Leonardo Palacios
No ha culminado el proceso complejo de las elecciones locales conforme a la legislación aplicable cuando ya comienzan a oírse voces propugnando por la convocatoria de un proceso constituyente.
Los medios dieron cuenta que “distintas personalidades del ámbito político, social, empresarial, académico, sindical, artístico y cultural que hacen vida en el país expresaron a través de un comunicado conjunto, divulgado a la opinión pública, que después de los venideros comicios municipales de este 8 de diciembre, Venezuela “debe convocar una Asamblea Nacional Constituyente”, argumentando que la nación “pasa por uno de los peores momentos en su historia”, debido a la “crisis política, económica, social y moral”, propiciada por “un Gobierno antidemocrático, ineficiente y corrupto”” (http://www.ventevenezuela.org/venezuela-debe-convocar-una-constituyente/).
No es clara la lectura de ese llamado desesperado, y en boca de algunos, esencialmente anclados en la buena fé. Pareciera que un grupo del sector político del país, el tradicional y aquellos que aparecen como emergentes, no pueden vivir sin elecciones, requieren de éstas para consolidar su liderazgo o la piquiña de las agendas personales lo llevan a efectuar tal proposición a los fines de sacarlas de la penumbra del bolsillo donde incomodan y causan el precipitado escozor.
Todo estamos de acuerdo en la necesidad de celebrar un nuevo acuerdo, contrato, convenio, pacto social, o como quiera que se le llame. Un “nuevo contrato” que este enrumbado al vaciado del cemento sobre cuya solidez puedan levantarse las bases de una sociedad plural, sin exclusiones y con clara conciencia en principios y valores que la lleven a la búsqueda del bienestar colectivo.
La convocatoria de una nueva Asamblea Nacional Constituyente como forma alternativa a la enmienda y a la reforma constitucional en la afanosa búsqueda de “recomponer el acuerdo social de la República”, tiene que partir de la base que los actores involucrados en ese gran teatro de la confrontación asumirán el resultado de ese proceso que deriva del “momento constituyente que se quiere provocar”.
Una ANC debe tener, en país civilizado (caso Colombia 1991, Venezuela 1946 y 1961) la misión de buscar con seriedad el consenso, la visión aproximada al mismo por parte de una ciudadanía consciente de su importancia, la que exigiendo el respeto a sus derechos proceda a la reestructuración del Estado y sus instituciones. La obligación de los constituyentes es velar por que ese objetivo se cumpla.
Tenemos fresco la experiencia constituyente de 1999, su convocatoria, la distorsión de la naturaleza del referendo que la instrumentó, la definición de las bases de las bases conceptuales, las trapisondas que deformaron la voluntad y participación popular, la abulia de importantes sectores que desfiguró la escultura que representaba y caracterizaba al venezolano de “arraigo democrático y tradición de libertad”. Todo dentro de un gobierno incipiente pero electoralmente poderoso, que no había echado guante de la institucionalidad general de la democracia.
Tuvimos un proceso constituyente traumático en su proceso de convocatoria, en el de formación de la Constitución, en la transitoriedad inconstitucionalmente demoledora inspirada en los abusos revanchistas del gobierno mediante una maquinaria ilegitima operado por factores serviles hambrientos de poder que aún no se habían quitado la careta y develado su voluntad de “imponernos modelos foráneos para perpetuarse en el poder”.
La convocatoria de un nuevo proceso constituyente y su concreción puede ser el punto de encuentro, rodeado de una serie de formalidades y procedimientos (si es que ello se logra con la institucionalidad que tenemos) para el debate, la confrontación de ideas, propuestas y cotejo modelos de convivencia institucional y social que permita la definición del pilotaje para evitar los desplazamientos de un terreno social frágil y de amplia movilización que derrape hacia un confrontación de consecuencias indeseadas e imprevisibles.
No obstante, la convocatoria de una ANC puede ser el desencadenante de enfrentamiento fratricida latente, que está en duermevela, a flor de piel producto de varios factores: una división enconada social alimentada desde la cúspide del poder que le ha traído dividendos electorales; una “crisis política, económica, social y moral” que no augura nada bueno agravado por la ineficiencia y la corrupción pero que cuyo control de los resortes generadores de ésta última dan maniobra de actuación al gobierno; el surgimiento de una cultura política rígida e intolerante; la confluencia de intereses políticos, estatales y paraestatales foráneos, incluso, lejanos a nuestra geografía cuyo alcance y contenido de su intromisión no se tiene claro.
Lo peor es que puede significar la constitucionalización e instauración amañada y definitiva de un modelo de Estado, el Comunal, ajeno a los principios y valores del democrático, Social y de derecho como “superestructura” de un régimen económico y social comunista.
La razones prima facie para oponernos a una convocatoria a una ANC, quizás no resultado de un óptica política avezada y refinada, son:
- La ANC es una herramienta electoral de salvamento, terreno en el que gobierno se maneja con rapidez, entre otras, por disponer abusivamente de las fuentes de recursos institucionales y financieros, que le permitirá ocultar la profunda y abrasiva crisis fiscal que atraviesa el país; la inflación galopante y la escasez alarmante que amenaza con tambalear sus cimientos de popularidad y sustentación.
- Lo expresado implicara que el centro de control político se cimbre, ante la dispersión y ausencia de visión monolítica de Estado y los intereses difusos, poco claros e impacientes de las agentes ocultas de algunos dirigentes y partidos, en lo político y no en lo económico.
- La mediatización conocida de los órganos del Poder Público en general, y del electoral en particular, así como las fuerzas del resguardo electoral impedirán una convocatoria y una elección de los constituyentes “enmarcada en proceso justo, equilibrado y transparente” pues los “poderes públicos han secuestrado la Constitución, creando un cerco inaccesible”.
- La inmovilización de la oposición ciudadana producto de la frustración de procesos electorales sucesivos y cercanos, parte de la cual viene anhelando salidas rápidas por señales contradictorias que se le viene suministrando –afortunadamente por reducidos sectores dirigentes-, que adicionalmente, lo han llevado hacia una inoculada percepción, por no decir seguridad, de desconfianza al árbitro electoral.
- La inaceptable búsqueda de hacer explotar la Mesa de Unidad Democrática, el esfuerzo más serio de arbitrar una plataforma electoral unitaria y espacio de coordinación de los factores de oposición, sin opciones algunas.
- El pesado fardo que representa despertar interés en el tema constituyente, sin una reflexión previa, acuerdos mínimos previos de la oposición y sin estratagema que solvente estos y otros aspectos esenciales que hagan viable los motivos inobjetables esgrimidos por los convocantes, por nosotros compartidos.
Hasta ahora no me convence la convocatoria a una ANC, aún motivada por el sentimiento puro ajeno a agendas ocultas y veleidades de pretendidos líderes fundamentales y necesarios que puedan tener algunos de sus proponentes.
Lo único que se vislumbra es que el gobierno es el más interesado y gran beneficiario de la convocatoria de una ANC.
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