FERNANDO OCHOA ANTICH| EL UNIVERSAL
domingo 21 de julio de 2013 12:00 AM
Tenía que ocurrir. Este es un régimen acostumbrado a engañar a sus adversarios. Lo demostró en la negociación que tuvo Hugo Chávez con la Coordinadora Democrática después del 11 de abril de 2002. Al regresar de La Orchila parecía que era tal su remordimiento que la dirigencia opositora de esos años consideró que era sincera su intención de rectificar. Sencillamente, fue una celada. La crisis, provocada por el despido de una manera ignominiosa de un grupo de altos empleados de Pdvsa, se le había ido de las manos y necesitaba ganar tiempo. Utilizó a los expresidentes Carter y Gaviria, para que sirvieran de intermediarios, ofreciéndoles todas las garantías que ellos exigieron para después violarlas descaradamente.
Se repite la historia. Ahora, el gran tramposo es Nicolás Maduro. Dolorosamente, los engañados son, nada más ni nada menos, que el papa Francisco, el Nuncio Apostólico y la Conferencia Episcopal. Durante varios meses hicieron un encomiable esfuerzo para facilitar un diálogo entre gobierno y oposición que permitiera superar la grave crisis que se había generado por el desconocimiento que la oposición hizo del resultado electoral y de la legitimidad como presidente de la República de Nicolás Maduro. Las exigencias realizadas por la Conferencia Episcopal eran más que justas y necesarias: liberar los presos políticos, permitir el regreso de los exiliados a Venezuela y modificar la constitución del Consejo Nacional Electoral. Sencillamente, el régimen no ha concedido ninguna.
Al mismo tiempo, ha empezado una ofensiva contra los más connotados dirigentes de la oposición utilizando la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y los tribunales de justicia. Ha sido tan descarada la ofensiva contra estos dirigentes motivado a la cercanía de las elecciones municipales, que el rector Vicente Díaz se vio obligado a hacer un llamado al gobierno nacional, ante las investigaciones que se han abierto contra varios diputados y los tres gobernadores de oposición, para que sea la vía electoral la que determine los espacios de poder. El colmo es que hasta el propio Nicolás Maduro, abusando de su investidura, ha atacado inclementemente a los gobernadores Capriles y Guarulla, por el temor que le produce una importante derrota electoral.
En definitiva, la ilusión que tenían algunos sectores moderados de la oposición y del oficialismo de crear las condiciones favorables para iniciar un constructivo diálogo político, que permitiera encontrar alguna solución a la profunda crisis nacional, ha quedado totalmente descartado. Esta realidad obliga a la oposición democrática a revisar, a la brevedad posible, su actual estrategia política. Hay que reconocer que el oficialismo considera como imprescindible establecer una hegemonía política que impida de manera definitiva cualquier posibilidad de alternancia en el poder. Esta verdad quedó totalmente demostrada en el discurso de la Almirante Carmen Meléndez, en el acto de recepción del ministerio de la Defensa, y en la respuesta de Nicolás Maduro.
Allí se ratificó claramente la política militar de Hugo Chávez: destruir la institucionalidad de la Fuerza Armada al ponerla al servicio del PSUV y de las ideas socialistas Es bien conocido que el artículo 328 de la constitución nacional establece que "la Fuerza Armada es una institución profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación...En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política". Al violar este artículo, como hace Nicolás Maduro, se compromete la esencia misma de nuestro sistema político al quedar sin vigencia el artículo 2 de la Constitución Nacional que garantiza el pluralismo político y la alternancia republicana.
La oposición democrática, ante tan compleja situación política, debe diseñar una estrategia de confrontación que conduzca a mantener la iniciativa mediante acciones ofensivas. Dichas acciones deben ser detalladamente planificadas con la finalidad de mantener un absoluto control del tiempo y del espacio, es decir del momento de realizarse y la forma de hacerlo. El punto más débil que presenta el oficialismo es la crisis económica y social. Hacia allí debe dirigirse la ofensiva. Es fundamental acompañar la protesta social con la presencia de los principales líderes de la oposición. De ninguna manera, una estrategia de confrontación conduce a dejar a un lado el camino electoral. Al contrario deben vincularse dichas acciones a las elecciones municipales y parlamentarias.
Se repite la historia. Ahora, el gran tramposo es Nicolás Maduro. Dolorosamente, los engañados son, nada más ni nada menos, que el papa Francisco, el Nuncio Apostólico y la Conferencia Episcopal. Durante varios meses hicieron un encomiable esfuerzo para facilitar un diálogo entre gobierno y oposición que permitiera superar la grave crisis que se había generado por el desconocimiento que la oposición hizo del resultado electoral y de la legitimidad como presidente de la República de Nicolás Maduro. Las exigencias realizadas por la Conferencia Episcopal eran más que justas y necesarias: liberar los presos políticos, permitir el regreso de los exiliados a Venezuela y modificar la constitución del Consejo Nacional Electoral. Sencillamente, el régimen no ha concedido ninguna.
Al mismo tiempo, ha empezado una ofensiva contra los más connotados dirigentes de la oposición utilizando la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y los tribunales de justicia. Ha sido tan descarada la ofensiva contra estos dirigentes motivado a la cercanía de las elecciones municipales, que el rector Vicente Díaz se vio obligado a hacer un llamado al gobierno nacional, ante las investigaciones que se han abierto contra varios diputados y los tres gobernadores de oposición, para que sea la vía electoral la que determine los espacios de poder. El colmo es que hasta el propio Nicolás Maduro, abusando de su investidura, ha atacado inclementemente a los gobernadores Capriles y Guarulla, por el temor que le produce una importante derrota electoral.
En definitiva, la ilusión que tenían algunos sectores moderados de la oposición y del oficialismo de crear las condiciones favorables para iniciar un constructivo diálogo político, que permitiera encontrar alguna solución a la profunda crisis nacional, ha quedado totalmente descartado. Esta realidad obliga a la oposición democrática a revisar, a la brevedad posible, su actual estrategia política. Hay que reconocer que el oficialismo considera como imprescindible establecer una hegemonía política que impida de manera definitiva cualquier posibilidad de alternancia en el poder. Esta verdad quedó totalmente demostrada en el discurso de la Almirante Carmen Meléndez, en el acto de recepción del ministerio de la Defensa, y en la respuesta de Nicolás Maduro.
Allí se ratificó claramente la política militar de Hugo Chávez: destruir la institucionalidad de la Fuerza Armada al ponerla al servicio del PSUV y de las ideas socialistas Es bien conocido que el artículo 328 de la constitución nacional establece que "la Fuerza Armada es una institución profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación...En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política". Al violar este artículo, como hace Nicolás Maduro, se compromete la esencia misma de nuestro sistema político al quedar sin vigencia el artículo 2 de la Constitución Nacional que garantiza el pluralismo político y la alternancia republicana.
La oposición democrática, ante tan compleja situación política, debe diseñar una estrategia de confrontación que conduzca a mantener la iniciativa mediante acciones ofensivas. Dichas acciones deben ser detalladamente planificadas con la finalidad de mantener un absoluto control del tiempo y del espacio, es decir del momento de realizarse y la forma de hacerlo. El punto más débil que presenta el oficialismo es la crisis económica y social. Hacia allí debe dirigirse la ofensiva. Es fundamental acompañar la protesta social con la presencia de los principales líderes de la oposición. De ninguna manera, una estrategia de confrontación conduce a dejar a un lado el camino electoral. Al contrario deben vincularse dichas acciones a las elecciones municipales y parlamentarias.
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