General Carlos Peñaloza
19 Diciembre, 2012
Tras la llegada de Hugo Chávez al poder en 1998, Fidel Castro llamó a Ramiro Valdez, el Ministro de Informática y Comunicaciones cubano, para darle unas instrucciones secretas. Valdez debía enviar a un alto jefe del G2 experto en informática a analizar el sistema electoral venezolano.
Al regresar a Cuba, el experto cubano presentó un informe técnico destacando que, para el desarrollo del plan previsto, había que sacar de juego a INDRA, la empresa multinacional a cargo de las elecciones electrónicas en Venezuela. Adicionalmente el Gobierno debía tomar el control total de CANTV, porque INDRA no se iba a prestar a las propuestas de cambio del software y control externo que ellos tenían en mente, y sus equipos no tenían la flexibilidad y robustez necesaria para realizar las tareas que el G2 quería realizar. En CANTV era indispensable controlar la red de comunicaciones para ejecutar los planes sin levantar sospechas.
Para la operación era necesaria una empresa débil de confianza que aceptara ciertas condiciones especiales. La Dirección Estratégica Nacional del MBR-200 recibió órdenes de formar discretamente un equipo para manejar el asunto. Jorge Rodríguez fue designado funcionario del CNE -el siquiatra no es un técnico pero sí muy aficionado a la electrónica y era el más conocedor del tema en ese cónclave. De allí surgió la idea de tender una celada a INDRA con la mega elección del 2000 para obligarla a retirarse sin chistar. Ese ardid fue explicado en detalle en mi anterior artículo en este mismo espacio de El Nuevo País, titulado “Así se montó la farsa”. Al salir INDRA, sería reemplazada por el caballo de Troya. En esa tramoya se tiraron a la basura como si nada los $150 millones pagados a los españoles poco antes.
Desde el triunfo de Chávez, un empresario libanés venezolano llamado Khaled Majed, dueño de la empresa Hardwell Technologies en Venezuela, con buenos contactos militares, había ejecutado varios contratos con sistemas de computación para la sala situacional de Miraflores y equipar a los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas. El hermano de Majed es un conocido fundamentalista islámico experto en comunicaciones y los militares lo recomendaron.
Inicialmente, Majed lucía como el candidato único para desarrollar ese contrato. Su principal tarea sería aparecer como mascarón de proa de las empresas que desarrollarían el proyecto. Pronto aparecieron otros grupos locales aspirando a obtener el contrato, entre ellos uno muy poderoso con conexiones profundas dentro de PDVSA. Poco despues de aparecer este grupo en escena empezaron a aparecer en los medios de comunicación rumores sobre ciertos negocios no muy claros de Majed. Los grandes jefes pronto decidieron que el libanés era inconveniente para ese proyecto. Ante esto informática de PDVSA recomendó a una empresa que podría ejecutar el proyecto..
Un funcionario de confianza de PDVSA recomendó crear una empresa con ingenieros jóvenes y poco experimentados que fueran fáciles de manejar. Ellos, sin saberlo, harían el fronting como empresa, mientras los cubanos del G2 elaboraban el código fuente contentivo de los detalles secretos del sistema a instalar. Lo demás era carpintería abierta al público que estaría en manos de las empresas proveedoras a ser subcontratadas. La gerencia de informática de PDVSA recomendó a un grupo de ingenieros calificados que conocían desde la universidad.
El relato que sigue es resultado de una cuidadosa investigación de la trama de la cual surge SMARTMATIC. Ese arreglo condujo a la contratación de esa empresa utilizando a sus fundadores sin que se dieran cuenta. La operación se llevó a cabo sin involucrar a los rectores del CNE, que se convirtieron en convidados de piedra.
Para empezar veamos quién es SMARTMATIC y por qué fue contratada para reemplazar a INDRA. Smartmatic aparece en escena en el año 2000 al ser registrada como una pequeña empresa en el estado de Delaware en los Estados Unidos. Su campo de negocios es ambicioso: diseñar, desarrollar e instalar soluciones tecnológicas destinadas ayudar a los gobiernos o grandes empresas a alcanzar sus objetivos. Su pomposa misión es ayudar a las sociedades a ser más eficientes y transparentes a través del uso de innovaciones tecnológicas. Este objetivo le podía quedar grande a Microsoft, pero no a los cuatro audaces recién graduados que ni siquiera habían intentado desarrollar un sistema de biométrico para control de identidad.
Tras estos objetivos se ocultaba algo más pedestre: Smartmatic fue creada específicamente para licitar el sistema que iba a reemplazar al de INDRA. Sus propietarios iniciales fueron cuatro jóvenes ingenieros venezolanos recién graduados y tres inversionistas criollos ligados al chavismo. Estos últimos formaban un poderoso cogollo en PDVSA cuyo nombre se mantiene en el más estricto secreto. Los ingenieros eran Antonio Mugica, Adolfo Anzola, Eduardo Correia y Roger Piñate. Todos provienen de familias de clase media alta que se conocieron en el Colegio Emil Friedman en Los Campitos. Todos ellos fueron excelentes estudiantes que merecieron becas para asistir la universidad.
Aunque sus familias eran de clase media alta, no eran grandes capitalistas ni calificaban como inversionistas poderosos. Ninguno de ellos era un chavista furibundo, solo eran ingenuos jóvenes emprendedores y decentes pero ambiciosos, que se emocionaron cuando varios “inversionistas” les ofrecieron financiarlos a cambio de acciones en la empresa.
Aparte de esos cuatro jóvenes empresarios, ningún nombre de persona natural aparece en el registro de propietarios en los EEUU, solo la identificación de “empresas de papel” inscritos en paraísos fiscales. Las acciones de estas compañías de papel a su vez pertenecen a empresas fantasmas ubicadas en otros sitios de la misma naturaleza y así sucesivamente, como suele hacerse cuando se trata de borrar los rastros. Así es casi imposible saber quiénes son los verdaderos inversionistas. Solo se sabe que fueron, o son, cercanos a PDVSA.
Luego de una extraña licitación en el 2000 luego de la expulsión de INDRA, SMARTMATIC fue seleccionada para el primero de varios contratos con el CNE, los cuales han costado a la nación varios cientos de millones de dólares.
Pero todo esto no es lo más grave. Lo peor es que el código fuente que contiene la clave para dar instrucciones al sistema es un secreto que está en manos de los cubanos.
Esta historia continuará en mi próxima entrega. Los lectores que tengan información sobre este tema pueden escribirme a genpenaloza@gmail.
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