En: http://www.lapatilla.com/site/2015/02/03/en-manos-del-tsj-se-encuentran-las-vidas-de-los-manifestantes-pacificos-en-venezuela/
Este martes 03 de febrero de 2015, el Responsable Nacional del
Movimiento social Gremios de Voluntad Popular y ex presidente de la
Federación Interamericana de Abogados Rafael Veloz, con la asistencia
del jurista Alfredo Jiménez, introdujeron un recurso de nulidad ante el
Tribunal Supremo de Justicia motivado a la publicación de la Resolución
008610 en la Gaceta Nacional número 40.589, de fecha 27 de enero de
2015, que establece un nuevo modelo de control militar del orden público
donde incluye el “uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el
arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal”, como último
recurso para “evitar los desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente
constituida y rechazar toda agresión”.NP
Voluntad Popular ha solicitado la desaplicación inmediata de esta
resolución, con el objetivo de resguardar la vida de toda persona que
desee protestar pacíficamente por causas sociales o políticas en
cualquier parte del territorio nacional. “El Ministerio del Poder
Popular para la Defensa ha dictado una resolución que claramente es
violatoria del Artículo 68 constitucional, según el cual se prohíbe el
uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de
manifestaciones pacíficas. Nuestra Constitución es, en este punto, clara
y enfática. No hay espacio para esas “interpretaciones” que a veces se
hacen para desvirtuar el sentido de la norma constitucional, es por ello
que el TSJ tiene en sus manos la vida de los manifestantes pacíficos en
Venezuela” afirmó Velóz.
El jurista explicó que dicha resolución podría ser interpretada de
forma subjetiva y ser utilizada contra manifestantes pacíficos o para
dispersar protestas pacíficas. “Esto constituye una violación de los
Derechos Humanos, incluso puede llegar a ser contradictoria, dice:
‘Proteger los derechos humanos y garantías de las personas que
participan en la reuniones públicas y manifestaciones, así como, de las
demás personas y sociedad en general’. Y posteriormente permite el uso
de la fuerza, armas químicas, armas letales y no letales de acuerdo a
unos principios y escalas que quedan a criterio del funcionario o
funcionaria militar”.
A juicio del dirigente nacional de VP, se permite el uso de agentes
químicos y armas letales sin señalar claramente cómo los efectivos
militares deben determinar el uso necesario de estas en las
manifestaciones o reuniones. “En la resolución solo se indica de manera
general y confusa ciertos principios para el uso de la fuerza física,
como el de la proporcionalidad y el de la progresividad”, expuso.
Velóz aseveró que se están violando las normas internacionales de
Derechos Humanos que prohíben el uso de armas letales en manifestaciones
y protestas. “El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en
su artículo 21 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su
artículo 15, reconocen el derecho de reunión pacífica y sin armas.
Señalan que éste derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones
previstas en la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en
interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública del orden
público, o para proteger la salud, la moral pública, los derechos y
libertades de los demás”
Esta iniciativa que se suma al recurso de nulidad introducido por la
Mesa de la Unidad busca reprimir a todo venezolano y venezolana que
desee expresarse libremente de manera pacífica, pública, individual o
colectivamente, para exigir que se cumplan y reivindiquen sus derechos. Y
no garantiza el derecho a la vida, el derecho a expresar pacíficamente
los desacuerdos o rechazos referidos a hechos que estén afectando o
perjudicando a los venezolanos y a su vez coloca por encima los
intereses del actual régimen sobre los intereses del ciudadano.
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