GERARDO FERNÁNDEZ | EL UNIVERSAL
viernes 14 de septiembre de 2012 12:00 AM
Sólo los regímenes totalitarios pretenden evadir los sistemas de protección de los derechos fundamentales y las libertades ciudadanas. Ello es así, porque el sistema en cuestión está concebido para defender al ciudadano de los gobiernos abusivos. Si el régimen se sustrae del sistema de protección de derechos humanos, podrá más fácil ejercer control sobre los ciudadanos y, en consecuencia, tendremos menos posibilidad de protección. Por ello, el Gobierno venezolano denunció esta semana a la Convención Americana de Derechos Humanos; tratado de protección del sistema de libertades públicas. El objetivo del régimen: evitar la justicia internacional y que los ciudadanos acudan a ella.
Tal decisión es inconstitucional. De acuerdo a la Constitución, dicho tratado tiene rango constitucional y prevalece en el orden interno. En tal sentido, se incorporó a la Constitución y se "petrificó" en ella. Además, pretender excluirse de dicho tratado significa hacer un tratamiento regresivo de los derechos fundamentales y ello sencillamente lo prohíbe expresamente el Texto Fundamental y, por si fuera poco, el mismo tratado que se pretende denunciar es citado como fuente de derecho constitucional en el artículo 339 de la Constitución, invocándose como instrumento de protección de derechos humanos, en caso de estados de excepción. Igualmente la Constitución en su artículo 31 establece, que es derecho de los ciudadanos acogerse y protegerse en la jurisdicción internacional, que precisamente consagra dicho tratado. Sólo es posible sustraerse del tratado denunciado cambiando la Constitución de 1999.
Esta decisión violaría igualmente el Tratado del Unasur, que obliga a los Estados miembros a la preservación y promoción de los DDHH.
El Gobierno no podrá concretar ese paso, decisión que sólo servirá para ratificar la vocación totalitaria del régimen. Como bien lo apuntó el Secretario General de la OEA, retirarse del tratado implica un año de trámites y en ese año el gobierno, señalamos nosotros, el nuevo gobierno, reconsiderará la medida.
Tal decisión es inconstitucional. De acuerdo a la Constitución, dicho tratado tiene rango constitucional y prevalece en el orden interno. En tal sentido, se incorporó a la Constitución y se "petrificó" en ella. Además, pretender excluirse de dicho tratado significa hacer un tratamiento regresivo de los derechos fundamentales y ello sencillamente lo prohíbe expresamente el Texto Fundamental y, por si fuera poco, el mismo tratado que se pretende denunciar es citado como fuente de derecho constitucional en el artículo 339 de la Constitución, invocándose como instrumento de protección de derechos humanos, en caso de estados de excepción. Igualmente la Constitución en su artículo 31 establece, que es derecho de los ciudadanos acogerse y protegerse en la jurisdicción internacional, que precisamente consagra dicho tratado. Sólo es posible sustraerse del tratado denunciado cambiando la Constitución de 1999.
Esta decisión violaría igualmente el Tratado del Unasur, que obliga a los Estados miembros a la preservación y promoción de los DDHH.
El Gobierno no podrá concretar ese paso, decisión que sólo servirá para ratificar la vocación totalitaria del régimen. Como bien lo apuntó el Secretario General de la OEA, retirarse del tratado implica un año de trámites y en ese año el gobierno, señalamos nosotros, el nuevo gobierno, reconsiderará la medida.
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