ese dinero extraído del encaje legal de los bancos, pretende el gobierno que la banca le entregue los fondos que no ha podido colocar responsablemente en las gavetas hipotecarias. La banca no ha cumplido por dos sencillas razones: Por una parte, no hay proyectos en el sector privado, pues el gobierno activamente se ha ocupado de impedirlos, y por la otra, como no hay empleo productivo se dificulta la capacidad de repagar los fondos.
Este es un dilema para el banquero: o protege a los depositantes no entregando los dineros de éstos, que son propiedad privada, a unos fondos que, evidentemente, correrán la misma desventura que los billones de dólares que este gobierno ha despilfarrado, o hace lo que el gobierno quiere y entrega los fondos con la certeza, prácticamente total, que no se los regresarán.
No se sabe si se trata de un plan para estatificar el dinero de los depositantes y a la banca o es una demostración de que su flujo de caja está en límites mínimos, o una mezcla de los dos. Pero la conclusión es que no es algo positivo para los depositantes bancarios ni para el sistema, y que nuestra obligación es defender de la mejor manera que pueda sus intereses. Como decía San Mateo: “Aunque lo hagan todos, yo no”.
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