JOSÉ RAMÓN MORALES ARILLA| EL UNIVERSAL
domingo 22 de diciembre de 2013 12:00 AM
No es secreto para nadie: En Venezuela, para todos los efectos prácticos, la gasolina se regala. Por esta razón, el Gobierno deja de percibir entre 10 y 15 mil millones de dólares al año. En 2010, el subsidio a la gasolina fue 11 veces superior a la inversión en seguridad ciudadana. El subsidio es mayor al presupuesto de educación y al de salud, al Situado Constitucional, y a todo lo invertido en Misiones Sociales cada año.
El 10% de los venezolanos más pudientes reciben subsidios 14 veces superiores al 10% más humilde. Y, como lo regalado se derrocha, nos hemos convertido en el país más contaminante por persona en toda América Latina. Las pérdidas económicas y de calidad de vida asociadas al tráfico parecieran inmensurables, e incluso las estimaciones más conservadoras apuntan a miles de millones de dólares en horas de trabajo productivo desperdiciadas en colas.
El subsidio a la gasolina es indefendible, en especial ante la crisis fiscal, financiera y de balanza de pagos en la que el Gobierno ha sumido a la República y a Pdvsa. Preocupa especialmente que con el petróleo en $100 el Gobierno obligue al BCV, que solo es independiente en la Constitución, a imprimir bolívares y dárselos a Pdvsa para así poder pagar algunos de sus compromisos, acercándonos peligrosamente al barranco hiperinflacionario.
No había pasado ni siquiera un día de las elecciones municipales y ya desde el Gobierno se empezó a sugerir el aumento de los precios de la gasolina. Si nos abstraemos de todo contexto, no cabría sino aplaudir el primer atisbo de racionalidad económica que este Gobierno ha profesado en años. Sin embargo, nos guste o no, el contexto lo es todo.
No es cierto que el país va a estar mejor si se elimina el subsidio a la gasolina, independientemente de cuál sea el uso que se dé a los nuevos ingresos públicos. De hecho, el destino de los recursos debe ser el centro del debate. Las preguntas que hoy deberían estar (y que la oposición debe poner) en el tapete son las siguientes:
¿Qué pretenden hacer con los ingresos producto de la subida de la gasolina?
¿Por qué ahora sí, después de 15 años de Gobierno, está mal regalarla?
Estas preguntas son clave porque, dada la controversia, obligan al país a reflexionar sobre la credibilidad del Gobierno en el manejo de los recursos públicos, y sobre las inconsistencias entre su narrativa política y sus prioridades reales. Los hechos sugieren que el Gobierno quiere aprobar el aumento lo antes posible, y con ello resolver su urgencia presupuestaria sin que el país reflexione sobre sus motivaciones.
Mal servicio haría la oposición al país si se muestra dubitativa y complaciente frente a este debate, pues terminaría ofreciendo un aura de unanimidad, y abriría las puertas para un ajuste expedito. El trabajo de la oposición es darle al país el tiempo necesario para promover esa reflexión.
No hay que olvidar que esta situación se presenta en el singular contexto y el contexto lo es todo del mismo Gobierno de Pudreval. El Gobierno más corrupto del continente de acuerdo a Transparencia Internacional. Es el Gobierno que hundió en deudas a PDVSA, y que utiliza la asignación de divisas como instrumento de control político. Es el Gobierno que permite el contrabando de 100.000 barriles de gasolina diarios, y que regala otros 100.000 barriles de crudo diarios a Cuba, además de hacer política en el extranjero con el petróleo de los venezolanos. El mismo Gobierno que subestima el presupuesto TODOS los años, estimando el ingreso petrolero a la mitad del precio internacional para manejar la diferencia de forma aun más opaca y arbitraria.
¿Qué garantías tenemos los venezolanos de que estos 15 mil millones de dólares anuales adicionales no se van a malversar, o no se van a usar para aceitar la maquinaria de represión y hegemonía comunicacional del Gobierno? ¿Debe permitir la oposición que se ajusten los precios a los combustibles sin previamente discutir el destino de los recursos y las garantías institucionales para el manejo transparente de los mismos?
Cuesta explicar que un Gobierno al que le preocupa la desigualdad, el equilibrio fiscal, el cuidado ambiental y el tiempo que los venezolanos perdemos en colas haya esperado 15 años para sugerir este ajuste. Un Gobierno precavido se habría preparado para ofrecer alternativas de transporte público que permitan a los venezolanos dejar sus vehículos y trasladarse con seguridad, comodidad y practicidad. También habría diseñado esquemas para proteger inicialmente al transporte público y de carga, así como mecanismos compensatorios para los venezolanos más humildes. Un Gobierno cuya prioridad fuera el bienestar de los venezolanos primero revisaría los acuerdos petroleros inconvenientes con otros países antes de subirle el precio de la gasolina en el país.
Este Gobierno no es ese Gobierno, sino todo lo contrario. Este Gobierno no quiere subir la gasolina, sino que necesita subir la gasolina porque necesita los reales. Porque nos metió en una tremenda crisis económica al gastarse lo que no tenía en sus campañas políticas. Este Gobierno necesita subir la gasolina porque es un Gobierno oportunista e improvisado, porque no le interesó otra cosa sino entronarse, y ahora todos tenemos que pagar las consecuencias.
La narrativa política de este Gobierno nace de El Caracazo, consecuencia de que otro Gobierno intentó enfrentarse a otra crisis económica heredada de la irresponsabilidad y el oportunismo electoral de otro Gobierno anterior. Dicho de otra forma: La bomba de tiempo que le dejó Jaime Lusinchi a Carlos Andrés Pérez es, ahora, la que Hugo Chávez le dejó a Nicolás Maduro. Algunos lo llamarían Karma: Después de decirnos por 20 años que subir la gasolina era neoliberal y diabólico, son ahora víctimas de su propio discurso.
La oposición tiene la oportunidad única de arrinconar al Gobierno en sus propias inconsistencias, y tomar la iniciativa propositiva para ponerse del lado de la gente, exigiendo usos específicos, consensuados y transparentes para los nuevos recursos, así como detalles puntuales sobre la implementación del ajuste de precios. La oposición debe ser creativa para lograr esto a pesar de no contar con la cobertura espontánea de los medios tradicionales. Ya sea con protestas concertadas con transportistas y otros sectores, a través de La Patilla, con actividades juveniles, o por Twitter, lo fundamental es mostrar las costuras: la única razón aparente detrás de este ajuste de precios es la ambición de poder.
El Gobierno tiene el poder –y la urgencia– de subir los precios de la gasolina, así que el ajuste es solo cuestión de tiempo. La responsabilidad de la oposición es aprovechar la coyuntura para motivar la reflexión en la gente sobre estos puntos y exigir, con respaldo popular, un manejo transparente, abierto y responsable de los recursos públicos.
El peor escenario posible es que se ajuste la gasolina sin que se ajuste la manera en la que el país entiende las motivaciones de este Gobierno, y sin que se ajuste el modo –discrecional y arbitrario– en el que se manejan los recursos públicos. El ajuste sin reflexión perpetuará el círculo vicioso del oportunismo fiscal, cuyo valle ya vivimos en el 89, y le dio el discurso al chavismo.
Si el Gobierno logra subir la gasolina con el único argumento de que "estaba demasiado barata", entonces pierde la oposición y pierde el país.
El 10% de los venezolanos más pudientes reciben subsidios 14 veces superiores al 10% más humilde. Y, como lo regalado se derrocha, nos hemos convertido en el país más contaminante por persona en toda América Latina. Las pérdidas económicas y de calidad de vida asociadas al tráfico parecieran inmensurables, e incluso las estimaciones más conservadoras apuntan a miles de millones de dólares en horas de trabajo productivo desperdiciadas en colas.
El subsidio a la gasolina es indefendible, en especial ante la crisis fiscal, financiera y de balanza de pagos en la que el Gobierno ha sumido a la República y a Pdvsa. Preocupa especialmente que con el petróleo en $100 el Gobierno obligue al BCV, que solo es independiente en la Constitución, a imprimir bolívares y dárselos a Pdvsa para así poder pagar algunos de sus compromisos, acercándonos peligrosamente al barranco hiperinflacionario.
No había pasado ni siquiera un día de las elecciones municipales y ya desde el Gobierno se empezó a sugerir el aumento de los precios de la gasolina. Si nos abstraemos de todo contexto, no cabría sino aplaudir el primer atisbo de racionalidad económica que este Gobierno ha profesado en años. Sin embargo, nos guste o no, el contexto lo es todo.
No es cierto que el país va a estar mejor si se elimina el subsidio a la gasolina, independientemente de cuál sea el uso que se dé a los nuevos ingresos públicos. De hecho, el destino de los recursos debe ser el centro del debate. Las preguntas que hoy deberían estar (y que la oposición debe poner) en el tapete son las siguientes:
¿Qué pretenden hacer con los ingresos producto de la subida de la gasolina?
¿Por qué ahora sí, después de 15 años de Gobierno, está mal regalarla?
Estas preguntas son clave porque, dada la controversia, obligan al país a reflexionar sobre la credibilidad del Gobierno en el manejo de los recursos públicos, y sobre las inconsistencias entre su narrativa política y sus prioridades reales. Los hechos sugieren que el Gobierno quiere aprobar el aumento lo antes posible, y con ello resolver su urgencia presupuestaria sin que el país reflexione sobre sus motivaciones.
Mal servicio haría la oposición al país si se muestra dubitativa y complaciente frente a este debate, pues terminaría ofreciendo un aura de unanimidad, y abriría las puertas para un ajuste expedito. El trabajo de la oposición es darle al país el tiempo necesario para promover esa reflexión.
No hay que olvidar que esta situación se presenta en el singular contexto y el contexto lo es todo del mismo Gobierno de Pudreval. El Gobierno más corrupto del continente de acuerdo a Transparencia Internacional. Es el Gobierno que hundió en deudas a PDVSA, y que utiliza la asignación de divisas como instrumento de control político. Es el Gobierno que permite el contrabando de 100.000 barriles de gasolina diarios, y que regala otros 100.000 barriles de crudo diarios a Cuba, además de hacer política en el extranjero con el petróleo de los venezolanos. El mismo Gobierno que subestima el presupuesto TODOS los años, estimando el ingreso petrolero a la mitad del precio internacional para manejar la diferencia de forma aun más opaca y arbitraria.
¿Qué garantías tenemos los venezolanos de que estos 15 mil millones de dólares anuales adicionales no se van a malversar, o no se van a usar para aceitar la maquinaria de represión y hegemonía comunicacional del Gobierno? ¿Debe permitir la oposición que se ajusten los precios a los combustibles sin previamente discutir el destino de los recursos y las garantías institucionales para el manejo transparente de los mismos?
Cuesta explicar que un Gobierno al que le preocupa la desigualdad, el equilibrio fiscal, el cuidado ambiental y el tiempo que los venezolanos perdemos en colas haya esperado 15 años para sugerir este ajuste. Un Gobierno precavido se habría preparado para ofrecer alternativas de transporte público que permitan a los venezolanos dejar sus vehículos y trasladarse con seguridad, comodidad y practicidad. También habría diseñado esquemas para proteger inicialmente al transporte público y de carga, así como mecanismos compensatorios para los venezolanos más humildes. Un Gobierno cuya prioridad fuera el bienestar de los venezolanos primero revisaría los acuerdos petroleros inconvenientes con otros países antes de subirle el precio de la gasolina en el país.
Este Gobierno no es ese Gobierno, sino todo lo contrario. Este Gobierno no quiere subir la gasolina, sino que necesita subir la gasolina porque necesita los reales. Porque nos metió en una tremenda crisis económica al gastarse lo que no tenía en sus campañas políticas. Este Gobierno necesita subir la gasolina porque es un Gobierno oportunista e improvisado, porque no le interesó otra cosa sino entronarse, y ahora todos tenemos que pagar las consecuencias.
La narrativa política de este Gobierno nace de El Caracazo, consecuencia de que otro Gobierno intentó enfrentarse a otra crisis económica heredada de la irresponsabilidad y el oportunismo electoral de otro Gobierno anterior. Dicho de otra forma: La bomba de tiempo que le dejó Jaime Lusinchi a Carlos Andrés Pérez es, ahora, la que Hugo Chávez le dejó a Nicolás Maduro. Algunos lo llamarían Karma: Después de decirnos por 20 años que subir la gasolina era neoliberal y diabólico, son ahora víctimas de su propio discurso.
La oposición tiene la oportunidad única de arrinconar al Gobierno en sus propias inconsistencias, y tomar la iniciativa propositiva para ponerse del lado de la gente, exigiendo usos específicos, consensuados y transparentes para los nuevos recursos, así como detalles puntuales sobre la implementación del ajuste de precios. La oposición debe ser creativa para lograr esto a pesar de no contar con la cobertura espontánea de los medios tradicionales. Ya sea con protestas concertadas con transportistas y otros sectores, a través de La Patilla, con actividades juveniles, o por Twitter, lo fundamental es mostrar las costuras: la única razón aparente detrás de este ajuste de precios es la ambición de poder.
El Gobierno tiene el poder –y la urgencia– de subir los precios de la gasolina, así que el ajuste es solo cuestión de tiempo. La responsabilidad de la oposición es aprovechar la coyuntura para motivar la reflexión en la gente sobre estos puntos y exigir, con respaldo popular, un manejo transparente, abierto y responsable de los recursos públicos.
El peor escenario posible es que se ajuste la gasolina sin que se ajuste la manera en la que el país entiende las motivaciones de este Gobierno, y sin que se ajuste el modo –discrecional y arbitrario– en el que se manejan los recursos públicos. El ajuste sin reflexión perpetuará el círculo vicioso del oportunismo fiscal, cuyo valle ya vivimos en el 89, y le dio el discurso al chavismo.
Si el Gobierno logra subir la gasolina con el único argumento de que "estaba demasiado barata", entonces pierde la oposición y pierde el país.
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