La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya inició el estudio de una denuncia presentada por más de 300 diputados y senadores de España y América Latina, quienes acusan a la cúpula del régimen de Nicolás Maduro de haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la cruenta represión de las manifestaciones de este año, publica El Nuevo Herald.
Antonio Maria Delgado
adelgado@elnuevoherald.com
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La denuncia, que también acusa al régimen de hacer uso del sistema judicial venezolano como instrumento de persecución política, atribuye al chavismo una cadena de violaciones a los derechos humanos que habrían sido perpetrados por los cuerpos de seguridad del chavismo durante al feroz represión de los manifestantes que dejó este año más de cuarenta muertos, cientos de heridos, miles de arrestos y docenas de casos documentados de tortura.
La denuncia había sido presentada en abril por los legisladores, agrupados bajo la Alianza Parlamentaria Democrática de América (APDA), organización conformada por diputados y senadores de Iberoamérica interesados en promover los derechos humanos y los valores democráticos.
En una carta dirigida a la alianza, el jefe de la Unidad de Información y Evidencia de la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Mark Dillon, notificó a los legisladores que su oficina había iniciado la etapa de indagaciones preliminares.
“Bajo el artículo 53 del estatuto de Roma, el fiscal debe considerar si existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes dentro de la jurisdicción de la corte, la gravedad de los crímenes y si el sistema nacional está investigando y procesando los crímenes relevantes con el interés de la justicia”, escribió Dillon en la notificación dirigida al presidente de la APDA, el diputado boliviano Adrián Oliva.
“El análisis será realizado con la mayor celeridad posible, pero favor de tener en cuenta que un análisis significativo de estos factores podrían tomar su tiempo”, agregó.
Oliva explicó desde Bolivia que la comunicación emitida por la fiscalía del CPI es el preludio de una eventual investigación por parte de la corte de las graves violaciones a los derechos humanos que están siendo cometidos en Venezuela.
Uno de los puntos a tomar en consideración es la existencia de las cortes en Venezuela que deberían, de manera natural, proceder a investigar las graves denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Pero los legisladores argumentaron en su denuncia que eso no es posible ante la falta de independencia del poder judicial en Venezuela, donde Maduro gira instrucciones en público a los fiscales para que procese judicialmente a opositores.
Las pruebas suministradas por los denunciantes incluyen testimonios, y material recogidas durante las manifestaciones que muestran cómo representantes de los organismos de seguridad e integrantes de bandas paramilitares vinculadas con el chavismo utilizaron armas de fuego contra los manifestantes.
Varias organizaciones no gubernamentales, incluyendo Human Rights Watch, han emitido una serie de informes sobre la sistemática violación de los derechos humanos en Venezuela, que incluyen el uso frecuente de la tortura contra disidentes.
La decisión de la fiscalía de comenzar a examinar el caso venezolano se produce en medio de una reciente ola de señalamientos y acusaciones de que el régimen de Maduro se está tornando cada vez más represivo.
Esa corriente está diferenciando la Revolución Bolivariana bajo el mando de Maduro frente a lo que era cuando su fundador, Hugo Chávez, estaba con vida.
El ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Diego Arria, resaltó que aún cuando Chávez acumuló un inmenso poder y encarceló arbitrariamente a opositores, siempre se cuidó por mantener las apariencias.
Eso no está sucediendo ahora con Maduro, cuyo gobierno adquiere cada vez mayores rasgos dictatoriales, comentó Arria desde Nueva York.
“Venezuela tiene un régimen militarizado, donde más de la mitad de los ministros son militares, donde los viceministros son militares, y los presidentes de las empresas estatales también lo son”, dijo el diplomático. “Estas son las nuevas dictaduras del Siglo XXI, que tiene un ropaje institucional”.
Pero Maduro, con la represión, se está despojando de todo ropaje institucional. “Está haciendo un striptease”, afirmó Arria.
Y las denuncias de las ONGs y de los legisladores iberoamericanos se están sumando al coro de voces advirtiendo en la comunidad internacional que “el emperador va desnudo”, añadió el activista Luis Monch, cuya organización, UnoAmerica, ha estado respaldando los esfuerzos de APDA ante La Haya.
“Se está concientizando ante la comunidad internacional respecto a la sistemática violación de los derechos humanos en Venezuela”, enfatizó Monch.
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