El director de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, envió una carta a seis relatorías de las Naciones Unidas este jueves 11 de julio en la que se refiere a varios incidentes de violencia ocurridos, luego de las pasadas elecciones presidenciales el 14 de abril en Venezuela, y en la que manifiesta su preocupación por la imparcialidad de los organismos de control para investigarlos.
Por Catalina Lobo-Guerrero / Enviada especial Revista SEMANA
“Nos preocupa profundamente que las autoridades venezolanas estén utilizando investigaciones penales como una herramienta política para acusar a opositores, sin la debida justificación, de haber participado en delitos, y que a la vez no investiguen adecuadamente denuncias creíbles que se han formulado sobre graves violaciones de derechos humanos.”, dice la carta.
El gobierno venezolano ha acusado y señalado al excandidato de la oposición, Henrique Capriles Radonski, de haber sido el autor intelectual y causante de los hechos de violencia de esos días, que dejaron una decena de muertos y más de 70 heridos. El canciller venezolano, Elías Jaua, presentó esta información el pasado 13 de junio ante la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) y entregó un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo del país en donde señala que además fueron afectados algunos centros de salud, sedes de partidos políticos y oficinas de gobierno.Varios informes de organizaciones de derechos humanos venezolanas, sin embargo, han cuestionado la veracidad del informe de la Defensoría, y los casos y evidencias allí presentados por el gobierno como actos de “violencia fascista” por parte de opositores. La COFAVIC, PROVEA, y CIVILIS, entre otras, han elaborado además sus propios informes, que muestran que la violencia de esos días no fue solamente de opositores contra chavistas, como lo ha querido mostrar el gobierno.
Los informes, que recogen denuncias en varias ciudades del país, dan cuenta que decenas de simpatizantes opositores fueron presuntamente maltratados, detenidos, amenazados, y en algunos casos, violentados física y verbalmente por cuerpos de seguridad del Estado. Algunos manifestantes, según señalan estos documentos, habrían sido llevados de manera ilegal a guarniciones o sedes militares donde habrían sido torturados.
La carta de Vivanco señala con preocupación que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz haya desestimado estos informes locales y las denuncias de presuntos abusos cometidos contra simpatizantes opositores en esos días. “Aquí en Venezuela no se maltrata a las personas que son privadas de libertad”, señaló la fiscal.
Es por esta situación que Vivanco le pide a la ONU que interceda. “Le instamos respetuosamente a que exija al gobierno de Venezuela que investigue de manera oportuna, exhaustiva e imparcial todos estos incidentes y juzgue a los responsables en los casos en que se hayan cometido abusos”.
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