MIGUEL SANMARTÍN
| EL UNIVERSAL
sábado 6 de septiembre de 2014 12:00 AM
Parte del debate sobre la
(esperada) cadena presidencial del pasado miércoles está centrado,
camarita, en el balance personal que habría obtenido el dialogante al
limitar los anuncios (sobre las irremediables medidas económicas) a la
reorganización (¿cosmética?) del Gabinete ejecutivo.
A eso se redujo (por ahora) el prometido "sacudón" en el Gobierno. No pasó de otro enroque de funcionarios, necesario, según afirmó el primer vocero, para impulsar las cinco "nuevas" revoluciones dentro de la (atrofiada-nefasta) revolución bolivariana.
Haber relegado a los pragmáticos (Ramírez, Merentes, etc.), y fortalecer a los más radicales (procubanos) provenientes del Frente Francisco de Miranda (Jaua, Arreaza y Menéndez, entre otros) envía un mensaje categórico (el que aspiraban los fundamentalistas y no el que necesita-esperaba el país) tanto a lo interno del chavismo como a la sociedad en general. Lo que viene es más comunismo: Ideologización, controles, regulaciones, injerencismo, estatismo, sectarismo y represión. Habrá menos libertades individuales y estarán condicionados los derechos ciudadanos: Reunirse, protestar y expresarse, por ejemplo.
¿Se fortalece el Gobierno con esta recomposición? No el Presidente. Ni todo el Ejecutivo. Sí se beneficiaron, además del Frente Francisco de Miranda, otros clanes, como el militar, que aumentó su cuota de poder al obtener el control de todo el sector productivo y financiero.
En el Gobierno pueden (caer en la sobreestimación de) suponer que hoy están mejor posicionados para impulsar el Plan de la Patria 2013-1019, la obsesión de los procubanos del FFM. Pero ese empeño pudiera resultar su perdición. Y el colapso del país. La aplicación de ese modelo arcaico e históricamente fracasado, afectará, sin dudas, al ya contraído sector productivo privado, terminará por colapsar la deprimida economía nacional, agudizando la precariedad social, impulsando la ya exacerbada criminalidad y provocando una eventual reacción popular que nadie quiere.
El radicalismo comunista choca con la realidad-crisis económica y social del país. El desabastecimiento, la inflación, el desempleo, el pago de intereses y/o de la deuda de la República por vencerse, la cancelación de los compromisos pendientes de los industriales y empresarios con sus proveedores externos, la liquidación de los pasivos con las aerolíneas y la repatriación de capitales de las empresas extranjeras que aún operan en el país demanda medidas económicas, monetarias y fiscales específicas (duras para la población pero impostergables) muy distintas a las consignas del socialismo del siglo XXI.
El Gobierno, que rueda sin frenos barranco abajo, hace el que no percibe el cataclismo que se aproxima. Sus voceros ponderan un sistema de salud masivo, gratuito y de calidad pero pacientes y profesionales del gremio médico están clamando que la sanidad pública sea declarada en emergencia por la falta de medicinas, equipos y el deterioro de los hospitales. Por otro lado achaca la escasez e inflación al saboteo, al contrabando, al imperio y a las guerras sicológica y económica cuando, en verdad, este deterioro es consecuencia del socialismo del siglo XXI. El Gobierno juega a la ruleta rusa con el aguante y la benevolencia del soberano alardeando de estadísticas (maquilladas) que muestran una realidad distorsionada. La verdad es que han empeorado todos los indicadores sociales que miden la pobreza, desnutrición, desocupación y deserción escolar, entre otros.
El Gobierno corrió la arruga. Pospuso (quizás hasta finales de año) la aplicación de las medidas económicas. Son inevitables como lo fueron para CAP II y Caldera II. Las circunstancias lo requieren. La ciudadanía lo exige. No le queda de otra. Con esta maniobra de prestidigitación amortigua un poco la turbulencia pero no gana como quiere hacer creer. Quizás obtuvo un beneficio político temporal pero pierde, y mucho, el país.
A eso se redujo (por ahora) el prometido "sacudón" en el Gobierno. No pasó de otro enroque de funcionarios, necesario, según afirmó el primer vocero, para impulsar las cinco "nuevas" revoluciones dentro de la (atrofiada-nefasta) revolución bolivariana.
Haber relegado a los pragmáticos (Ramírez, Merentes, etc.), y fortalecer a los más radicales (procubanos) provenientes del Frente Francisco de Miranda (Jaua, Arreaza y Menéndez, entre otros) envía un mensaje categórico (el que aspiraban los fundamentalistas y no el que necesita-esperaba el país) tanto a lo interno del chavismo como a la sociedad en general. Lo que viene es más comunismo: Ideologización, controles, regulaciones, injerencismo, estatismo, sectarismo y represión. Habrá menos libertades individuales y estarán condicionados los derechos ciudadanos: Reunirse, protestar y expresarse, por ejemplo.
¿Se fortalece el Gobierno con esta recomposición? No el Presidente. Ni todo el Ejecutivo. Sí se beneficiaron, además del Frente Francisco de Miranda, otros clanes, como el militar, que aumentó su cuota de poder al obtener el control de todo el sector productivo y financiero.
En el Gobierno pueden (caer en la sobreestimación de) suponer que hoy están mejor posicionados para impulsar el Plan de la Patria 2013-1019, la obsesión de los procubanos del FFM. Pero ese empeño pudiera resultar su perdición. Y el colapso del país. La aplicación de ese modelo arcaico e históricamente fracasado, afectará, sin dudas, al ya contraído sector productivo privado, terminará por colapsar la deprimida economía nacional, agudizando la precariedad social, impulsando la ya exacerbada criminalidad y provocando una eventual reacción popular que nadie quiere.
El radicalismo comunista choca con la realidad-crisis económica y social del país. El desabastecimiento, la inflación, el desempleo, el pago de intereses y/o de la deuda de la República por vencerse, la cancelación de los compromisos pendientes de los industriales y empresarios con sus proveedores externos, la liquidación de los pasivos con las aerolíneas y la repatriación de capitales de las empresas extranjeras que aún operan en el país demanda medidas económicas, monetarias y fiscales específicas (duras para la población pero impostergables) muy distintas a las consignas del socialismo del siglo XXI.
El Gobierno, que rueda sin frenos barranco abajo, hace el que no percibe el cataclismo que se aproxima. Sus voceros ponderan un sistema de salud masivo, gratuito y de calidad pero pacientes y profesionales del gremio médico están clamando que la sanidad pública sea declarada en emergencia por la falta de medicinas, equipos y el deterioro de los hospitales. Por otro lado achaca la escasez e inflación al saboteo, al contrabando, al imperio y a las guerras sicológica y económica cuando, en verdad, este deterioro es consecuencia del socialismo del siglo XXI. El Gobierno juega a la ruleta rusa con el aguante y la benevolencia del soberano alardeando de estadísticas (maquilladas) que muestran una realidad distorsionada. La verdad es que han empeorado todos los indicadores sociales que miden la pobreza, desnutrición, desocupación y deserción escolar, entre otros.
El Gobierno corrió la arruga. Pospuso (quizás hasta finales de año) la aplicación de las medidas económicas. Son inevitables como lo fueron para CAP II y Caldera II. Las circunstancias lo requieren. La ciudadanía lo exige. No le queda de otra. Con esta maniobra de prestidigitación amortigua un poco la turbulencia pero no gana como quiere hacer creer. Quizás obtuvo un beneficio político temporal pero pierde, y mucho, el país.
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