GERARDO FERNÁNDEZ| EL UNIVERSAL
viernes 5 de julio de 2013 12:00 AM
Litigar las impugnaciones contra las elecciones resulta aún más complejo cuando se tiene al juzgador en contra. No sólo se litiga contra el CNE, se litiga contra el TSJ, y no en el TSJ; se litiga contra el poder, el abuso y la desviación.
La Sala Constitucional se avocó al conocimiento de las causas de manera arbitraria, vulnerando el principio del juez natural y las competencias especializadas de la Sala Electoral. La ley permite el avocamiento de manera excepcional sólo cuando existan indicios de violación del orden público constitucional, ello para evitar que la Sala Constitucional se avoque a juicios que cursan en otros tribunales de manera arbitraria y caprichosa. En este caso, sin lugar a dudas, no se ha dado este supuesto. Este avocamiento no responde a criterios jurídicos, sino políticos, para procurarse mayor control de los juicios y sus decisiones. Eso es muy peligroso para el estado de derecho, es la prueba de la falta de independencia del Poder Judicial.
En este momento a la Sala le correspondería pronunciarse sobre la admisibilidad de los recursos, ya que no hay causa legal para negarla y tramitar el juicio, permitiendo demostrar la corrupción electoral.
No obstante, la primera actuación de la Sala Constitucional fue requerir al CNE un informe de las resultas de las auditorías efectuadas por el ente comicial. Esa decisión se anticipa al debate de fondo planteado, esperemos que no sea para desestimar arbitrariamente los juicios de manera apresurada. Ya se sabe que esa supuesta auditoría señaló que el proceso electoral arrojo "error cero"; no nos extrañe que con base en ello el TSJ diga que, en consecuencia, todo está perfecto y no hay nada que discutir, desechando de una vez los recursos. Tal decisión sería una grave violación al derecho constitucional a la defensa y al debido proceso. Hemos dicho que estos recursos son una herramienta para la democracia y una salida a la crisis de legitimidad. La ponderación se impone, le conviene al país en su totalidad.
Lo importante es la constitución de un TSJ imparcial y justo. Por ello se recusaron a todos los magistrados, ya que adelantaron opinión sobre el fondo del debate y hay parcialidad política e ideología. Se utilizan todas las herramientas que ofrece el Estado para recuperar la institucionalidad y el estado de derecho.
La Sala Constitucional se avocó al conocimiento de las causas de manera arbitraria, vulnerando el principio del juez natural y las competencias especializadas de la Sala Electoral. La ley permite el avocamiento de manera excepcional sólo cuando existan indicios de violación del orden público constitucional, ello para evitar que la Sala Constitucional se avoque a juicios que cursan en otros tribunales de manera arbitraria y caprichosa. En este caso, sin lugar a dudas, no se ha dado este supuesto. Este avocamiento no responde a criterios jurídicos, sino políticos, para procurarse mayor control de los juicios y sus decisiones. Eso es muy peligroso para el estado de derecho, es la prueba de la falta de independencia del Poder Judicial.
En este momento a la Sala le correspondería pronunciarse sobre la admisibilidad de los recursos, ya que no hay causa legal para negarla y tramitar el juicio, permitiendo demostrar la corrupción electoral.
No obstante, la primera actuación de la Sala Constitucional fue requerir al CNE un informe de las resultas de las auditorías efectuadas por el ente comicial. Esa decisión se anticipa al debate de fondo planteado, esperemos que no sea para desestimar arbitrariamente los juicios de manera apresurada. Ya se sabe que esa supuesta auditoría señaló que el proceso electoral arrojo "error cero"; no nos extrañe que con base en ello el TSJ diga que, en consecuencia, todo está perfecto y no hay nada que discutir, desechando de una vez los recursos. Tal decisión sería una grave violación al derecho constitucional a la defensa y al debido proceso. Hemos dicho que estos recursos son una herramienta para la democracia y una salida a la crisis de legitimidad. La ponderación se impone, le conviene al país en su totalidad.
Lo importante es la constitución de un TSJ imparcial y justo. Por ello se recusaron a todos los magistrados, ya que adelantaron opinión sobre el fondo del debate y hay parcialidad política e ideología. Se utilizan todas las herramientas que ofrece el Estado para recuperar la institucionalidad y el estado de derecho.
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