Marcos A. Ponce/Mikel las Heras
Temas laborales, de salud, vivienda, servicios públicos son principales causas de reclamos en Venezuela
Los sistemas democráticos permiten las manifestaciones pacíficas de sus ciudadanos
Los estudios del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y el monitoreo de situación que diariamente realiza ConflictoVe revelan que al menos el 80% de los conflictos y protestas en Venezuela son por causas sociales. Es un dato que quienes hacen políticas púbicas o quienes aspiran a hacerlas, deberían tomar en cuenta.
Líderes, derechos sociales y conflictos
Las políticas gubernamentales implementadas en los últimos años han impactado de manera dramática los derechos sociales de los venezolanos. La situación de los derechos laborales, el derecho a la vivienda o el derecho a la salud, son ejemplos fehacientes del deterioro y de la disminución de la calidad de vida de la gente.
La gran cantidad de movilizaciones de calle de los trabajadores venezolanos exigiendo el pago de deudas o aumento de sueldos que no les alcanza para cubrir la cesta básica. La situación de los servicios públicos básicos como agua potable, el gas doméstico, la recolección de basura, la ya larga crisis eléctrica que atravesamos y las pésimas condiciones de vialidad. Y en materia de salud estamos mal, muy mal. Los casos recientes de virus febriles y las epidemias como el dengue y la chikungunya aparentemente siguen creciendo.
Más pobreza
Hasta los indicadores oficiales, que no está demás decir tienen poca credibilidad o aceptación por parte de la gente, nos indican que la garantía de derechos sociales viene en caída libre desde hace bastante tiempo. Los propios datos del instituto Nacional de Estadística (INE) revelan un aumento de la pobreza y pobreza extrema. Actualmente hay dos millones de nuevos pobres y unos 700 mil ciudadanos a nivel de indigencia, inconcebible en un país con extraordinarios ingresos petroleros.
Nuestros líderes, quienes dirigen los destinos del país o quienes representan a organizaciones llamadas a fortalecer las instituciones deberían poner definitivamente la mirada en la gente. Lo hemos dicho innumerables veces en este espacio, es necesario mirar esa radiografía de país que nos dice que el 80% de los conflictos son por derechos sociales.
Más movilizaciones
A juzgar por el anuncio hecho desde la mesa que aglutina a los factores que hacen oposición política, se van a hacer en los tiempos por venir, movilizaciones.
El tema de las protestas y manifestaciones convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha estado ausente en los últimos tiempos. Dichas convocatorias se hacen en el marco del derecho a la protesta que tienen todos los ciudadanos. Los convocantes y participantes deben ejercer sus derechos libremente, en forma pacífica, con los temas y consignas de su elección, en los días y en los lugares que ellos propongan y decidan, sin la consabida intervención de las autoridades municipales, regionales o nacionales prohibiendo las manifestaciones, completas o en ciertas zonas, o montando contramarchas y eventos paralelos que suelen obligar a manifestantes opositores a cambiar planes de ruta y sitios de protesta.
La protesta pacífica es un derecho
El gobierno está obligado a garantizar el derecho a la manifestación pacífica, más allá de las leyes o reglamentos que han ido haciendo por el camino y que nunca pueden estar por encima de lo que reza el artículo 68 de nuestra Constitución: Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público.
Cualquier sistema democrático permite las manifestaciones de sus ciudadanos y ese es el espíritu que llevó a incluir este artículo en la constitución.
Protesta, que algo queda
Igualmente, quienes participen en estas convocatorias deben actuar con total responsabilidad para no dar excusas a la intervención de las fuerzas de seguridad del estado que, visto lo visto, no les tiembla el pulso a la hora de aplicar represión indiscriminada contra manifestantes. La manifestación pacífica no solo es un derecho, es además un poderoso mecanismo para exigir, que puede producir cambios si es usado de manera adecuada.
Ambos actores deben tener muy en cuenta la expresión “No basta que la mujer del César sea honesta; también tiene que parecerlo” a la hora de salir a la calle, unos a pedir y reclamar, otros a mantener el orden público dentro de los más estrictos límites que les impone la Constitución y las leyes.
Nuestro llamado es a autoridades y manifestantes, a ejercer y dejar ejercer los derechos ciudadanos de manera pacífica.
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