MARÍA TERESA ROMERO| EL UNIVERSAL
miércoles 31 de julio de 2013 12:00 AM
Entre los balances de gobierno que prosperan en estos días, bien cabe el del Plan Patria Segura, uno de los programas bandera de Nicolás Maduro para combatir uno de los peores problemas de la Venezuela actual, la inseguridad, con el cual no ha podido la ineficiencia chavista. Fue lanzado en mayo con la promesa de eliminarla con el despliegue de 30 mil efectivos de la Fuerza Armada, la Policía Nacional y las policías regionales en todo el país
A casi tres meses de su ejecución, no sólo no han disminuido los homicidios y la delincuencia, sino que la represión y el abuso militar han llegado a niveles escalofriantes Allí tenemos, entre otros casos, el asesinato de madre e hija en Falcón, la muerte del joven obligado a ingerir gasolina en Táchira y el homicidio con un tiro en la espalda de un mototaxista en Petare. Razón tienen las diversas ONG de Derechos Humanos de oponerse a la decisión de recurrir a los militares para esa tarea.
Pero el problema no está sólo en el hecho de que los militares no están preparados para esas funciones, como bien lo muestra su vergonzoso historial de abusos. El meollo del asunto está en que el verdadero objetivo del actual despliegue militar es terminar de militarizar a la sociedad venezolana; propósito clave del proyecto "socialista" chavista de vocación totalitaria.
Hoy más que nunca el frágil e ilegítimo gobierno de Maduro necesita acelerar el proceso de militarización nacional. Con los milicos en la calle haciendo labores de seguridad ciudadana, le es más fácil acallar a la oposición política y someter a la población en general, cada día más descontenta con su gestión. A la vez, le facilita el control y movilización ciudadana para antes, durante y después del proceso electoral del próximo 08-12, unos comicios que le son esenciales para consolidarse y legitimarse en el poder, así como para avanzar en la idea del Estado Comunal que pretende acabar con la democracia municipal.
La lucha opositora también debe enfatizar la vuelta de los milicos a sus cuarteles.
A casi tres meses de su ejecución, no sólo no han disminuido los homicidios y la delincuencia, sino que la represión y el abuso militar han llegado a niveles escalofriantes Allí tenemos, entre otros casos, el asesinato de madre e hija en Falcón, la muerte del joven obligado a ingerir gasolina en Táchira y el homicidio con un tiro en la espalda de un mototaxista en Petare. Razón tienen las diversas ONG de Derechos Humanos de oponerse a la decisión de recurrir a los militares para esa tarea.
Pero el problema no está sólo en el hecho de que los militares no están preparados para esas funciones, como bien lo muestra su vergonzoso historial de abusos. El meollo del asunto está en que el verdadero objetivo del actual despliegue militar es terminar de militarizar a la sociedad venezolana; propósito clave del proyecto "socialista" chavista de vocación totalitaria.
Hoy más que nunca el frágil e ilegítimo gobierno de Maduro necesita acelerar el proceso de militarización nacional. Con los milicos en la calle haciendo labores de seguridad ciudadana, le es más fácil acallar a la oposición política y someter a la población en general, cada día más descontenta con su gestión. A la vez, le facilita el control y movilización ciudadana para antes, durante y después del proceso electoral del próximo 08-12, unos comicios que le son esenciales para consolidarse y legitimarse en el poder, así como para avanzar en la idea del Estado Comunal que pretende acabar con la democracia municipal.
La lucha opositora también debe enfatizar la vuelta de los milicos a sus cuarteles.
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