Agonizan. Sobreviven entre la injusticia y la violencia. Se niegan a doblegar su principio de que “todos los seres humanos nacen iguales y libres en dignidad”. Hoy, los Derechos Humanos cumplen 63 años de lucha con la promesa de mantener la batalla contra la impunidad.
En Venezuela hay quienes riñen cada día para impedir que sean vulnerados u olvidados. La jueza María Lourdes Afiuni es una. Emitió la boleta de excarcelación al banquero Eligio Cedeño sin sobornos, apegada a la ley pero el Gobierno la mantiene castrada en un apartamento. El 10 de diciembre de 2009, Día Internacional de los Derechos Humanos, la detuvieron por cumplir con la justicia.
Su familia denuncia “el abuso e irrespeto a los derechos”. No desmayan en difundir “la violación continua” de la que es víctima. Sólo puede ver al mundo desde un cuarto piso. Las 24 horas del día está vigilada por 16 guardias nacionales. Ni si quiera puede abrir la puerta para recibir visitas. Es una odisea. Geraldine Afiuni, su única hija de 18 años la padece.
Perdió la compañía de algunos amigos porque temen anotarse en la lista que registra a quienes entran y salen de la residencia. Dejar sus nombres, teléfonos y direcciones en manos de los efectivos castrenses los intimida. “Estamos muy limitadas”, afirmó. Nadie puede quedarse a dormir. Necesitan anticiparlo.
Esta Navidad será la tercera que la jueza no disfrutará. A pesar de que le corresponde obtener su libertad tras no recibir sentencia condenatoria en el tiempo detenida, ayer suspendieron la audiencia donde se decidiría si se extendería hasta 2014 su medida privativa. El destino de Afiuni es incierto.
El tribunal le prohíbe hablar a la funcionaria del caso pero eso no puede “esconderlo y menos cuando la detuvieron en un día de los derechos humanos”, declaró Nelson, su hermano, quien se convirtió en su voz. Exige un proceso imparcial, “donde las autoridades no reciban órdenes ni del presidente ni del Partido Socialista Unido de Venezuela”.
Una situación difícil
“En el mundo todavía hay demasiada represión e impunidad”, reconoció Ban Ki-moon, secretario general de la Organizaciones de las Naciones Unidas, en su mensaje emitido a propósito de los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en París, un documento que si no defiende quedará como “algo redactado hace decenios”.
Eso es lo que no quiere Geraldine Afiuni. Pedir “misericordia” a Hugo Chávez, presidente de la República es “imposible y nadie debe hacerlo porque existen leyes y acuerdos que las autoridades deben cumplir con independencia”.
Recalca que aunque quedó atrás el sacrificio de ir al penal de mujeres para ver una hora a su madre, el maltrato en las cárceles es injustificable. Los números de la Organización No Gubernamental para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos (Cofavic) alarman. Entre 2000 y 2007 registraron seis mil 405 denuncias de actividades extrajudiciales (torturas, desapariciones forzadas y asesinatos) que involucraban a siete mil 200 víctimas, es decir, un promedio de 900 denuncias al año. Si las cifras se extienden a 2010 llega a 10 mil casos.
Los números son consecuencia de la impunidad, apuntó Theresly Malavé, abogada. Condena que “el desamparo que existe para las víctimas”. La situación, “no tiene precedentes en Venezuela” porque de cada 100 denuncias solo tres llegan ante un juez.
“Ya no solo es el hacinamiento en las cárceles, construidas para 12 mil reclusos pero que superan los 46 mil con sus 400 muertes al año. Ahora se añade a los jueces quienes son amenazados y hostigados”, sentenció Liliana Ortega, directora de Cofavic.
Considera que la detención de María Lourdes Afiuni, “ilustra muy bien cómo cualquier juez después debe dos veces antes de tomar una decisión que pueda disgustar al estamento político”.
La hija de la imputada, confía en los comicios presidenciales del próximo año para torcer la realidad descrita por Ortega. En 2012 votará por un cambio, el único que podría lograr lo que tanto anhela: la libertad de todos los presos políticos.
Sin compasión
José Sánchez “Mazuco” es diputado de la Asamblea Nacional. Ganó el circuito número cinco del estado Zulia pero no ocupa su curul. Está preso en Ramo Verde y sentenciado a 19 años de cárcel. En la medicatura forense del Hospital Militar le diagnosticaron cáncer de próstata y sufre de hipertensión, gastritis crónica y los triglicéridos y el colesterol se le complican cada día. Hasta semueve en silla de ruedas. No puede cargar agua hasta su celda, en el quinto piso del penal porque los dolores lumbares se lo impiden.
Pese a sus condiciones, aún no recibe una amnistía para regresar desde Los Teques hasta Maracaibo para recibir atención médica. Rómulo Pacheco, su abogado, espera que la jueza Fabiola Vezga apruebe el beneficio humanitario, solicitado en tres oportunidades para el parlamentario. María de Sánchez, esposa del excomisario, declaró que la Fiscalía utilizó “testigos encapuchados y lo peor es que quedan asentados en el expediente con nombres de mujer y sin huellas dactilares”. La irregularidad “es un hecho insólito”. Clama justicia.
En deterioro
Henry Vivas, comisario de la Policía Metropolitana, está condenado a 30 años de prisión por hechos ocurridos el 11 de Abril de 2002. Ya suma siete años detenido en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en el Helicoide, Caracas.
Es víctima de condiciones “inhumanas” denuncia la organización Un Mundo Sin Mordaza, Liderazgo y Visión y familiares. Se le impide ver el sol y recibir la atención médica para tratar sus 17 patologías de las cuales seis están en etapa crítica, entre ellas un tumor en las cuerdas vocales, la tromboflebitis, la irritación en el colon, gastritis erosiva, problemas respiratorios y pérdida progresiva de la audición y la visión.
El estado de salud es “suficiente” para que se le conceda la medida humanitaria. En julio de este año, la Defensoría del Pueblo recomendó la libertad condicional que le permita recibir el tratamiento. Miguel Méndez Fabbiani vocero de Un Mundo Sin Mordaza informó calificó a Vivas como “nueva víctima del mecanismo perverso del régimen” que, a su juicio, “espera repetir la tragedia de Franklin Brito”. En manos de la juez, Marlene Mendoza está la decisión.
Falta respuesta
Iván Simonovis, desde el 22 de noviembre de 2004 está privado de libertad por los sucesos de abril de 2002, época en la que se desempeñó como inspector de la Policía Técnica Judicial (PTJ). Después de siete años recluido en una celda de cuatro metros cuadrados en el sótano de la sede de la Policía política en Caracas, sin ventilación ni luz natural. Solo tiene acceso a la luz del sol, seis horas al mes. Presenta fractura cervical y enfermedad degenerativa de la columna con múltiples hernias discales.
María del Pilar de Simonovis, esposa del comisario, solicitó al tribunal Primero de Ejecución del Circuito Judicial del Estado Aragua una medida humanitaria al exinspector de la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ), bajo la modalidad de libertad condicional, debido a las graves enfermedades que padece.
Cero uno
Por primera vez Venezuela se sometió al examen periódico Universal de los Derechos Humanos en Ginebra. José Amalio Graterol, abogado, otorgó “cero uno” al país en el reporte presentado en octubre de 2011 porque no reconoció los homicidios y constantes violaciones a la libertad de expresión.
La organización efectuó 148 recomendaciones al Gobierno entre ellas, enmendar la legislación relacionada con los medios, para eliminar la criminalización del desacato o vilipendio, actuar para garantizar el derecho a la vida y a la integridad física por todas las instancias del estado y abolir la práctica de usar el sistema judicial para silenciar las críticas al Gobierno. Ninguna acató el Ejecutivo.
En Venezuela hay quienes riñen cada día para impedir que sean vulnerados u olvidados. La jueza María Lourdes Afiuni es una. Emitió la boleta de excarcelación al banquero Eligio Cedeño sin sobornos, apegada a la ley pero el Gobierno la mantiene castrada en un apartamento. El 10 de diciembre de 2009, Día Internacional de los Derechos Humanos, la detuvieron por cumplir con la justicia.
Su familia denuncia “el abuso e irrespeto a los derechos”. No desmayan en difundir “la violación continua” de la que es víctima. Sólo puede ver al mundo desde un cuarto piso. Las 24 horas del día está vigilada por 16 guardias nacionales. Ni si quiera puede abrir la puerta para recibir visitas. Es una odisea. Geraldine Afiuni, su única hija de 18 años la padece.
Perdió la compañía de algunos amigos porque temen anotarse en la lista que registra a quienes entran y salen de la residencia. Dejar sus nombres, teléfonos y direcciones en manos de los efectivos castrenses los intimida. “Estamos muy limitadas”, afirmó. Nadie puede quedarse a dormir. Necesitan anticiparlo.
Esta Navidad será la tercera que la jueza no disfrutará. A pesar de que le corresponde obtener su libertad tras no recibir sentencia condenatoria en el tiempo detenida, ayer suspendieron la audiencia donde se decidiría si se extendería hasta 2014 su medida privativa. El destino de Afiuni es incierto.
El tribunal le prohíbe hablar a la funcionaria del caso pero eso no puede “esconderlo y menos cuando la detuvieron en un día de los derechos humanos”, declaró Nelson, su hermano, quien se convirtió en su voz. Exige un proceso imparcial, “donde las autoridades no reciban órdenes ni del presidente ni del Partido Socialista Unido de Venezuela”.
Una situación difícil
“En el mundo todavía hay demasiada represión e impunidad”, reconoció Ban Ki-moon, secretario general de la Organizaciones de las Naciones Unidas, en su mensaje emitido a propósito de los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en París, un documento que si no defiende quedará como “algo redactado hace decenios”.
Eso es lo que no quiere Geraldine Afiuni. Pedir “misericordia” a Hugo Chávez, presidente de la República es “imposible y nadie debe hacerlo porque existen leyes y acuerdos que las autoridades deben cumplir con independencia”.
Recalca que aunque quedó atrás el sacrificio de ir al penal de mujeres para ver una hora a su madre, el maltrato en las cárceles es injustificable. Los números de la Organización No Gubernamental para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos (Cofavic) alarman. Entre 2000 y 2007 registraron seis mil 405 denuncias de actividades extrajudiciales (torturas, desapariciones forzadas y asesinatos) que involucraban a siete mil 200 víctimas, es decir, un promedio de 900 denuncias al año. Si las cifras se extienden a 2010 llega a 10 mil casos.
Los números son consecuencia de la impunidad, apuntó Theresly Malavé, abogada. Condena que “el desamparo que existe para las víctimas”. La situación, “no tiene precedentes en Venezuela” porque de cada 100 denuncias solo tres llegan ante un juez.
“Ya no solo es el hacinamiento en las cárceles, construidas para 12 mil reclusos pero que superan los 46 mil con sus 400 muertes al año. Ahora se añade a los jueces quienes son amenazados y hostigados”, sentenció Liliana Ortega, directora de Cofavic.
Considera que la detención de María Lourdes Afiuni, “ilustra muy bien cómo cualquier juez después debe dos veces antes de tomar una decisión que pueda disgustar al estamento político”.
La hija de la imputada, confía en los comicios presidenciales del próximo año para torcer la realidad descrita por Ortega. En 2012 votará por un cambio, el único que podría lograr lo que tanto anhela: la libertad de todos los presos políticos.
Sin compasión
José Sánchez “Mazuco” es diputado de la Asamblea Nacional. Ganó el circuito número cinco del estado Zulia pero no ocupa su curul. Está preso en Ramo Verde y sentenciado a 19 años de cárcel. En la medicatura forense del Hospital Militar le diagnosticaron cáncer de próstata y sufre de hipertensión, gastritis crónica y los triglicéridos y el colesterol se le complican cada día. Hasta semueve en silla de ruedas. No puede cargar agua hasta su celda, en el quinto piso del penal porque los dolores lumbares se lo impiden.
Pese a sus condiciones, aún no recibe una amnistía para regresar desde Los Teques hasta Maracaibo para recibir atención médica. Rómulo Pacheco, su abogado, espera que la jueza Fabiola Vezga apruebe el beneficio humanitario, solicitado en tres oportunidades para el parlamentario. María de Sánchez, esposa del excomisario, declaró que la Fiscalía utilizó “testigos encapuchados y lo peor es que quedan asentados en el expediente con nombres de mujer y sin huellas dactilares”. La irregularidad “es un hecho insólito”. Clama justicia.
En deterioro
Henry Vivas, comisario de la Policía Metropolitana, está condenado a 30 años de prisión por hechos ocurridos el 11 de Abril de 2002. Ya suma siete años detenido en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en el Helicoide, Caracas.
Es víctima de condiciones “inhumanas” denuncia la organización Un Mundo Sin Mordaza, Liderazgo y Visión y familiares. Se le impide ver el sol y recibir la atención médica para tratar sus 17 patologías de las cuales seis están en etapa crítica, entre ellas un tumor en las cuerdas vocales, la tromboflebitis, la irritación en el colon, gastritis erosiva, problemas respiratorios y pérdida progresiva de la audición y la visión.
El estado de salud es “suficiente” para que se le conceda la medida humanitaria. En julio de este año, la Defensoría del Pueblo recomendó la libertad condicional que le permita recibir el tratamiento. Miguel Méndez Fabbiani vocero de Un Mundo Sin Mordaza informó calificó a Vivas como “nueva víctima del mecanismo perverso del régimen” que, a su juicio, “espera repetir la tragedia de Franklin Brito”. En manos de la juez, Marlene Mendoza está la decisión.
Falta respuesta
Iván Simonovis, desde el 22 de noviembre de 2004 está privado de libertad por los sucesos de abril de 2002, época en la que se desempeñó como inspector de la Policía Técnica Judicial (PTJ). Después de siete años recluido en una celda de cuatro metros cuadrados en el sótano de la sede de la Policía política en Caracas, sin ventilación ni luz natural. Solo tiene acceso a la luz del sol, seis horas al mes. Presenta fractura cervical y enfermedad degenerativa de la columna con múltiples hernias discales.
María del Pilar de Simonovis, esposa del comisario, solicitó al tribunal Primero de Ejecución del Circuito Judicial del Estado Aragua una medida humanitaria al exinspector de la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ), bajo la modalidad de libertad condicional, debido a las graves enfermedades que padece.
Cero uno
Por primera vez Venezuela se sometió al examen periódico Universal de los Derechos Humanos en Ginebra. José Amalio Graterol, abogado, otorgó “cero uno” al país en el reporte presentado en octubre de 2011 porque no reconoció los homicidios y constantes violaciones a la libertad de expresión.
La organización efectuó 148 recomendaciones al Gobierno entre ellas, enmendar la legislación relacionada con los medios, para eliminar la criminalización del desacato o vilipendio, actuar para garantizar el derecho a la vida y a la integridad física por todas las instancias del estado y abolir la práctica de usar el sistema judicial para silenciar las críticas al Gobierno. Ninguna acató el Ejecutivo.
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