ARMANDO DURÁN
25 DE ENERO 2016 - 12:01 AM
¿Puede ser la crisis institucional mecanismo de acción permanente de gobierno?
Nadie en su sano juicio incluiría esta alternativa desesperada en su menú de opciones para enfrentar una crisis económica como la que actualmente acorrala al país. Sin embargo, este es el camino que ha resuelto emprender Nicolás Maduro, no para superar ese desafío material generado por el disparate de aplicar en Venezuela el anacrónico y fallido modelo socialista cubano, sino para eludir como sea la pavorosa realidad política que surgió de la jornada electoral del 6 de diciembre. Aquel rechazo descomunal de los venezolanos a su gestión de la crisis es lo que le da su sentido real a la negativa del Ejecutivo a que sus ministros de la economía comparecieran ante la Asamblea Nacional a rendir cuenta exacta y pública de la catástrofe.
Mírese como se quiera, lo cierto es que esa decisión fue en verdad una declaración de guerra presidencial a la Asamblea tras el alto al fuego pasajero que hace una semana le devolvió su “legalidad” al poder legislativo. Ocurrencia que nada tenía que ver con una eventual rectificación del carácter autocrático del régimen, sino a la necesidad personal de Maduro de cumplir su obligación constitucional de rendir sus cuentas anuales, “personalmente, y en la Asamblea.” Superado este escollo, volvió entonces a sus andanzas de siempre y a puso finalmente en evidencia lo que en verdad tenemos entre manos, “un régimen de facto, basado en la fuerza y no en la ley”, como señalaba certeramente Ramón Piñango en un tuit publicado la mañana del viernes.
Ante este crucial incidente quedan en claro, por una parte, la decisión del Alto Mando Cívico-Militar de la Revolución de obstruir, de manera sistemática e implacable, el trabajo de la nueva y ahora por fin autónoma y no subordinada Asamblea Nacional. Por la otra, que la posibilidad de lograr a partir de la victoria electoral del 6D un cambio substancial del rumbo económico no es posible sin primero lograr un cambio de gobierno. Vaya, que para devolverle a Venezuela la racionalidad perdida en materia económica y restaurar la democracia y el estado de derecho como sistema político, no sirven de nada los decretos de emergencia, pero también hacen falta mucho más que los deseos o la ilusión.
Esta es la causa real del desacato presidencial del jueves, cuya fuente doctrinal es el ultimátum que el propio Maduro le presentó a la Asamblea la noche del martes: o los parlamentarios aprobaban por unanimidad el decreto de emergencia que le permitiera restringir aún más las garantías constitucionales, o tendría la Asamblea que sufrir los efectos devastadores de un duelo definitivo con el Ejecutivo. Tortuoso sendero por el que la convicción antidemocrática del régimen nos ha conducido de vuelta al centro de un conflicto entre la Presidencia de la República y la Asamblea sin remedio a la vista. Es decir, de vuelta a la ingobernabilidad como signo inevitable del destino nacional, porque la “revolución bolivariana” sencillamente no está dispuesta en absoluto a someterse a los rigores de un sistema político democrático ni a la legítima curiosidad de un periodismo que por definición nunca ha dejado ni dejará de ser contestatario.
Por supuesto, desde el jueves pasado sobraban los indicios para suponer que el viernes por la tarde la mayoría opositora en la Asamblea dejaría sin efecto el decreto de emergencia económica de Maduro. Esta presunción se hizo certeza esa misma tarde al informar el Ejecutivo que sus funcionarios no acudirían a su cita con los miembros de la comisión parlamentaria encargada de analizar la pertinencia o no del decreto. No se podía conjeturar, sin embargo, hasta qué extremos estaría dispuesto a llegar Maduro para neutralizar, ¿de un vez por todas?, los profundos cambios políticos que de repente han comenzado a producirse en Venezuela a raíz del aplastante triunfo electoral de la oposición.
En medio de esta incertidumbre, dos cosas sí sabemos. Una, que en este punto de inflexión del proceso político venezolano, lo que haga el régimen en los próximos días definirá su futuro y el de Venezuela. La otra, que la respuesta de la oposición no podrá limitarse esta vez al empleo de argumentos puramente jurídicos. La terca actitud de Maduro para persistir en el error y desconocer además la soberana voluntad de cambio expresada por los venezolanos en las urnas del 6D, sumado al hecho de exigirle al país acompañarlo en el exabrupto de rebelarse contra la Asamblea, contra la constitución y contra las leyes, coloca a la oposición y a todos los venezolanos en la encrucijada de ser cómplices de esta suerte de golpe de mano presidencial contra el poder legislativo, o darle al régimen una respuesta moral terminante. Al precio que pongan las circunstancias.
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