LUIS IZQUIEL| EL UNIVERSAL
viernes 12 de julio de 2013 12:00 AM
El vil asesinato de una madre y su hija en la ciudad de Coro, a manos de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, coloca de relieve la inconveniencia de que funcionarios militares se encuentren hoy ejerciendo labores de policía en el país. Irresponsables e improvisadas políticas en materia de seguridad ciudadana, no deben continuar enlutando a inocentes familias venezolanas.
El artículo 332 de nuestra Constitución señala que los órganos de seguridad ciudadana tienen que ser "de carácter civil y deben respetar la dignidad y los derechos humanos de los venezolanos". Los soldados de la FANB no están capacitados para actuar con base en los principios del uso progresivo y diferenciado de la fuerza, los cuales establecen, entre otros aspectos, que "la fuerza mortal solo estará justificada para la defensa de la vida del funcionario policial o de un tercero". Los militares, por el contrario, son formados para combatir y aniquilar a un enemigo.
De los lamentables hechos ocurridos el pasado 4 de julio, se desprenden dos tipos de responsabilidades. La primera, de carácter penal, recae sobre los funcionarios de la GNB que, utilizando armas de guerra, dispararon más de 70 veces contra el auto que tripulaba una madre con sus tres menores hijas. La segunda, moral y política, pesa sobre Nicolás Maduro y su ministro de Interior y Justicia, por haber autorizado la militarización de la seguridad ciudadana, en contra de lo que establece nuestro ordenamiento jurídico.
La militarización no solo pone en peligro los DDHH de los venezolanos, sino que además no ha contribuido a disminuir la inseguridad. A pesar de las cifras contradictorias de reducción señaladas por el ministro (un día dice 61%, el otro 33%, luego 30% y después 5%), lo cierto es que en el pasado mes de junio la actividad criminal aumentó en el área metropolitana de Caracas y en casi todo el país. Así lo reflejaron las estadísticas publicadas por diversos medios de comunicación.
Si los efectivos de la GNB que actuaron en la masacre de Coro estaban o no adscritos al plan "Patria Segura", es un detalle burocrático de poca importancia. Lo relevante es que eran militares inexpertos (la mitad de los detenidos por este hecho tienen menos de 23 años de edad) y sin capacitación en tareas de seguridad ciudadana. Es evidente que la militarización no es la solución. En el país se necesita ampliar el número de policías preventivos y fortalecer los cuerpos de seguridad nacionales y regionales.
Los representantes del gobierno, con la manipuladora tesis de la "no politización", tienen toda la intención de solapar la masacre de Coro. Por esta razón, los diputados oficialistas se negaron a discutir el tema en la Asamblea Nacional. Esto no puede quedar en el simple juzgamiento de los GNB que participaron, el país necesita que se debata la presencia de efectivos castrenses en las calles.
La política de militarización de las labores policiales debe ser revisada. Mientras esto no se produzca, siempre existirá el riesgo de que lo ocurrido en Coro pueda repetirse en cualquier momento.
El artículo 332 de nuestra Constitución señala que los órganos de seguridad ciudadana tienen que ser "de carácter civil y deben respetar la dignidad y los derechos humanos de los venezolanos". Los soldados de la FANB no están capacitados para actuar con base en los principios del uso progresivo y diferenciado de la fuerza, los cuales establecen, entre otros aspectos, que "la fuerza mortal solo estará justificada para la defensa de la vida del funcionario policial o de un tercero". Los militares, por el contrario, son formados para combatir y aniquilar a un enemigo.
De los lamentables hechos ocurridos el pasado 4 de julio, se desprenden dos tipos de responsabilidades. La primera, de carácter penal, recae sobre los funcionarios de la GNB que, utilizando armas de guerra, dispararon más de 70 veces contra el auto que tripulaba una madre con sus tres menores hijas. La segunda, moral y política, pesa sobre Nicolás Maduro y su ministro de Interior y Justicia, por haber autorizado la militarización de la seguridad ciudadana, en contra de lo que establece nuestro ordenamiento jurídico.
La militarización no solo pone en peligro los DDHH de los venezolanos, sino que además no ha contribuido a disminuir la inseguridad. A pesar de las cifras contradictorias de reducción señaladas por el ministro (un día dice 61%, el otro 33%, luego 30% y después 5%), lo cierto es que en el pasado mes de junio la actividad criminal aumentó en el área metropolitana de Caracas y en casi todo el país. Así lo reflejaron las estadísticas publicadas por diversos medios de comunicación.
Si los efectivos de la GNB que actuaron en la masacre de Coro estaban o no adscritos al plan "Patria Segura", es un detalle burocrático de poca importancia. Lo relevante es que eran militares inexpertos (la mitad de los detenidos por este hecho tienen menos de 23 años de edad) y sin capacitación en tareas de seguridad ciudadana. Es evidente que la militarización no es la solución. En el país se necesita ampliar el número de policías preventivos y fortalecer los cuerpos de seguridad nacionales y regionales.
Los representantes del gobierno, con la manipuladora tesis de la "no politización", tienen toda la intención de solapar la masacre de Coro. Por esta razón, los diputados oficialistas se negaron a discutir el tema en la Asamblea Nacional. Esto no puede quedar en el simple juzgamiento de los GNB que participaron, el país necesita que se debata la presencia de efectivos castrenses en las calles.
La política de militarización de las labores policiales debe ser revisada. Mientras esto no se produzca, siempre existirá el riesgo de que lo ocurrido en Coro pueda repetirse en cualquier momento.
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