Marta Colomina
“Venezuela en recesión, a la espera de que Maduro anuncie medidas anticrisis”, titulaba el 20 de enero de 2015 la agencia Efe, al referirse a los anuncios con los que el régimen confiaba “en revertir el agravamiento de una crisis que tiene a su país técnicamente en recesión desde 2014”. Por esos días, la calificadora de riesgo Moodys rebajó los bonos venezolanos desde Caa1 a Caa3, y un mes antes la británica Fitch Ratings había rebajado la deuda venezolana de “B” a “CCC”. Esos graves signos exigían al gobierno un cambio de su fracasado modelo económico, a la par que austeridad en el gasto, pero Maduro hizo lo contrario de lo recomendado por los más importantes economistas del país: dilapidó divisas en viajes inútiles, con delegaciones que incluían a decenas de parientes; ordenó la compra de aviones Sukhoi por 500 millones de dólares, y 500 millones de dólares adicionales para mantenimiento de los existentes, más otros despilfarros largos de enumerar, mientras los enfermos carecían de fármacos, los niños de leche y otros alimentos. Pocos días antes de anunciar sus medidas “anticrisis”, Maduro fletó un avión de la Fuerza Aérea hasta Madrid para recoger a 33 invitados traídos a Caracas, con todos los gastos pagados, entre ellos dirigentes de Podemos (financiados durante años por el chavismo); terroristas de ETA y otros de la CUP separatista de Cataluña, tal como acaban de denunciar esta semana los medios españoles. Esas medidas fallidas de enero de 2015 consistieron en un “nuevo” esquema cambiario que, lejos de unificar las tasas, fue otra devaluación facilitadora de la corrupción oficial y no resolvió el ya enorme déficit fiscal. El BCV siguió emitiendo billetes sin respaldo, incrementando escandalosamente la inflación. No se atrevió a aumentar la gasolina y ni siquiera se planteó cesar o reducir el envío de petróleo regalado a Cuba y el casi regalado a Petrocaribe. Su obsesión por congelar los precios ha impedido adecuarlos a los costos y disminuir así la escasez. (Nadie puede producir a pérdida). El acoso de Maduro contra los productores e industriales del país (y los “exprópiese” de Chávez) acabaron con la agricultura e industria nacionales. Ahí están los cadáveres de Agroisleña, devenida en la ruina, también saqueada, de Agropatria, como lo fueron cientos de empresas y fincas robadas a sus propietarios, pasadas a manos del Estado y convertidas en un peladero improductivo. Esa guerra oficial contra la producción nacional perseguía masificar las importaciones que, a través del sobreprecio y la baja calidad de los millones de toneladas de alimentos comprados con la fecha de caducidad vencida y podridos en los puertos, enriquecieron a los boliburgueses, responsables de delitos como los de Pudreval y otros, o como los más recientes de la “infanta del arroz” importado de Argentina con sobreprecio de escándalo.
Hace un año, 47 reputados economistas del país dirigieron al gobierno un documento público (“Crisis cambiaria, petróleo y deterioro económico”) en el que hacen un “análisis de la política económica y petrolera, que luego de varios años de persistentes errores, ha causado los graves problemas que han hecho imposible abastecer el país con mayor producción nacional, estabilizar los precios y contar con un mercado cambiario funcional, causando el desabastecimiento y escasez generalizada de productos alimentarios, medicamentos, equipos, maquinaria e insumos para las actividades productivas del país”. Acusan que los desequilibrios fiscales y cambiarios acumulados en la última década “se manifiestan en una tasa de inflación anual de las más altas del mundo, escasez desbordada, un déficit muy alto del sector público, inconstitucional financiamiento monetario del BCV del déficit público y una severa restricción en la entrega de divisas petroleras al BCV por parte de Pdvsa (…) que se administran bajo un régimen de control de cambio propenso a la corrupción, en medio de un amplio diferencial cambiario entre la tasa oficial y la no oficial”. En el texto de 11 páginas se demuestra que los serios problemas económicos de 2014 no fueron coyunturales y se han acumulado y agravado. El capítulo sobre “los problemas de la industria petrolera y su impacto sobre la crisis cambiaria” debe ser leído por quienes deseen conocer la verdad sobre el saqueo y la destrucción de Pdvsa (www.pensarenvenezuela.org.ve). El documento concluye con una exhortación al gobierno a “rectificar su política económica para el bien de Venezuela” ignorada por Maduro, dado que 9 meses después lanza 7 medidas “que generarían más inflación y escasez”.
Perdido ya el control de la AN e imposibilitado de otra Ley Habilitante, Maduro decreta un plan de emergencia para liquidar lo poco que ha quedado a salvo del pillaje oficial. Sus ministros se niegan a exponer en la AN el contenido y alcance de tan peligroso decreto (cometiendo el delito de desacato), acostumbrados como están al secretismo delictivo practicado durante 17 años de latrocinio. Este “decreto de emergencia económica” –acusa Fedecámaras– es prueba de que el Ejecutivo no tiene intención de rectificar. Conindustria dice tajante que “el mecanismo adecuado no es que se le otorguen más poderes al presidente, sino que se establezcan medidas a corto, mediano y largo plazo”. Los sindicatos rechazan también el decreto. Maduro amenaza a la mayoría opositora de la AN con una confrontación de poderes si no le aprueban por unanimidad su “emergencia”, que amputa las facultades de la AN. El diputado José Guerra tiene razón al decir que “la crisis no obedece a la caída de los precios petroleros” (como miente el gobierno) porque se comprueba que hasta junio de 2014 los precios estuvieron por encima de 100 dólares y la economía llevaba tiempo cayendo, había enorme escasez, alta inflación y Venezuela se había endeudado aceleradamente. La corrupción y el despilfarro acabaron con la enorme fortuna petrolera. Hoy leemos que la quebrada Pdvsa no puede pagar el diluyente que importa y pide a sus socios que lo paguen por ella.
Con todas las encuestas en contra, el país en quiebra, sin medicinas, ni alimentos, y con récord mundial de homicidios, Maduro anunciaba delirante en octubre: ¡“Si ganamos el 6-D tendremos un año 2016 de prosperidad”! El delirio sigue: esta semana dijo que el “origen de la guerra económica está en Bogotá porque allá me odian”. Digan ustedes si alguien así, ahora que los venezolanos estamos representados por una AN autónoma, puede recibir un cheque en blanco con el que lanzar más gasolina al fuego, al exacerbar las políticas y vicios que llevaron al país a la debacle. El costo de la emergencia económica, como dice María Corina, lo deben pagar quienes lo provocaron, y no los millones de víctimas empobrecidas y acosadas por Maduro y su régimen.
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