Marianella Salazar
Maduro insiste en denunciar un golpe de Estado y lo
repetirá hoy al cumplirse 23 años del fatídico 4-F, la intentona golpista del
teniente coronel Hugo Chávez en contra de un presidente electo
democráticamente. Ahora, Maduro afirma que hay un plan “cruento” para
derrocarlo y acusa al vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, de
promoverlo, conjuntamente con la Oficina Federal de Investigaciones, la Agencia
Central de Información y el departamento antidrogas estadounidense (DEA), que
están investigando a funcionarios y ex funcionarios de Chávez y Maduro por
violación de derechos humanos o por vínculos con el narcotráfico.
El verdadero golpe que está
recibiendo el gobierno del dúo Maduro-Cabello es la infiltración por los
servicios de inteligencia, especialmente de la Armada y de la Aviación, en sus
anillos de seguridad y entornos, civiles y militares. La operación de infiltración
a Diosdado Cabello fue muy secreta: el “patriota cooperante” con la DEA,
capitán de corbeta Leamsy SalazarVillafañe -ex jefe de seguridad del presidente
Chávez- debió documentar con videos y grabaciones los testimonios que
justifican su condición de testigo protegido y su declaración ante la Fiscalía
de Nueva York. El escándalo que involucra a un hombre tan poderoso como el
presidente de la Asamblea Nacional, es un eslabón muy importante en la larga
cadena que engrosa el viejo expediente de narcotráfico contra funcionarios y
militares pertenecientes al llamado cartel de los soles.
Como nunca antes, un gobierno y
una Fuerza Armada están tan comprometidos con el tráfico internacional de
drogas; el caso de las 30 maletas que hace poco más de un año salieron del
aeropuerto de Maiquetía -cuya seguridad es responsabilidad de la Fuerza Armada
Bolivariana- y llegaron a París en un avión de Air France cargado con más de
1.000 kilos de cocaína fue uno más de los hallazgos que ubican al país como
puerto de exportación de la mayor cantidad de droga que entra a Europa. En ese
decomiso, como en tantos otros, las policías del mundo excluyen a los cuerpos
de seguridad venezolanos para que no sean abortados. La operación que conduce a
declarar a Venezuela como narcoestado se viene preparando desde que el difunto
Hugo Chávez facilitó las actividades de las FARC, no sólo en el tráfico de
armas sino de drogas, y despojara a gobernaciones y alcaldías del control de
puertos y aeropuertos para que la narcoguerrilla trabajara a su antojo.
Chávez siempre estuvo enterado de
lo que hacían sus hombres y los protegió cuando el Departamento del Tesoro de
Estados Unidos los implicó en actividades de narcotráfico. Esos hombres -Henry
Rangel Silva, Clíver Alcalá Cordones, Néstor Reverol, Hugo Carvajal, Ramón
Rodríguez Chacín, entre otros- seguirán blindados mientras Maduro no se caiga
de la silla coja que lo mantiene tambaleante en Miraflores.
Resolución mortal
Las narco-denuncias y el
desenlace inminente, cuyo detonante es el malestar social manifestado en las
mega colas, que evidencian la gravedad del desabastecimiento, tienen a Maduro y
a Cabello fuera de control. La “hermosísima” pero inconstitucional resolución
008610 para enfrentar con plomo y gas del bueno a quienes protesten ha sido
obra y gracia del general Vladimir Padrino López. ¿Y ese era el ministro de la
Defensa del candidato presidencial Henrique Capriles?... ¡No me frieguen!
Tic tac
Dos pájaros, un solo
tiro: las denuncias del capitán
Salazar contra personeros venezolanos también invalida como embajador de Cuba
en Estados Unidos a Germán Sánchez Otero, ex embajador y “pro-cónsul” de La
Habana en Venezuela, cuyo hijo es mencionado en el negocio de la droga por el
denunciante.
Vía
El Nacional
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